Ecuador es uno de los pocos países que constitucionaliza el Derecho a la Ciudad, procurando con ello un Estado garantista de derechos que determine directrices para la política urbana, en las que se establecen la función social y ambiental de la ciudad, y el bien común sobre el beneficio individual.

Lefebvre (1978) define que el Derecho a la Ciudad “sólo puede formularse como derecho a la vida urbana, transformadora, renovadora”, transformación que no es posible si persisten las desigualdades, la inequidad y las violencias. Sin duda, la única forma de tener ciudades renovadas, será a partir de enfrentar a la desigualdad y erradicar las violencias, que se concentran en los sectores más empobrecidos y en grupos de atención prioritaria que suman vulnerabilidades, y que se expresan en el territorio.

Harvey considera que, más que un derecho a acceder a los recursos que tiene la urbe, supone el derecho a plasmar, cambiar o reinventar el modelo de ciudad con nuestros deseos (2013). Nos obliga a exigir, a los gobiernos nacional y local, el cumplimiento constitucional y un mayor compromiso desde lo local para la concreción, efectivización, y el posibilitar el ejercicio pleno de los derechos en las ciudades.

Las ciudades son el resultado de una planificación generada por hombres blancos, mestizos, desde “realidades de privilegio” y desde vivencias en la ciudad, acceso a infraestructura, servicios, movilidad y espacio público.

Estas lógicas, distantes a la mayoría de la población, dan como resultado una planificación que vulnera y suma violencias que inician desde el desconocer las necesidades, individuales y colectivas, de adultos mayores, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas en movilidad humana y grupos LGBTIQ+.

La ciudad no está pensada para incluir, ni se ha construido desde la prioridad social, ha prevalecido su producción material, política y de significados en la lógica de economía de comercio, y no a economía de cuidados. La ciudad responde al capital y deja de lado lo escencial, su construcción sobre la base de los derechos y, con ello, la lucha contra la mayor violencia que es la exclusión.

Varias ciudades latinoamericanas comparten esta condición de segregación socio-espacial que con la pandemia se ha evidenciado desgarradoramente, y se ha amplificado con desempleo, aumento de brechas y debilitamiento del Estado, evidenciado en la reducción o desaparición de servicios de protección.

La compresión del desafío de establecer nuevos significados en la producción social del hábitat, que prioricen el ejercicio pleno de derechos permitirá enfrentar las violencias.

Quito, es la primera ciudad en Ecuador que se compromete a ser libre de violencia de género (2019) y, en un segundo momento (2022), ir hacia una ciudad libre de racismo, discriminación y todas las formas conexas de intolerancia; por lo que entendemos que:

• Para erradicar todas las formas de violencia, discriminación, racismo y xenofobia hay que indagar y evaluar las fuentes estructurales de reproducción, para adoptar políticas públicas eficaces y mitigar las causas que las generan, y afectan ámbitos familiares, laborales, educativos, políticos y sociales.

• Una cultura sin violencia de género, racismo, discriminación o intolerancia solo será viable si se reducen las brechas económicas y de inclusión social, siendo necesario establecer políticas públicas y acciones en los ejes de educación, empleo, salud, participación sociopolítica, comunicación y cultura.

• Adoptar y ejecutar políticas públicas tendientes a desterrar todas las manifestaciones de violencia de género, discriminación, racismo y la intolerancia, exige compromiso y esfuerzos compartidos de actores públicos, de sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.

El debilitamiento de los servicios, ha impulsado a generar legislación para la erradicación de trabajo infantil, cuyas cifras develan que son mayoritariamente las niñas las que trabajan. Esta visibilización pretende ir hacia políticas públicas de ciudad que destierren prácticas naturalizadas.

Proteger a los adultos/as mayores, afectados por violencia patrimonial, desde la primera Junta del país de Protección especializada en mujeres y adultos mayores con el objeto de establecer medidas administrativas de inmediato cumplimiento.

La violencia que sufren los adultos y adultas mayores pertenecientes a pueblos y nacionalidades, ha permitido que las y los estibadores, tricicleros y cuidadores de carga tengan normas que reconocen, dignifican y regulan su trabajo, reconociendo la interculturalidad de migrantes internos que se autoidentifican indígenas, que han dejado sus tierras y que se han encontrado con falta de reconocimiento, discriminación y explotación desde trabajos exigidos y demandantes en esfuerzo físico cuyo reconocimiento económico es mínimo (3 centavos de dólar por quintal).

Las nuevas luchas, deben refundar significados, garantizar derechos desde el reconocimiento y compromisos claros a escala local:

• Recuperar la confianza en los gobiernos y sobre todo en la política, especialmente en la feminización de la política desde otra perspectiva que incluye la comprensión de la vida, de los cuidados, de la igualdad, de los hijos e hijas, de las diversidades, de la tercera edad.
• Construir confianza con la acción y las voces de los no visibles, desde la diversidad, lo popular, lo rural, con representación plurinacional y multiétnica; recuperar y acercar la construcción de políticas públicas, construir cercanía y valoración de la acción que asume las reparaciones y las acciones afirmativas como una prioridad.
• Prioridades desde los compromisos con: la erradicación de las violencias, en particular la estructural e institucional, y la violencia política. Compromisos con el ambiente, los ODS, bienes comunes, diversidad, lucha contra la discriminación, racismo, acceso a los derechos y movilidad humana.
• Centrarnos en cómo hacer posible el buen vivir en igualdad sin violencias.

Nos inspiran las voces de quienes no han sido escuchados; que nos exigen urgentes acciones, que nos reclaman sobre la demora en actuar. Queremos seguir sumando militantes para consolidar un futuro comprometido, estructurado y centrado en quienes debemos escuchar.

Comprender de dónde venimos, nuestras historias desde la diversidad y visibilizar a los invisibles, en donde la crisis de los cuidados en las mujeres indígenas y afrodescendientes se basa en la distribución sexual y social del trabajo, con un componente adicional, la biologización de la raza que pretende justificar la explotación indiscriminada.

La violencia se expresa también en los cuidados, que están concentrados en las mujeres y más aún en las mujeres afrodescendientes (60% de estos trabajos los hacen mujeres afroecuatorianas), nos enfrenta a una sociedad racializada e inequitativa en donde esta crisis de cuidados va más allá del envejecimiento de la población y el incremento de la natalidad; con el transcurrir del tiempo las mujeres esclavizadas fueron “domesticadas” al servicio de la casa.

Poner en el centro a los seres humanos, a trabajar por la igualdad de derechos, por un hábitat que facilite relaciones sociales y una lucha permanente e incansable por erradicar las violencias, el racismo y la discriminación, hace que la política pública se enfoque hacia la generación de nuevos urbanismos, hacia el fortalecimiento de organizaciones sociales, líderes y líderesas barriales en toda su diversidad y condición etárea para encaminarnos hacia ciudades de cuidados, ciudades cuidadoras que priorizan las necesidades de quienes han estado olvidados.

El camino de la construcción social del hábitat, del bien común sobre el individual, de la función social y ambiental de la ciudad para alcanzar el buen vivir, no será posible, si no atacamos las causas estructurales que nos impiden vivir en equidad, entendiendo que, para ello, el enemigo es la desigualdad y con ello la pobreza, el desempleo, el racismo y la xenofobia.