Ciudades CIDEU, COVID-19

“#QUÉDATE EN CASA” IMPOSIBLE PARA LOS MÁS POBRES

Las fisuras sociales se hacen más visibles en tiempos de crisis. Si bien en esta pandemia todos recomiendan #QUÉDATE EN CASA, para muchos la cuestión es ¿EN CUÁL CASA?, pues tener acceso a una vivienda adecuada y cumplir las recomendaciones sanitarias para prevenir la propagación de la COVID-19 es imposible para muchas familias en el mundo y especialmente en el sur global.

Esta es una invitación a repensarnos como sociedad aprovechando el estado de emergencia y diseñar propuestas para restructurar el apoyo estatal a la vivienda, con soluciones que sirvan a las personas de menores recursos.

En el marco del pensamiento estratégico, la vivienda debe ser considerada como una infraestructura de atención fundamental[1], no solo para sobrevivir a esta crisis sanitaria, sino para poder redireccionar el futuro de las ciudades hacia entornos más saludables y a sus comunidades hacia sistemas socioeconómicos perdurables.

En Colombia, el Censo 2018 muestra que el 36.6% del total de hogares está en déficit habitacional (5.2 millones), de los cuales 1.6 millones están en hacinamiento (5 o más personas por dormitorio); siendo éste solo uno de los aspectos de la grave crisis habitacional que vivimos y que es generalizada en América Latina.

Figura 1: “No hay que mirar muy lejos para darse cuenta de que la ciudad en la que vivimos está llena de infraviviendas”. Fuente: CITU experiencia local – CDMB. Estudio Asentamientos precarios del Área Metropolitana de Bucaramanga- Colombia.

Pensando estratégicamente sobre estas desigualdades, una alternativa es ampliar los tipos de vivienda que cuentan con subsidio estatal para incluir familias de escasos recursos, a las cuales el sistema financiero considera “no aptas para crédito” y por ende, el mercado formal no les ofrece productos.

Como los recursos económicos son escasos, debemos aprovechar esta crisis como oportunidad para restructurar la forma en que diseñamos y gestionamos hábitat de calidad para todos, cambiando la oferta de casas con áreas mínimas en entornos incipientes, que actualmente ofrece el mercado en proyectos subsidiados, por alternativas de calidad que lleguen a más familias. Pasar de solo pensar la unidad, a construir ciudad, aportando a la reducción de inquilinatos y frenando la oferta ilegal de suelo en barrios informales[2].

Es estratégico que los presupuestos públicos se redireccionen para ofrecer barrios que desde su construcción ofrezcan un urbanismo de calidad, entornos con calles completas, parques, equipamientos y mezcla de usos; que favorezca la integración social y espacial de las comunidades y de éstas con la ciudad. Que sus viviendas tengan buenos estándares de habitabilidad, con diseños que permitan flexibilidad de los espacios, entendiendo la vivienda no como mercancía o producto cerrado, sino como un proceso en continuo desarrollo, donde el sujeto que la habita y su calidad de vida sean el foco de atención, viviendas progresivas o incrementales.

Es imperativo promocionar la oferta formal de barrios con viviendas que interpretan la forma en que históricamente las familias han ido moldeando su entorno habitacional privado y aumentando el área construida para desarrollar sus actividades, es decir, comunidades de vivienda incremental.

La incrementalidad no es algo nuevo. En los años 60s-70s, con apoyo del Banco Mundial, se ejecutaron en Latinoamérica muchos programas de desarrollo progresivo o lotes-con-servicios (Vivienda-incremental 1.0), como el proyecto PREVI en Perú, o Guacamayas y Ciudad Bachué en Colombia).

Figura 2: Algunos asentamientos informales se consolidaron adecuadamente, pero otros conservan mala calidad de entorno y crecen sus casas hasta límites que ponen en riesgo a sus habitantes . Fuente: las citadas.

A inicios del siglo XXI estos procesos son reinterpretados por Alejandro Aravena en proyectos de relocalización de comunidades en Chile, proponiendo casas que crecían a partir de “la mitad de una buena casa” (Vivienda-incremental 2.0).

En 2020, y a raíz de las crecientes desigualdades sociales que esta pandemia acentúa, en el equipo de investigación de “Idónea Consultoría” proponemos la construcción de barrios de vivienda incremental de tercera generación (3.0), con uni/bi/multifamiliares en densidades medias, localizados no solo en suelos periféricos sino también en zonas pericentrales de renovación urbana, con urbanismo completo y de calidad, donde se ofrezcan unidades de vivienda en doble altura, con una estructura espacial polivalente que permitan flexibilidad o desarrollo progresivo y crecimiento al interior, donde fácilmente el propietario pueda hacer un entrepiso para duplicar el área construida inicial, pasando así de núcleos de vivienda mínima a buenas “casas de clase media”[3] que además incrementan su valor de cambio y el patrimonio familiar.

Para desarrollar estos proyectos es fundamental la activa participación del Estado y la asistencia técnica de grupos de arquitectos-urbanistas-academia, que instruyan a sus habitantes sobre técnicas constructivas, materialidad y respeto del espacio público, para lograr barrios con hábitat de calidad donde las viviendas no quedan limitadas por la escasez inicial de recursos, sino que evolucionan en el tiempo adaptándose a los modos populares de moldear el entorno, posibilidades económicas y composición de las familias que los habitan.

Figura 3: Un ejemplo de vivienda incremental 3.0. Fuente: Elaboración propia Idónea Consultoría.

El éxito de la financiación y gestión estatal de estos nuevos hábitats dependerá de la decidida aplicación de los instrumentos de planificación y gestión del suelo, para el caso colombiano contemplados en la Ley 388 de 1997, como el anuncio de proyecto, declaratoria de utilidad pública, participación en plusvalías, control de precios del suelo, declaratorias de desarrollo o construcción prioritaria, entre otros.

Esta pandemia de la Covid-19 puede ser una oportunidad estratégica para ofrecer nuevas alternativas de provisión de hábitat para los hogares de menores ingresos, como las comunidades de vivienda incremental, promoviendo la participación directa del Estado en su provisión a través de subsidios, diseños urbanísticos-arquitectónicos innovadores y materiales que aporten a la sostenibilidad global. Hábitats que, además, pueden ser replicados en muchos entornos Latinoamericanos.


[1] C. Ortiz y C. Boano. Stay at home housing as a pivotal infrastructure of care. https://blogs.ucl.ac.uk/dpublog/2020/04/06/stay-at-home-housing-as-a-pivotal-infrastructure-of-care/

[2] Más del 50% del crecimiento de las ciudades y municipios colombianos es de origen informal, según un estudio realizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en conjunto con el Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia, 2019.

[3] Parafraseando a Alejandro Aravena.

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Ciudades, Innovación

Ciudades digitales: una oportunidad ante la crisis de la COVID-19

Las ciudades son entes complejos, vivos, cambiantes y mutantes, por lo que deben de ser analizados bajo enfoques holísticos. A pesar de que la crisis de la COVID-19 nos ha cambiado la vida a todos, la forma de trabajar, la forma de estudiar, de vivir, pero sobre todo de convivir; no podemos ni siquiera imaginar que la nueva normalidad implique dejar las ciudades y regresar al campo. Las ciudades conservan y continuarán conservando el rol principal y protagonista en la convivencia social.

Las ciudades son motores económicos y focos de coagulación social, llenos de retos que resolver, convirtiéndose en el campo de batalla para mejorar la vida de sus habitantes. Más del 52% de la población humana habita en ciudades, que ocupan más del 2% de la superficie de la tierra, más del 75% de consumo de energía se genera en las ciudades y más del 80% de los contaminantes son producidos en ellas.

Aquí es donde la tecnología juega un rol demasiado importante. Nuestra sociedad se ha transformado de agrícola a industrial a post industrial a sociedad de información, y su nueva mutación es a sociedad del conocimiento.

Tenemos que cambiar el paradigma en la visión que creíamos correcta de transformar y planear el territorio. Nuestras ciudades, que solemos pensar solamente como un espacio físico o territorio, en realidad tienen un gemelo digital, donde los habitantes que convivimos en ellas vamos dejando rastros en nuestra manera de utilizar la ciudad.

Estos rastros digitales tienen consecuencias y efectos sobre las personas que los crean o que los generan. Cómo analizar esos datos, esa capacidad de organizar la información en búsqueda de un resultado, nos da la capacidad de utilizarlos.

Hoy en día, el 80% de los datos públicos se encuentran en manos privadas. Datos que nos permiten crear y descubrir realidades invisibles, que a partir de nuevos métodos nos permiten cerrar la escala macro de tendencias sociales, a escala micro, de región o ciudad a comunal, de barrio o inclusive colonia a manzana. No podemos pensar al ser humano que socialmente no rebote ideas cara a cara, a esto se le llama comunicación. Debemos reinventar la correlación entre la distancia espacial y la colaboración, porque las ciudades nunca dejarán de ser polinizadoras de ideas.

Se trata de encontrar datos en tiempo real, que, analizados, ordenados y codificados, nos ayuden a generar grandes resultados para resolver necesidades humanas. Estas realidades invisibles nos permiten replantear o reinventar soluciones a nuestros problemas urbanos.

También debemos ser conscientes de que la tecnología tiene un lado obscuro, que puede afectar a la gobernanza democrática, por la privatización de los datos públicos. Tendríamos que resolver, quién debe ser el dueño de los datos, quién los genera y quién los almacena, pero esto es tema de otro gran debate.

En las ciudades lo público y lo privado está sumamente entrelazado, es el rol del Estado administrar y regular esta correlación, pero ahora el espacio público no solo es espacio físico, sino también virtual. En este proceso de aprendizaje hay que involucrar los actores sociales y la sociedad civil, para definir las reglas y hacer que la transición digital no se monetice y se convierta en una solución para todos.

Hemos visto cómo a través de las redes sociales las protestas virtuales generan grandes cambios en el contexto social y político. Estamos creando una posverdad, ya que no todo lo que se informa es cierto, cambiando la función y las posturas del ser humano ante sus semejantes, alterando este equilibrio funcional, convirtiendo a la tecnología y a sus instrumentos como las prácticas políticas de hoy.

Pero finalmente el costo tecnológico por metro cuadrado sigue y seguirá siendo siempre menor que el de la infraestructura física. El gap digital se está ejecutando en tiempos muy cortos, mucho menores al crecimiento mismo de la infraestructura física. El futuro digital ya llegó, es perfectamente asequible para nuestras comunidades latinoamericanas. Es una realidad del mundo: donde avanzan las tecnologías, avanzan en paralelo las sociedades.

Para conocer algunos ejemplos de la tecnología al servicio de las ciudades, recomiendo acceder al Senseable City Laboratory del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que, como ellos mismos citan, desarrolla e implementa herramientas para aprender sobre las ciudades y para que las ciudades puedan aprender sobre nosotros.

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Ciudades, COVID-19

La gestión de la ciudad sostenible: eficiencia vs. inteligencia pre y post COVID-19

El 2020 llegó para cuestionar paradigmas, evaluar procesos y detener la inercia con la que diseñábamos planes a futuro. Un virus nos hizo mirar de cerca y valorar lo que antes pasaba desapercibido. Lo local cobra vigencia y el mundo se vuelve del tamaño de nuestra vivienda, mientras la globalización se impone y las fronteras se desdibujan ante eventos trasnacionales.

El mundo, convertido en una inmensa red de intercambio, nos muestra que la autonomía es relativa, evidencia que el impacto de las políticas, decisiones y eventos es universal, y acentúa las diferencias entre regiones, países y continentes, con consecuencias mortales para los más vulnerables.

Reaccionamos con enormes dosis de solidaridad y compartimos sus secuelas con visión integral, porque se impone la glocalidad, “pensar global y actuar local” para que el beneficio sea realmente colectivo.

La ciudad demostró su importancia en el panorama mundial y sus autoridades, el peso de sus actuaciones en el control local, por ello, urge activar y capacitar a todos los actores que hacen vida en el territorio: tomadores de decisión, líderes comunitarios, gobernantes, cámaras empresariales y educadores, porque el futuro está literalmente en “nuestras manos”.

En ese contexto, el escenario latinoamericano difiere notoriamente de África, la Unión Europea, Asia o Rusia, quienes tienen prioridades y requerimientos divergentes. Un ejemplo excepcional es el caso de Venezuela, sumergida en una crisis multifuncional, que demanda medidas extraordinarias, no sólo por efectos de la pandemia, sino por una deuda histórica política, económica y social que la separa del mundo y la tendencia universal del desarrollo sostenible.

El CIDEU nos recuerda que la planificación estratégica, entra en la agenda de la administración local como la alternativa a los modelos tradicionales de gestión pública, con el fin de anticipar respuestas a problemas complejos que se dan en escenarios de incertidumbre socioeconómica como los de hoy día.

Sincerar dónde estamos y para dónde vamos, es uno de nuestros grandes retos. Revisar y adecuar los modelos tradicionales de planificación y ordenamiento territorial, reconocer las disfunciones espaciales, sociales y ambientales que se han creado y examinar estándares para proyectar la Ciudad del Día Después.

Una oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, donde emergen ciudades con infinidad de temas en común, que podemos analizar juntos para mayor eficacia. Vivimos en contextos políticamente complejos y técnicamente difíciles, que requieren de mayor colaboración multiactoral y sobre todo mayor transversalidad en los estudios y propuestas.

Lograr asentamientos urbanos más inclusivos, armoniosos y solidarios, implica considerar tres escalas “Territorio, ciudad y ciudadanía”, como variables inseparables de una docena de aspectos a debatir:

  1. Fortalecimiento del gobierno local frente a las organizaciones que lideran el comportamiento mundial.
  2. Formación de más y mejores gestores y estrategas urbanos.
  3. Diseño de esquemas funcionales que garanticen control de densidad, suficiencia de equipamientos y servicios,distribución de alimentos y suministros, así como movilidad y accesibilidad para todos.
  4. La ciudad, como célula básica de actuación y motor de desarrollo. Revisión de sus categorías, modelo de crecimiento, escalas y gobernanza.
  5. La vivienda, como estructura básica, más que un techo para dormir, sinónimo de resguardo y seguridad en tiempos de crisis.
  6. La excepcionalidad de los desarrollos informales, así como su priorización dentro del conjunto de actuaciones a futuro
  7. El derecho a contar con un entorno inteligente y el Internet como servicio público básico.
  8. El espacio público como estructurador de la ciudad, elemento de convivencia, promotor de equidad y movilidad sostenible.
  9. El emprendimiento, la economía colaborativa y la financiación de proyectos por alianzas publico-privadas.
  10. La sistematización de la información, gestión en tiempo real y participación activa de la población, con transparencia y eficiencia, es decir, recuperar la confianza en la data pública.
  11. Consolidar la gobernanza en términos de colaboración de esfuerzos, coordinación de voluntades, concertación de intereses y conciliación de oportunidades para avanzar en corresponsabilidad en la construcción de ciudad y ciudadanía (Co-City)
  12.  La eco-eficiencia y la construcción sostenible como premisa para el cambio.

Diferentes organizaciones dedicadas al tema urbano[1], desarrollan ideas y comparten impresiones técnico-políticas, con entes multilaterales[2] que dictan lineamientos y recomendaciones, pero son las estructuras locales las que implementan planes y proyectos, razón por la cual debemos avocarnos a fortalecer sus capacidades.

El futuro del pensamiento urbano, tiene la ciudad como objeto y la tecnología como herramienta. Plantea una nueva sociedad, donde el capital humano tiene más relevancia que el financiero y el acceso a información será más importante que la propiedad, manteniendo siempre la escala humana como objetivo primordial.

Para poder imaginar un mejor futuro, la planificación estratégica deberá procurar que el acceso a la tecnología sea un derecho ciudadano fundamental y que la sistematización de información fidedigna y transparente sea la herramienta para diligenciar demandas y satisfacer las necesidades del colectivo, manteniendo siempre la escala humana de la cotidianidad y las particularidades locales que hacen único cada proceso.


*1 CIDEU, UIM, UCCI, UCGL, Metrópolis, Global Task Force, INTA, entre otras.
*2 ONU Hábitat, BID, BM y CAF, etc.

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Ciudades, COVID-19

La cooperación entre ciudades en tiempo de crisis

Retos y oportunidades de la cooperación descentralizada para mejorar la anticipación, la respuesta colectiva y la construcción de una gobernabilidad global


Los impactos que se derivan de la emergencia global del COVID-19 traen grandes lecciones para todos los países y ciudades, pero especialmente para aquellas economías y sistemas sanitarios que hasta la fecha eran considerados sólidos y estables y que, desde la lejanía, percibían las desigualdades y la pobreza estructural como algo ajeno a sus territorios. Los países más desarrollados necesitan una radical, rápida y efectiva adaptación a nuevo escenario global que requerirá de un gran esfuerzo colectivo. Un gran esfuerzo por adaptarse a los cambios de paradigma global y de desarrollo humano sostenible en el marco de una redefinición clara de las lógicas norte-sur, aunque comúnmente aceptadas como desfasadas, y también del resurgir de nuevas formas de cooperación sur-sur y sur-norte.

Un escenario en el que la cooperación descentralizada deberá también adaptarse y retomar, revisar y redefinir muchos de los principios sobre los cuales se construye, poniendo en valor la innovación local, los procesos productivos, los recursos del territorio, las comunidades, y nuevos tipos de relaciones en el espacio local. Enfocando esfuerzos en cómo transitar hacia la creación de espacios urbanos basados en sistemas, no sólo productivos sino también relacionales y comunitarios más sostenibles y más inclusivos, equilibrados, co-empoderados, cooperativos y capaces de conectar, compartir e intercambiar como respuesta colectiva a los cambios del paradigma global.

La cooperación entre ciudades puede brindar un espacio de articulación multi-actor que fortalezca este marco de gobernanza y elevar a un nivel político las energías, sinergias e iniciativas socio-comunitarias y que la emergencia de la crisis del COVID-19 nos recuerda que son una fortaleza del espacio local. Nuevas prioridades, lógicas y actuaciones colectivas surgen y seguirán surgiendo en respuesta a desigualdades acrecentadas por nuevas demandas sociales, económicas, políticas, sanitarias, etc. La importancia del derecho a la ciudad, el rol del espacio local y el resurgimiento de nuevas formas de municipalismo van a verse reimpulsadas por movimientos de base haciendo más comprensible la necesidad de preservar bienes comunes globales y los procesos, lógicas, circuitos y redes humanas que subyacen. Las solidaridades que están surgiendo y que seguirán surgiendo en los próximos tiempos nos muestran que el COVID-19 y la emergencia global que ha desatado no es el problema y que su solución debe hacerse de forma colectiva a pesar de la incertidumbre del contexto futuro.

Predecir y construir un futuro tras esta crisis global requiere además de una revisión profunda sobre el modelo de vida, el liderazgo colectivo para la solidaridad espontánea, las soluciones que desde las diferentes ciudades y comunidades se están poniendo de relieve, y sobretodo un enfoque renovado de esa Agenda 2030 que tanto liderazgo multilateral sumó y que ahora parecería necesitar, con más apremio que nunca, una revisión urgente de los pilares que la fundaron, de la arquitectura internacional sobre la cual se construyó y de nuevas relaciones más recíprocas y horizontales, primando el valor de determinados actores que quedaron ciertamente en un papel más reducido.

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¿Cómo puede ayudar la recuperación de plusvalías a la materialización de la planificación estratégica urbana?

En 1994, Donald Shoup, un reconocido investigador estadounidense, describió una anomalía fundamental en la relación entre las políticas de suelo urbano y la generación de infraestructura pública: “¿Por qué es tan difícil financiar una infraestructura pública que eleva el valor de la tierra servida mucho más que el costo de la propia infraestructura? (Shoup, 1994, p. 236). Casi tres décadas después, dicha anomalía continúa presente en las ciudades iberoamericanas y tiene una estrecha relación tanto con la recuperación de plusvalías urbanas como con la Planificación Estratégica Urbana, ya que muchos gobiernos locales, al implantar proyectos estratégicos de infraestructura urbana, invierten una gran cantidad de recursos públicos que, a pesar que pueden generar diversos impactos positivos en las áreas estratégicas sobre las que se pretende intervenir (CIDEU, 2018), en la mayoría de los casos también producen un aumento significativo en el valor en los suelos urbanos donde se implantan. Pero, vale preguntarse: ¿Cuál es la anomalía presente en esta situación?

Uno de los defectos o fallas que se presenta en los mercados de suelo urbano en las ciudades iberoamericanas es el enriquecimiento sin justa causa que se materializa en el momento en que el Estado, representado por los gobiernos locales, no recupera los incrementos en el valor de los terrenos urbanos que son generados por actuaciones propias de la función pública del urbanismo, tales como la construcción de obras públicas, la modificación de normas urbanísticas que permiten la incorporación de terrenos rurales al perímetro urbano, el aumento de la edificabilidad y el desarrollo de usos más rentables. De esta manera, las municipalidades desaprovechan el enorme potencial que representa articular adecuadamente las políticas urbanas, la recuperación de plusvalías y la gestión de la estrategia urbana.

A pesar que lo descrito anteriormente es una característica general del desarrollo urbano en América Latina (Jaramillo, 2008), algunas ciudades en Brasil y Colombia han podido superar estas anomalías utilizando instrumentos de recuperación de plusvalías para financiar nuevas intervenciones estratégicas. Uno de los casos más sobresalientes es el de la ciudad brasileña de Sao Paulo, en la que a través de una adecuada y continuada articulación entre políticas urbanas e implementación de mecanismos de captura de valor de suelo relacionados con la venta de derechos de construcción (como los Certificados de Potencial Adicional de Construcción –CEPAC– utilizados en las Operaciones Urbanas Consorciadas –OUC– y la Otorga Onerosa del Derecho de Construir –OODC– implementada en buena parte del área urbana), ha permitido recaudar más de 2.000 millones de dólares entre 2001 y 2017 (Pérez-Moreno, 2018, p. 270) y asegurar la financiación de más 8.000 viviendas de interés social como resultado de las OUC, de las cuales casi 2.000 estaban construidas en 2016 (Pérez-Moreno, 2016, p. 13).

Otras de las ciudades en las que se han utilizado instrumentos de recuperación de plusvalías urbanas para impulsar iniciativas estratégicas son Bogotá y Medellín, en Colombia. Estas dos ciudades tienen una larga tradición de utilización de la contribución de valorización. En Medellín, este instrumento se utilizó para financiar una buena parte de la infraestructura vial de la ciudad durante el siglo XX (Borrero, 2014) y continúa utilizándose para tal fin. Adicionalmente, desde el año 2003, en Bogotá se implementó el cobro de la participación en plusvalía, un mecanismo estipulado en la legislación colombiana que permite capturar hasta un 50% del incremento en el valor del suelo generado por las alteraciones en la normativa urbanística y por la construcción de obras públicas. Mediante este instrumento, hasta 2016, la ciudad había recuperado más de 12 millones de dólares (Pérez-Moreno, 2018, p. 216). Instrumentos como el reajuste de terrenos, utilizado en Colombia en el marco de los denominados Planes Parciales, también fueron implementados en Bogotá desde 2003, permitiendo convertir los incrementos en el valor del suelo resultantes del mismo proceso de urbanización en cargas urbanísticas, tales como la cesión gratuita de suelo y la construcción de vías, parques y equipamientos, así como la obligación de destinar el suelo y construir viviendas de interés social.

Estos son apenas dos casos que demuestran que la adecuada articulación entre políticas urbanas, recuperación de plusvalías y planificación estratégica urbana tiene un enorme potencial para transformar la calidad de vida de nuestras ciudades. Además, juega un papel fundamental en la materialización del proyecto de ciudad que se define colectivamente en el marco de los criterios de concurrencia y gobernanza que deben regir la planificación estratégica de la ciudad (CIDEU, 2018).

Referencias.

Borrero, O. (2014). La contribución de valorización o mejoras en la experiencia Colombiana: Revisitando prejuicios. En: Smolka, M.; Furtado, F. (Ed.) Instrumentos notables de políticas de suelo en América Latina. Ecuador: Lincoln Institute of Land Policy (pp. 23-29).  Recuperado de https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/instrumentos-notables-politicas-de-suelo-america-latina-full_0.pdf

Jaramillo, S. (2008). Reflexiones sobre la “informalidad” fundiaria como peculiaridad de los mercados del suelo en las ciudades de América Latina. Revista Territorios, (vol. 18), 11-53.

Pérez-Moreno, O. (2016). As Operações Urbanas Consorciadas em São Paulo e a materialização de justiça socioespacial por meio da construção de Habitação de Interesse Social entre 2001 e 2016.  IV Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – (ENANPARQ). Porto Alegre, Brasil. Recuperado de https://enanparq2016.files.wordpress.com/2016/09/s40-05-perez-o.pdf

Pérez-Moreno, O. (2018). A recuperação de mais-valias fundiárias urbanas e a materialização de justiça socioespacial em Bogotá e São Paulo: Um objetivo, dois casos e um resultado (Tesis Doctoral en Arquitectura y Urbanismo). Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro.

Shoup, D. (1994). Is underinvestment in public infrastructure an anomaly? En: Jones, G.; Ward, P. (Ed.) Methodology for land and housing market analysis, Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy. London: UCL Press.

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