A partir de 2015, con la entrada de un nuevo equipo de gobierno integrado por destacados/as activistas del derecho a la vivienda, se aborda en Barcelona de una manera prioritaria la problemática de la vivienda. El contexto de partida puede resumirse a través de dos datos clave: el reducido número del parque público de vivienda, que representa sólo el 2% del parque de la ciudad (frente al 15% de media en la Unión Europea); y la fuerte incidencia de desahucios, que, si bien en un principio eran fruto de ejecuciones hipotecarias, en la actualidad más del 80% de estos son causados por dificultades para hacer frente al pago del alquiler.
Para abordar este complejo fenómeno, la ciudad de Barcelona se dotó de un Plan Estratégico por el Derecho a la Vivienda con el objetivo de garantizar su función social. Este plantea un giro radical en la concepción de la vivienda y en la defensa de ésta como un derecho, con un horizonte temporal de diez años, de 2016 -2025. Fue elaborado con amplia participación de la sociedad civil y redactado desde el territorio. Identifica objetivos principales y se estructura en cuatro ejes de actuación con una batería de medidas para mejorar la calidad del servicio público en el ámbito de la vivienda. El plan tiene un tratamiento particular para cada uno de los distritos y barrios de la ciudad contemplando al mismo tiempo colectivos específicos.
El primero de los ejes está orientado a prevenir y atender la exclusión residencial a través de medidas de carácter complementario, como la creación de una red de oficinas de vivienda por distritos, servicios especializados en medición y apoyo a personas en proceso de pérdida de vivienda, una serie de ayudas sociales para paliar la pobreza energética y emergencia habitacional, así como sanciones a grandes propietarios que incumplan sus obligaciones.
El segundo eje, aborda la garantía del buen uso de la vivienda a través de medidas como la movilización de vivienda vacía y la realización de censos y sanciones para su correcta monitorización. Igualmente, se cuida el mantenimiento del uso residencial y de quien lo habita a través de la detección de acoso inmobiliario, la regulación y limitación del uso turístico de las viviendas y la regulación de los precios de alquiler. Por último, este eje planea la mejora del conocimiento y gestión del parque público a través de acciones de inspección, regulación y sanción del parque público de alquiler.
El tercer eje se centra en una cuestión clave como es la ampliación del parque de vivienda asequible. Por un lado, a través de la generación de nuevos solares para la vivienda protegida, implementando nuevos modelos de vivienda social o incluso comprando edificios existentes para destinarlos al alquiler público. Por otro lado, se extienden y mejoran las ayudas al alquiler en el mercado privado, promoviendo programas y entidades específicas que faciliten e impulsen la movilización del parque de vivienda privado para convertirlo en asequible. Esto se hace a través de la captación de vivienda privada por medio de programas de gestión público de alquiler, fomentando la rehabilitación para destinarla al alquiler asequible, así como impulsando el mercado social de la vivienda, apoyando a su vez el modelo de cooperativas en cesión de uso, “masovería urbana”, o la promoción de viviendas de alquiler asequible por parte de entidades sociales.
Destacan dentro de este tercer eje dos hitos en política de vivienda que permiten a Barcelona converger con experiencias de buenas prácticas del centro y norte de Europa. Por un lado, el convenio firmado con entidades sin ánimo de lucro para la construcción o rehabilitación de inmuebles en régimen de alquiler o cesión de uso a través del cual el Ayuntamiento de Barcelona se compromete a ceder suelo para la construcción de 1.000 viviendas, de las cuales casi la mitad están ya en fase de tramitación. Y, por otro lado, la constitución del primer operador público privado, denominado “Habitatge Metrópolis Barcelona” de ámbito metropolitano que, con el mismo sistema de cesión de suelo público, tiene como objetivo la construcción de 4.500 viviendas asequibles, de las cuales 2.500 estarían en Barcelona ciudad. Ambas iniciativas, de carácter público – privada la primera y público – comunitaria la segunda, suponen una experiencia de gestión mixta por un período de más de cincuenta años, a cuyo término acabarían pasando a integrar el parque público de vivienda social de la ciudad.
El cuarto eje estratégico propone mantener, rehabilitar y mejorar el parque actual. Para ello se plantea un mejor conocimiento del estado del parque actual, así como una política de rehabilitación enfocada al derecho a la vivienda y ayudas a la rehabilitación interior y exterior de los edificios. Igualmente, se incluyen ayudas a la rehabilitación y nuevos mecanismos que faciliten la financiación y fomenten el empleo digno a través de ésta.
En síntesis, el plan estratégico plantea soluciones para garantizar la función social de la vivienda más allá de su concepción como bien de mercado, conjugando medidas orientadas a prevenir fenómenos urgentes de emergencia habitacional, así como a largo plazo, sentando las bases de una nueva política. La diversificación de fórmulas y complementariedad de medidas comprendidas buscan de este modo, garantizar la no privatización del parque de vivienda social y generar un nuevo segmento en el mercado que garantice la asequibilidad permanente de la vivienda y compromiso del interés general de las inversiones públicas.
El Plan Estratégico por el Derecho a la Vivienda y sus estrategias se está compartiendo actualmente en la Microrred de Estrategias Urbanas de Derecho a la Vivienda de la que participan referentes vinculados/as a la política de vivienda de Antioquia y Bogotá (Colombia), Barcelona (España), Buenos Aires (Argentina), Lima (Perú), Montevideo (Uruguay) y Tijuana (México).
