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Ciudades CIDEU, Congreso CIDEU

Ciudades y entidades de CIDEU se comprometen en la acción frente al cambio climático

Del 5 al 7 de julio la ciudad de Mendoza acogió el XXV Congreso CIDEU, que contó con la participación de 120 representantes de 40 ciudades iberoamericanas, quienes reflexionaron e intercambiaron experiencias y aprendizajes en torno a los desafíos que conlleva la planificación y la acción climática en las ciudades. En la Asamblea General, las ciudades y entidades de la red suscribieron la Declaración de Mendoza 2023: La Planificación y Acción Climática en las Ciudades.

La Asamblea General de ciudades y entidades miembros del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano CIDEU, reunida el 7 de julio de 2023 en Mendoza, Argentina, en reconocimiento al liderazgo de esta ciudad en la acción para enfrentar la emergencia climática y con motivo del XXV Congreso de CIDEU para compartir experiencias, conocimiento y pensar conjuntamente sobre los desafíos que plantean la “planificación y acción climática”, promueve la siguiente declaración:

En los últimos 30 años CIDEU, la red de ciudades Iberoamericanas, se ha caracterizado por promover la planificación de las ciudades e impulsar acciones estratégicas para su transformación positiva, a partir del desarrollo de capacidades innovadoras, acción colaborativa y trabajo en red, propiciando diversas respuestas ante los desafíos urbanos locales y globales, relacionados con el espacio público, la vivienda, las políticas del cuidado, y en esta ocasión, sobre los desafíos que plantea el cambio climático.

Con esta declaración entendemos que:

Las actividades humanas han propiciado cambios muy significativos en la evolución y desarrollo del planeta, sus ecosistemas y todos los seres que lo habitan. No obstante, en los últimos 200 años estas acciones se han convertido en una amenaza para nuestra supervivencia como especie. La evidencia muestra que, en la producción de energía a partir de combustibles fósiles en la industria, el transporte y la edificación, se origina el 79% de las emisiones globales de gases efecto invernadero – GEI.

Estas actividades humanas y sus impactos alteran gradualmente la distribución de los patrones del clima, una crisis creciente y en algunos casos irreversible denominada Cambio Climático, que va más allá del calentamiento global, el agotamiento de la capa de ozono, la desertificación y la polución, con impactos en la economía, en la salud, la seguridad y producción de alimentos, entre otras. Esta crisis climática evidencia además las condiciones imperantes de desigualdad, inequidad y segregación espacial y social, que afectan más severamente a las comunidades pobres y vulnerables, e incluso a aquellas zonas que no son las causantes de los problemas.

Infortunadamente, la mayoría de países no ha cumplido los límites de seguridad climática del Acuerdo de París 2015 y los impactos adversos en los seres y en el planeta son alarmantes, al punto que en 2022, en su Sexto Informe de Evaluación, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático – IPCC, advierte que el “Cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta, y la ‘ventana de oportunidad’ que la humanidad tiene para asegurarse un futuro habitable y sostenible para todos se cierra rápidamente”.

Esto es un claro llamado a la acción decidida e inmediata; y es desde las ciudades donde se ganará o se perderá este desafío. Los cambios climáticos más peligrosos pueden ser evitados si cambiamos nuestro sistema de consumo a partir del uso racional y eficiente de los recursos naturales con el uso de energías limpias y renovables, y haciendo ajustes en algunos de los sistemas humanos de producción hacia la circularidad y una ocupación del territorio más controlada, planificada y consciente; si aseguramos comunidades participativas, cohesionadas y saludables, es decir, si establecemos una adecuada gobernanza urbana y ambiental, a partir de un modelo de desarrollo más resiliente y sostenible.

Reconocemos la importancia de la acción local para abordar los desafíos globales y estamos convencidos de que se requiere la implementación de estrategias y soluciones innovadoras, así como el cumplimiento de las metas y propuestas de las diversas agendas globales.

Las ciudades y entidades miembros de CIDEU nos comprometemos a:

  1. Acelerar el cumplimiento de los compromisos y metas locales para combatir el cambio climático, según los objetivos planteados en el Acuerdo de París y las conclusiones de la reciente Conferencia de las Partes COP27.
  2. Agilizar en nuestros territorios urbanos y rurales la puesta en marcha de planes, programas y proyectos, así como sus marcos regulatorios, encaminados a controlar y reducir las emisiones de gases efecto invernadero y demás aspectos que originan la crisis climática; actuando con conciencia de futuro (equidad intergeneracional), justicia social (equidad intra-generacional) y responsabilidad global (equidad territorial).
  3. Implementar una gobernanza climática participativa, multisectorial, cocreada con los diversos grupos de actores, en la cual, tanto el sector público como el privado y el comunitario, se comprometan y actúen en la implementación de estrategias inclusivas, justas y equitativas para avanzar en la mitigación de riesgos, la adaptación, la resiliencia y el desarrollo sostenible.
  4. Promover el uso eficiente de energías limpias, renovables, la electrificación de los sistemas urbanos, la promoción de infraestructuras verdes, sistemas de drenaje sostenible, manejo respetuoso del ciclo del agua, agricultura urbana, así como la circularidad y producción cercana que reducen la huella de carbono y su impacto ambiental.
  5. Transformar los modelos de movilidad pasando de la primacía del vehículo privado a sistemas públicos de transporte eficientes y no contaminantes, apoyando transformaciones tecnológicas para el uso de energías limpias y promoviendo los modos no motorizados de desplazamiento como la bicicletas y el caminar, como complemento a políticas de promoción de zonas de bajas emisiones y acciones que favorezcan la consolidación de ciudades de proximidad, densas y compactas que impacten positivamente en la salud de la población y del planeta.
  6. Trabajar para que nuestras ciudades sean resilientes, estén preparadas para responder proactivamente ante los impactos del cambio climático y eviten procesos que agraven la crisis ambiental. Ciudades con comunidades fuertes y con alto compromiso cívico, social y ambiental; que sean a su vez más justas, equitativas y cuidadoras, teniendo a las personas en el centro de la política pública, favoreciendo el derecho a la ciudad, a la vivienda asequible y a entornos de calidad para las generaciones presente y futuras.
  7. Asunción de la responsabilidad de lo urbano respecto a lo rural, en tanto que forman parte de un mismo sistema y, teniendo en cuenta que el metabolismo de las ciudades depende de contar con unos entornos rurales cuidados que ofrezcan de manera conveniente agua, alimentos o energía. Igualmente, las ciudades no serán sostenibles si no se piensa en su impacto sobre el entorno rural.
  8. Introducir normas e incentivos tributarios y tarifarios para la Acción Climática, aumentar los espacios públicos verdes y el arbolado, así como las construcciones “verdes”, con líneas de crédito para su construcción o adaptación. Buscar que las edificaciones tanto públicas como privadas sean eficientes y produzcan el mínimo impacto en el ambiente, tanto en los procesos de la fabricación de sus materiales, como en el trascurso de su construcción, uso y reciclaje.
  9. Plantear los cambios culturales necesarios para que esta situación amenazante mejore y no se repita. Trabajaremos para estar preparadas para actuar sobre las amenazas que nos plantea el Cambio Climático como la contaminación, olas de calor, lluvias torrenciales, aumento del nivel de las aguas y demás; porque sabemos que la sostenibilidad global se genera a partir de lo local. Nuestra acción en los territorios y las comunidades, concurrente con las acciones del Gobierno Central, será fundamental para el control del cambio climático, la viabilidad de los ecosistemas y la sostenibilidad de nuestros sistemas económicos y sociales. En este sentido, se fomentarán programas educativos que integren y promuevan el compromiso ambiental desde edades primarias, formulando planes educativos transversales del tema cambio climático en los programas académicos con las materias básicas. 
  10. Crear un banco de proyectos, acciones y experiencias de las ciudades miembro para potenciar el intercambio y la colaboración mediante recorridos exitosos y poder generar una guía que aporte a la planificación climática de nuestras ciudades.

ACCIÓN CLIMÁTICA: nuestra responsabilidad compartida para crear ciudades resilientes.

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Ciudades CIDEU

El desafío de superar la visión localista

Tengo la fuerte convicción de que los retos y las políticas se tienen que abordar desde la mirada metropolitana.

Estamos en un mundo metropolizado y por lo tanto tenemos que superar la visión localista. Para esto les propongo que pensemos tres aspectos fundamentales, ¿Para qué queremos tener gobernanza y planificación a escala metropolitana?, ¿cómo lo hacemos? y ¿con quiénes, y cómo deberíamos construir esta perspectiva metropolitana entre todos/as?

¿Para qué queremos tener la gobernanza y la planificación?
El “para qué” nos lleva a pensar en los retos actuales que hay en las ciudades y sus áreas metropolitanas. Nos referimos a temas que son globales como el cambio climático, la cohesión social o la gestión de la movilidad, porque en definitiva, la base de las áreas metropolitanas, son las personas. 

Aunque sea parte de contextos diferentes, a grados distintos hay un consenso bastante grande sobre para qué la gobernanza ya que los retos globales, la agenda urbana y los ODS son comunes a todas las aglomeraciones urbanas. 

Mencionamos algunos ejemplos. Uno de los criterios para medir y delimitar las áreas metropolitanas es la movilidad de sus habitantes. Así, un reto evidente son las políticas de movilidad, que requieren de una buena gobernanza metropolitana. En Barcelona, hay un sistema de transporte público eficiente, formado por múltiples consorcios, operadores y empresas. A pesar de tener un buen sistema de gobernanza existen retos ligados a la movilidad, como que hay demasiados traslados en vehículos privados motorizados, las emisiones etc. El cambio climático es otro ejemplo que abarca desde aspectos físicos como la subida del nivel del mar, la escasez de agua y recursos y sus impactos en la población (problemas respiratorios, etc).

La cohesión social es otro tema clave a nivel metropolitano: cómo tener áreas metropolitanas que no sean segregadas, cómo facilitar la convivencia de comunidades, cómo proteger a los sectores más vulnerables especialmente a las infancias. 

¿Cómo lo hacemos? ¿con qué fórmula hacemos la gobernanza?
Si partimos de la premisa que hay que atacar ciertos temas desde una perspectiva metropolitana, hay que descubrir con qué fórmula lo hacemos, ya que entran ciertos factores políticos, partidistas, históricos y estructurales que complican esta necesaria cooperación. 

Dentro del “cómo” tenemos dos extremos. En un extremo están los modelos más institucionalizados, es decir gobiernos metropolitanos aprobados por una ley del parlamento competente, que tengan competencias exclusivas y vinculantes sobre los temas más relevantes. Por ejemplo, que pueda hacer un plan de movilidad urbana y pueda ejecutarlo, que tenga competencias en urbanismo y pueda ordenar el territorio para que sea más sostenible y cohesionado, que tenga financiación, capacidad de tener autonomía fiscal, y que tenga elección directa de sus representantes que lo convierte en un verdadero ámbito de poder. Esto es muy complicado de conseguir y no existe en el mundo un ejemplo de gobierno metropolitano que cumpla todas estas características, ya que sería un gobierno que haría competencia y no sería efectivo.

Hay casos de gobiernos/entes metropolitanos como tal, principalmente en Europa que se han creado en los últimos 20 años (por ejemplo en Barcelona, Lyon, Hannover, Londres) pero cuando son analizados en detalle vemos que no cumplen todos los criterios: sus poderes son limitados, no tienen competencias exclusivas sino que son compartidas con los ayuntamientos, hacen recomendaciones pero no pueden imponer, y/o dependen de las transferencias que les haga el estado o la región. Este sería el modelo ideal, pero lo que en realidad tenemos son autoridades metropolitanas que son capaces de tener la visión global y común que puedan poner cierto orden. Sus responsabilidades se han centrado tradicionalmente en el territorio, en lo hard, en infraestructura, en movilidad, planes urbanísticos, residuos y agua, en detrimento de los temas sociales, aunque esta tendencia está cambiando.

El otro extremo está en buscar fórmulas más flexibles, que no son tan habituales, que vienen desde abajo, que nacen de manera voluntaria de los ayuntamientos o actores de la sociedad civil para crear consensos. El Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) es el claro ejemplo, que intenta construir la mirada metropolitana sin tener una institución. La contra de este modelo, es que surgen proyectos muy interesantes, se identifican los temas y las personas u organizaciones que lo pueden hacer, pero para que suceda hay que buscar la financiación y mantener el pulso metropolitano. 

El modelo más frecuente es “el medio”, es decir, organizaciones que tienen una mirada metropolitana pero se ocupan de solo un tema. Por ejemplo, agencias metropolitanas de transporte, gestión del agua, o de residuos tienen mirada metropolitana pero en un tema, trabajan de manera aislada y no tiene la visión integral. Otra forma son las mancomunidades o consorcios para la prestación de un servicio: el reto es cómo coordinar el conjunto de empresas y consorcios para tener una visión común.

¿Quién participa en esta gobernanza metropolitana? ¿Cómo construir esta perspectiva metropolitana entre todos/as?
Al final se trata de creer en esta mirada. Para superar la visión localista es necesario crear conciencia interpelar a todo el mundo para que vean necesario intervenir, cooperar y pensar a escala metropolitana, y esto no es tarea fácil ni para la ciudadanía ni para la clase política donde está arraigada la visión municipalista de “sus electores”. Se trata de hacer pedagogía multinivel: la gente no es consciente de que buenas estructuras pueden ayudar a facilitar sus vidas y a tener mejores oportunidades. A lo mejor, cuando la ciudadanía lo demande va a haber reacción política.

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Ciudades CIDEU, Vivienda

Densificar habitacionalmente el centro para combatir la segregación social: El caso de la Comuna de Santiago

Para combatir el déficit habitacional récord de la comuna de Santiago, el mayor de una comuna de Chile, la actual administración municipal (2021-2024) está promoviendo una inédita política local de vivienda. En paralelo, el gobierno nacional del presidente Gabriel Boric lanzó un Plan de Emergencia Habitacional en julio de 2022. Dicho plan contempla metas comunales que son más ambiciosas en las comunas centrales y mejor ubicadas de las ciudades chilenas, con el fin de producir integración social.

En el caso de la comuna de Santiago, centro de la metrópolis, con más de ocho millones de habitantes y unas 40 comunas conurbadas, la meta es la más alta de la ciudad, con 5.408 viviendas nuevas a construir en los cuatro años del período presidencial (2022-2026). Sin embargo, esto implica que la llegada de nuevas viviendas a la comuna colapsará aún más sus ya saturados equipamientos públicos y áreas verdes. Por ello, la administración municipal negocia que la gestión de suelo para cumplir con el Plan de Emergencia Habitacional contemple también superficies para aumentar las dotaciones, principalmente de jardines infantiles, salas cuna, equipamientos de salud, plazas y parques.

Para comprender estos desafíos, a continuación, se presenta la desigualdad y segregación récord de las ciudades chilenas, y particularmente de Santiago, para luego revisar cómo la comuna de Santiago es relativamente integrada socialmente en su contexto de segregación metropolitana. A continuación, se analiza la situación demográfica y de déficit habitacional de la comuna para luego considerar su patrimonio construido, así como la presencia de habitantes extranjeros. Por último, se abordan los alcances de la nueva Política de Vivienda que la administración municipal actual impulsa para comprender cómo se están abordando integralmente los déficits habitacionales en la comuna.

Chile y la metrópolis de Santiago: récord en desigualdad y segregación

En 2018, Chile apareció en el puesto n°7 de los países más desiguales del mundo según datos del Banco Mundial. En las últimas décadas, siempre ha estado entre los primeros 10 países del ranking. Y como casi el 90% de la población nacional vive en áreas urbanas, las ciudades chilenas son particularmente segregadas socialmente. De hecho, en 2013, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) le hizo notar a Chile que ocho de sus ciudades se encuentran entre las más desiguales de la entidad. En ese ranking, la metrópolis de Santiago de Chile figura como la más segregada (OCDE Urban Policy Reviews, Chile 2013). Así, combatir la desigualdad y su consecuencia espacial, la segregación, resultan los principales desafíos para las ciudades chilenas y se encuentran entre las prioridades de las políticas públicas del país.

Sin embargo, la comuna de Santiago de Chile, en el centro de la metrópolis, es uno de los territorios de la ciudad con mayor diversidad social, según la encuesta CASEN 2017. Se considera que Santiago es un “lugar de encuentro en la diversidad y la desigualdad”. Es una comuna relativamente integrada y diversa, en el centro de una metrópolis extremadamente segregada.

Por otra parte, en menos de 20 años, la población de la comuna de Santiago creció en un 150%, pasando de unos 200 mil habitantes en 2002 a más de 527 mil habitantes en 2022 45 , sólo antecedida por Puente Alto y Maipú, comunas de la periferia del Gran Santiago. Esto significa una verdadera revolución para muchos sectores comunales, que actualmente tienen dificultades para dar abasto a sus aumentados residentes. Por ejemplo, las áreas verdes por habitante disminuyeron en 60%, pasando de 10,5 a 4,0 m2 habitante en 20 años, entre 2002 y 2022. Además, los equipamientos comunales de salud y educación están saturados en la mayoría de los barrios de la comuna.

Santiago es la tercera comuna más poblada del país con el mayor déficit habitacional cuantitativo de Chile (con una necesidad de unas 14.405 viviendas según Censo 2017) y una gran escasez de equipamientos y áreas verdes.

En mayo de 2022, producto del déficit habitacional creciente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) promulga la Ley de Integración Social y Urbana, que, entre otros aspectos, incluye un Plan de Emergencia Habitacional. Dicho plan establece construir un mínimo de 260.000 viviendas de interés público en el país en este periodo de gobierno (2022-2026), 20.000 de ellas en modalidad de arriendo protegido. Para alcanzar la meta nacional, el plan establece metas de construcción de viviendas nuevas por comuna. A la comuna de Santiago, como se expuso en la introducción, se le establece la meta comunal más alta del Gran Santiago: 5.408 viviendas.

En este marco, cabe destacar que Santiago es la comuna con mayor presencia de patrimonio construido protegido. Más del 49% del suelo comunal tiene algún tipo de protección patrimonial, sea por la Ley de Monumentos Nacionales o por el artículo N°60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que corresponden a 93 monumentos históricos, 20 zonas típicas, 19 zonas de conservación históricas y 1.341 inmuebles de conservación histórica.

Por otra parte, Santiago es la comuna con mayor presencia de extranjeros. El fenómeno de la migración internacional tiene mayor impacto tanto en términos absolutos como relativos. De hecho, en la comuna se estima en 220.283 los extranjeros residentes a diciembre de 2020 (INE, Extranjería, diciembre 2021), prácticamente el 40% de la población comunal.

Política Municipal de Vivienda

Actualmente, la municipalidad de Santiago tramita la primera Política Municipal de Vivienda. Entre sus aspectos principales, esta política incluye la creación de una Corporación de Vivienda, de derecho privado sin fines de lucro, que permita una relación más fluida entre instituciones públicas y privadas, y más facilidad para patrocinar proyectos de vivienda de interés público.

En paralelo, la municipalidad negocia con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Bienes Nacionales y la SUBDERE la adquisición de suelo no sólo para cumplir con la meta de construcción de 5.408 del Plan de Emergencia Habitacional, sino que también para la construcción de áreas verdes y equipamientos asociados. Así, el proyecto de Patios de Copiapó de 84 viviendas nuevas contempla 340 m2 de locales para equipamientos municipales que fueron posibles de ser construidos con aportes SUBDERE. También el proyecto en torno a Av. Centenario, en el Sur Oriente de la comuna, contempla la consolidación de una vialidad parque que aportará áreas verdes y desahogo al sector, así como superficie para la construcción de un equipamiento educacional. De igual modo, las gestiones de suelo y los proyectos nuevos contemplan tanto superficies para equipamientos como para áreas verdes.

También, la Política Municipal de Vivienda hace un fuerte hincapié en lanzar el arriendo protegido municipal en el entendido que es una de las herramientas para combatir la especulación y subida de los precios. Este arriendo protegido contempla precios justos de no más de un cuarto de los ingresos del hogar y se focaliza en grupos vulnerables, como madres solteras, familias con situaciones de violencia intrafamiliar, adultos mayores, migrantes vulnerables, etc.

Todo lo anterior sigue considerando los mejoramientos necesarios en el stock histórico de viviendas de la comuna, que requiere que se ejecutan obras en cubiertas, muros corta fuego, reposición de la electricidad, alcantarillados, reparaciones de fachadas, tratamientos antitermitas, etc. Estos inmuebles se organizan en comunidades de cités, condominios de vivienda económicas o sociales, y conjuntos de viviendas antiguas.

Muchas veces en ellos viven los habitantes más vulnerables de la comuna, por lo que recuperar estos patrimonios vernáculos persigue también un objetivo social.

Con estas herramientas, la municipalidad de Santiago está haciendo frente a los desafíos habitacionales en el centro de la metrópolis. La política municipal de Vivienda será prontamente aprobada por el Concejo Municipal con el propósito de que sea implementada y profundizada por esta y las futuras administraciones municipales, y así poder abordar a las necesidades habitacionales de la comuna, que exceden a las viviendas.

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Ciudades CIDEU, Planes Estratégicos

Plan estratégico y plan de ordenamiento: concurrencias y diferencias

Establecer concurrencias y diferencias entre planes estratégicos de desarrollo y planes de ordenamiento territorial, es decisivo. En especial, en una isla donde el espíritu improvisado, dinámico, insurrecto y levantisco de muchos de sus líderes, los ubica en variadas posiciones de Estado o en el mismo centro de la sociedad civil. También en otros territorios continentales donde debiera existir más formación al respecto, acontece lo mismo, o sea, se confunden ambos procesos.

El municipio y la ciudad de Santiago de los Caballeros tienen en operación valiosas herramientas: el Plan Estratégico de Desarrollo (PES 2030) y el Plan de Ordenamiento Territorial. El tercer Plan Estratégico “Santiago 2030” consensuó la visión, 4 objetivos estratégicos, 50 proyectos estructurantes y 289 productos entregables y resultados esperados.

Es la agenda oficial de este territorio por mandato de la Ordenanza 3251-19. En el año 2020 reconfiguramos, en un contexto pandémico, la nueva agenda de desarrollo de Santiago al año 2030. Entre todas y todos asumimos cumplir lo que está pendiente, sobre lo cual tenemos inversión planificada, y asumir autocríticamente lo que por falta de recursos y voluntad política no hemos ejecutado. Por su parte, el Plan Municipal de Ordenamiento (PMOT) en este año, será relanzado con carácter y normas de reducción de riesgos, adaptación climática y protección de las zonas de vida y biodiversidad de la ciudad y los cinco distritos municipales.

Ambas herramientas tienen diferencias y concurrencias que muchas veces no son percibidas por aquellos que no escudriñan técnicamente la justa dimensión de los apelativos, categorías y conceptos. En nuestro caso, el Plan Ordenamiento Territorial transcurrió posterior a la formulación de la estrategia de desarrollo de Santiago, siendo incluso un proyecto pactado en el Primer Plan Estratégico (2002-2010).

Los estudios recopilados y presentados en los congresos y encuentros iberoamericanos del Centro de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), indican que los planes estratégicos son la indicación consensuada de los objetivos de actuación del conjunto social o, lo que es lo mismo, la concomitancia de sectores representativos de una sociedad concreta.

Plan estratégico es conciliación de poderes legales, reales y fácticos que actúan sobre un territorio, que permite pautar estrategias y proyectos de desarrollo. Por su parte, el ordenamiento territorial es una política pública normativa a nivel territorial para estructurar, organizar y establecer de forma sistémica, reglas claras de uso, valor de uso, ocupación y propiedad del territorio, que dispone una orientación de la economía y la población en el crecimiento urbano y rural esperado de un territorio.

El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) indica, señala y establece ordenanzas, reglamentos y normas para señalizar entre otros grandes productos: i) el modelo de crecimiento urbano y rural que se va a imputar en un territorio, ii) las divisiones y las fronteras territoriales más importantes; iii) las líneas normativas para diseñar las grandes infraestructuras municipales, iv) los sistemas de orden para proteger los recursos naturales, las zonas de vida y la biodiversidad. Pero también, en el caso de Santiago, las ordenanzas para determinar el peso específico de la gestión de riesgo vinculada a la cuenca del Río Yaque y la microzonificación sísmica en las construcciones de la ciudad y el municipio, entre otras.

División político administrativo del municipio de Santiago

Los planes estratégicos siempre consideran el uso de suelo y el ordenamiento territorial. Establecen la formulación de los POT o los convierten en verdaderos insumos para consensuar el desarrollo. Pero también la sostenibilidad ambiental, la gobernabilidad, gobernanza, economía y el comportamiento demográfico de un territorio, así como los servicios sociales a ofertar a la ciudadanía y al crecimiento de la edificabilidad regular e irregular territorial. Con estos insumos claramente delimitados se moviliza la sociedad organizada y la ciudadanía de “a pie” para que plantee su sueño común.

Mientras desde el plan estratégico de desarrollo se trabaja la visión, los escenarios de desarrollo, es decir qué tipo de uso y extensión edificatoria pretendemos, así como las estrategias de un territorio y su sociedad; desde el ordenamiento territorial se establece la rectoría, regulación, organización y división física del espacio como plantea la Carta Europea de Ordenamiento Territorial y la Nueva Agenda Urbana, pactada por Naciones Unidas en ONU-Hábitat.

La concurrencia se garantiza cuando la formulación e implantación de los proyectos sinérgicos y estructurantes en el territorio acontece apegada a las leyes, normas y mandatos territoriales establecidos. Ni el plan estratégico, ni el plan de ordenamiento territorial son oficinas, organismos o estructuras de un organigrama, por el contrario, son predicciones y prospectivas estratégicas y normativas de desarrollo socio-territorial. La concurrencia entre el Plan Estratégico y el Ordenamiento Territorial acontece cuando se norma el privilegio y el fomento del espacio público sobre el espacio privado.

Hay concurrencia entre ambas herramientas cuando se reglamenta la expansión de la mancha urbana o la concentración-densificación edificatoria para promover el crecimiento vertical. También cuando se jerarquizan las vías urbanas como sistema y se reglamenta-controla la existencia de una malla viaria independiente. La concurrencia acontece cuando se legisla para promover la equidad socio-territorial y se evita la segregación y el fraccionamiento del territorio.

Igualmente cuando se norma el tipo de transporte público, se definen las reglas claras sobre el modelo de equipamiento urbano, y se evita colocar caóticamente en la ciudad cualquier trazado arquitectónico cosmético y artificial. La concurrencia acontece cuando el uso del hábitat se norma y se buscan respuestas colectivas a la vivienda, pero también se decide revalorizar el patrimonio histórico y arquitectónico del territorio. Definitivamente, estrategia territorial y orientación normativa del territorio, son un continuo sostenible de actuaciones en pro del desarrollo, que si releemos a Sergio Boisier, Manuel Castells, Jordi Borja o Rafael Emilio Yunén, aseguran la “trascendencia y mejoría ascendente de la calidad de vida de los seres humanos”, que es, en última y primera instancia, el propósito y la meta de todo desarrollo.

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Ciudades CIDEU

Recuperar las áreas centrales luego de la pandemia COVID-19: estrategia de planificación y acción de Córdoba para volver al centro de la ciudad

En marzo de 2020 en Córdoba, como en cualquier otra parte del mundo, vimos cómo se cerraban las últimas persianas del Área Central de la ciudad y los ruidos típicos del centro de otrora época – bocinas de coches, motores de colectivos, silbatos de inspectores de tránsito, vehículos de carga, cadenas de persianas, redoblantes y cánticos de marchas – dejaban de resonar entre las calles y peatonales. Pasaron días, semanas y meses, y las noticias de los medios de comunicación en los meses más fríos del año anunciaban la preocupación de cientos de comerciantes del Área Central: una incertidumbre apremiante sobre el futuro del centro.

Informados sobre los problemas que tenían las áreas centrales en general y, en particular del Área Central de nuestra ciudad, gracias a los valiosos aportes de un estudio diagnóstico realizado por la Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba (ADEC)[¹], nos propusimos formular un proyecto de intervención que tuviera como espacio urbano de aplicación al Área Central[²] de la Ciudad de Córdoba. Así nació el proyecto Respira Córdoba: Recuperando el valor histórico-patrimonial y paisajístico del Área Central desde la gobernanza urbana, que postulamos a la convocatoria de “Autoridades locales: asociaciones por unas ciudades sostenibles”, en alianza con la ciudad de Córdoba (España).

De los problemas identificados, algunos se acentuaron frente a la pandemia y ésta, también contribuyó a una nueva priorización de demandas y necesidades. Después del aislamiento obligatorio, las personas volverían a ocupar los espacios públicos, pues estar al aire libre se había vuelto una práctica cotidiana para combatir los posibles contagios del coronavirus. Dichos espacios, entonces, tendrían que estar en condiciones para el disfrute de los vecinos. También, se debían gestionar condiciones e incentivos para reactivar la economía del Área Central, tarea no menor en un contexto de incertidumbre.

De sus cuatro ejes de acción, el proyecto Respira Córdoba tiene dos que apuntan específicamente a revitalizar el área central, mediante la readecuación del espacio urbano con más oferta de recorridos culturales accesibles y un patrimonio físico protegido y puesto en valor, y recuperar el valor de los residuos sólidos urbanos, por medio de nuevos circuitos de recolección y recuperación que permitan aplicar los principios de la economía circular y dinamizar las tareas de los recuperadores urbanos. Las iniciativas de ambos ejes fueron recogidas en un documento de trabajo co-construido con los actores del espacio urbano: el PRIAC.

El PRIAC es el Plan de Recuperación Integral del Área Central que se diseñó en la primera fase de ejecución del Proyecto Respira Córdoba, dado que resultaba primordial disponer de una visión compartida del espacio urbano que anhelaban tener habitantes, comerciantes, y transeúntes, y un plan de acción que congregara y alineara intereses y expectativas.

El PRIAC se presenta como un documento vivo que recoge y sistematiza intervenciones (acciones y proyectos) de distintas carteras de la administración pública municipal, favoreciendo con ello el diálogo y la articulación inter-áreas. Las intervenciones del PRIAC, se agrupan en 8 líneas estratégicas: circuitos culturales, comerciales y turísticos innovadores; circuitos de reutilización y reciclaje de residuos sólidos urbanos; espacios públicos recuperados y puestos en valor; infraestructura verde y mejora de la calidad ambiental; oferta cultural y patrimonio municipal; seguridad urbana; servicios innovadores para la ciudadanía; y movilidad, planeamiento e infraestructura urbana. Tales intervenciones adquieren sentido en la medida en que responden a los intereses legítimos de la ciudadanía y de los actores interesados del Área Central.

La construcción colectiva del PRIAC fue posible gracias a la implementación de una mesa de trabajo, donde se invitaba a las instituciones de la sociedad civil del Área Central a conformarla, con el objetivo de participar en el diagnóstico y formulación de acciones. En la llamada Mesa del Área Central se congregaron áreas municipales y asociaciones de la sociedad civil con interés en ese espacio urbano. Juntos analizaron el estado de situación del centro atravesado por la pandemia, priorizaron problemas y buscaron soluciones. El resultado fue un plan estratégico, integral y participativo.

Entre los aprendizajes que recogemos es que no bastaba con una o dos instancias de participación. Los actores del espacio urbano Área Central demandaban continuidad en la participación. Por ello, luego de la construcción del PRIAC nos propusimos lanzar una nueva instancia de participación, mediante los Grupos de Impulso y Seguimiento, donde los actores del espacio urbano pueden involucrarse en el proceso orientado a la ejecución de las intervenciones que se han definido como prioritarias para el Área Central. Con ello se busca que los actores hagan suyo el espacio de participación, se auto convoquen, propongan iniciativas y/o acompañen las propuestas de otros. Creemos que esto puede contribuir al desarrollo de una ciudadanía activa, ocupada en los asuntos públicos que repercuten en el bienestar de las personas.

Estamos convencidos de que las voces de la ciudadanía son fundamentales para co-construir espacios urbanos inclusivos, resilientes y sostenibles que promuevan el disfrute y el bienestar, y de que la gobernanza urbana es una forma de gestión donde las áreas municipales trabajan en conjunto con perspectiva integral y la sociedad civil se involucra, enriqueciendo los proyectos de intervención en pos de que sus efectos sean más asertivos para dar respuesta a demandas y a problemas sociales. Nos propusimos preparar el regreso a un centro recuperado y estamos transitando ese recorrido en conjunto con la ciudadanía y todas las áreas de una gestión municipal.

[¹] ADEC (2017) Estudio del Área Central de la Ciudad de Córdoba. Contribución a la recuperación del Área Central de la Ciudad de Córdoba.
[²] El ámbito espacial del Área Central de la Ciudad de Córdoba es el que está delimitado por el Bv. San Juan / Bv. Illia al Sur; por el Río Suquía y la Terminal de Ómnibus al Este; por el Río Suquía al Norte; y por las calles Avellaneda / San José de Calasanz al Oeste (ADEC, 2017).

Web del proyecto Respira Córdoba: https://cordoba.gob.ar/proyecto-respira-cordoba/

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