Las fisuras sociales se hacen más visibles en tiempos de crisis. Si bien en esta pandemia todos recomiendan #QUÉDATE EN CASA, para muchos la cuestión es ¿EN CUÁL CASA?, pues tener acceso a una vivienda adecuada y cumplir las recomendaciones sanitarias para prevenir la propagación de la COVID-19 es imposible para muchas familias en el mundo y especialmente en el sur global.
Esta es una invitación a repensarnos como sociedad aprovechando el estado de emergencia y diseñar propuestas para restructurar el apoyo estatal a la vivienda, con soluciones que sirvan a las personas de menores recursos.
En el marco del pensamiento estratégico, la vivienda debe ser considerada como una infraestructura de atención fundamental[1], no solo para sobrevivir a esta crisis sanitaria, sino para poder redireccionar el futuro de las ciudades hacia entornos más saludables y a sus comunidades hacia sistemas socioeconómicos perdurables.
En Colombia, el Censo 2018 muestra que el 36.6% del total de hogares está en déficit habitacional (5.2 millones), de los cuales 1.6 millones están en hacinamiento (5 o más personas por dormitorio); siendo éste solo uno de los aspectos de la grave crisis habitacional que vivimos y que es generalizada en América Latina.
Pensando estratégicamente sobre estas desigualdades, una alternativa es ampliar los tipos de vivienda que cuentan con subsidio estatal para incluir familias de escasos recursos, a las cuales el sistema financiero considera “no aptas para crédito” y por ende, el mercado formal no les ofrece productos.
Como los recursos económicos son escasos, debemos aprovechar esta crisis como oportunidad para restructurar la forma en que diseñamos y gestionamos hábitat de calidad para todos, cambiando la oferta de casas con áreas mínimas en entornos incipientes, que actualmente ofrece el mercado en proyectos subsidiados, por alternativas de calidad que lleguen a más familias. Pasar de solo pensar la unidad, a construir ciudad, aportando a la reducción de inquilinatos y frenando la oferta ilegal de suelo en barrios informales[2].
Es estratégico que los presupuestos públicos se redireccionen para ofrecer barrios que desde su construcción ofrezcan un urbanismo de calidad, entornos con calles completas, parques, equipamientos y mezcla de usos; que favorezca la integración social y espacial de las comunidades y de éstas con la ciudad. Que sus viviendas tengan buenos estándares de habitabilidad, con diseños que permitan flexibilidad de los espacios, entendiendo la vivienda no como mercancía o producto cerrado, sino como un proceso en continuo desarrollo, donde el sujeto que la habita y su calidad de vida sean el foco de atención, viviendas progresivas o incrementales.
Es imperativo promocionar la oferta formal de barrios con viviendas que interpretan la forma en que históricamente las familias han ido moldeando su entorno habitacional privado y aumentando el área construida para desarrollar sus actividades, es decir, comunidades de vivienda incremental.
La incrementalidad no es algo nuevo. En los años 60s-70s, con apoyo del Banco Mundial, se ejecutaron en Latinoamérica muchos programas de desarrollo progresivo o lotes-con-servicios (Vivienda-incremental 1.0), como el proyecto PREVI en Perú, o Guacamayas y Ciudad Bachué en Colombia).
A inicios del siglo XXI estos procesos son reinterpretados por Alejandro Aravena en proyectos de relocalización de comunidades en Chile, proponiendo casas que crecían a partir de “la mitad de una buena casa” (Vivienda-incremental 2.0).
En 2020, y a raíz de las crecientes desigualdades sociales que esta pandemia acentúa, en el equipo de investigación de “Idónea Consultoría” proponemos la construcción de barrios de vivienda incremental de tercera generación (3.0), con uni/bi/multifamiliares en densidades medias, localizados no solo en suelos periféricos sino también en zonas pericentrales de renovación urbana, con urbanismo completo y de calidad, donde se ofrezcan unidades de vivienda en doble altura, con una estructura espacial polivalente que permitan flexibilidad o desarrollo progresivo y crecimiento al interior, donde fácilmente el propietario pueda hacer un entrepiso para duplicar el área construida inicial, pasando así de núcleos de vivienda mínima a buenas “casas de clase media”[3] que además incrementan su valor de cambio y el patrimonio familiar.
Para desarrollar estos proyectos es fundamental la activa participación del Estado y la asistencia técnica de grupos de arquitectos-urbanistas-academia, que instruyan a sus habitantes sobre técnicas constructivas, materialidad y respeto del espacio público, para lograr barrios con hábitat de calidad donde las viviendas no quedan limitadas por la escasez inicial de recursos, sino que evolucionan en el tiempo adaptándose a los modos populares de moldear el entorno, posibilidades económicas y composición de las familias que los habitan.
El éxito de la financiación y gestión estatal de estos nuevos hábitats dependerá de la decidida aplicación de los instrumentos de planificación y gestión del suelo, para el caso colombiano contemplados en la Ley 388 de 1997, como el anuncio de proyecto, declaratoria de utilidad pública, participación en plusvalías, control de precios del suelo, declaratorias de desarrollo o construcción prioritaria, entre otros.
Esta pandemia de la Covid-19 puede ser una oportunidad estratégica para ofrecer nuevas alternativas de provisión de hábitat para los hogares de menores ingresos, como las comunidades de vivienda incremental, promoviendo la participación directa del Estado en su provisión a través de subsidios, diseños urbanísticos-arquitectónicos innovadores y materiales que aporten a la sostenibilidad global. Hábitats que, además, pueden ser replicados en muchos entornos Latinoamericanos.
[1] C. Ortiz y C. Boano. Stay at home housing as a pivotal infrastructure of care. https://blogs.ucl.ac.uk/dpublog/2020/04/06/stay-at-home-housing-as-a-pivotal-infrastructure-of-care/
[2] Más del 50% del crecimiento de las ciudades y municipios colombianos es de origen informal, según un estudio realizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en conjunto con el Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia, 2019.
[3] Parafraseando a Alejandro Aravena.
