En marzo de 2020 en Córdoba, como en cualquier otra parte del mundo, vimos cómo se cerraban las últimas persianas del Área Central de la ciudad y los ruidos típicos del centro de otrora época – bocinas de coches, motores de colectivos, silbatos de inspectores de tránsito, vehículos de carga, cadenas de persianas, redoblantes y cánticos de marchas – dejaban de resonar entre las calles y peatonales. Pasaron días, semanas y meses, y las noticias de los medios de comunicación en los meses más fríos del año anunciaban la preocupación de cientos de comerciantes del Área Central: una incertidumbre apremiante sobre el futuro del centro.

Informados sobre los problemas que tenían las áreas centrales en general y, en particular del Área Central de nuestra ciudad, gracias a los valiosos aportes de un estudio diagnóstico realizado por la Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba (ADEC)[¹], nos propusimos formular un proyecto de intervención que tuviera como espacio urbano de aplicación al Área Central[²] de la Ciudad de Córdoba. Así nació el proyecto Respira Córdoba: Recuperando el valor histórico-patrimonial y paisajístico del Área Central desde la gobernanza urbana, que postulamos a la convocatoria de “Autoridades locales: asociaciones por unas ciudades sostenibles”, en alianza con la ciudad de Córdoba (España).

De los problemas identificados, algunos se acentuaron frente a la pandemia y ésta, también contribuyó a una nueva priorización de demandas y necesidades. Después del aislamiento obligatorio, las personas volverían a ocupar los espacios públicos, pues estar al aire libre se había vuelto una práctica cotidiana para combatir los posibles contagios del coronavirus. Dichos espacios, entonces, tendrían que estar en condiciones para el disfrute de los vecinos. También, se debían gestionar condiciones e incentivos para reactivar la economía del Área Central, tarea no menor en un contexto de incertidumbre.

De sus cuatro ejes de acción, el proyecto Respira Córdoba tiene dos que apuntan específicamente a revitalizar el área central, mediante la readecuación del espacio urbano con más oferta de recorridos culturales accesibles y un patrimonio físico protegido y puesto en valor, y recuperar el valor de los residuos sólidos urbanos, por medio de nuevos circuitos de recolección y recuperación que permitan aplicar los principios de la economía circular y dinamizar las tareas de los recuperadores urbanos. Las iniciativas de ambos ejes fueron recogidas en un documento de trabajo co-construido con los actores del espacio urbano: el PRIAC.

El PRIAC es el Plan de Recuperación Integral del Área Central que se diseñó en la primera fase de ejecución del Proyecto Respira Córdoba, dado que resultaba primordial disponer de una visión compartida del espacio urbano que anhelaban tener habitantes, comerciantes, y transeúntes, y un plan de acción que congregara y alineara intereses y expectativas.

El PRIAC se presenta como un documento vivo que recoge y sistematiza intervenciones (acciones y proyectos) de distintas carteras de la administración pública municipal, favoreciendo con ello el diálogo y la articulación inter-áreas. Las intervenciones del PRIAC, se agrupan en 8 líneas estratégicas: circuitos culturales, comerciales y turísticos innovadores; circuitos de reutilización y reciclaje de residuos sólidos urbanos; espacios públicos recuperados y puestos en valor; infraestructura verde y mejora de la calidad ambiental; oferta cultural y patrimonio municipal; seguridad urbana; servicios innovadores para la ciudadanía; y movilidad, planeamiento e infraestructura urbana. Tales intervenciones adquieren sentido en la medida en que responden a los intereses legítimos de la ciudadanía y de los actores interesados del Área Central.

La construcción colectiva del PRIAC fue posible gracias a la implementación de una mesa de trabajo, donde se invitaba a las instituciones de la sociedad civil del Área Central a conformarla, con el objetivo de participar en el diagnóstico y formulación de acciones. En la llamada Mesa del Área Central se congregaron áreas municipales y asociaciones de la sociedad civil con interés en ese espacio urbano. Juntos analizaron el estado de situación del centro atravesado por la pandemia, priorizaron problemas y buscaron soluciones. El resultado fue un plan estratégico, integral y participativo.

Entre los aprendizajes que recogemos es que no bastaba con una o dos instancias de participación. Los actores del espacio urbano Área Central demandaban continuidad en la participación. Por ello, luego de la construcción del PRIAC nos propusimos lanzar una nueva instancia de participación, mediante los Grupos de Impulso y Seguimiento, donde los actores del espacio urbano pueden involucrarse en el proceso orientado a la ejecución de las intervenciones que se han definido como prioritarias para el Área Central. Con ello se busca que los actores hagan suyo el espacio de participación, se auto convoquen, propongan iniciativas y/o acompañen las propuestas de otros. Creemos que esto puede contribuir al desarrollo de una ciudadanía activa, ocupada en los asuntos públicos que repercuten en el bienestar de las personas.

Estamos convencidos de que las voces de la ciudadanía son fundamentales para co-construir espacios urbanos inclusivos, resilientes y sostenibles que promuevan el disfrute y el bienestar, y de que la gobernanza urbana es una forma de gestión donde las áreas municipales trabajan en conjunto con perspectiva integral y la sociedad civil se involucra, enriqueciendo los proyectos de intervención en pos de que sus efectos sean más asertivos para dar respuesta a demandas y a problemas sociales. Nos propusimos preparar el regreso a un centro recuperado y estamos transitando ese recorrido en conjunto con la ciudadanía y todas las áreas de una gestión municipal.

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[¹] ADEC (2017) Estudio del Área Central de la Ciudad de Córdoba. Contribución a la recuperación del Área Central de la Ciudad de Córdoba.
[²] El ámbito espacial del Área Central de la Ciudad de Córdoba es el que está delimitado por el Bv. San Juan / Bv. Illia al Sur; por el Río Suquía y la Terminal de Ómnibus al Este; por el Río Suquía al Norte; y por las calles Avellaneda / San José de Calasanz al Oeste (ADEC, 2017).

Web del proyecto Respira Córdoba: https://cordoba.gob.ar/proyecto-respira-cordoba/

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Lograr un entorno igualitario y asentamientos sostenibles y productivos son, sin duda, los principales retos en materia de desarrollo urbano. Percepciones como la seguridad, oportunidades de trabajo, unificación familiar e incluso el idioma, son los factores que han incidido en la decisión, si bien voluntaria pero indirectamente forzada, de aquellos que emprenden un viaje sin fecha de retorno a distintas partes del mundo, generando flujos migratorios que representan un reto para la ciudades de acogida.

Ecuador se encuentra entre los principales destinos escogidos por la población en situación de movilidad humana provenientes de países como Venezuela y Colombia. Cuenca, dada sus características, se ha convertido en una de las principales ciudades del Ecuador de acogida de la comunidad venezolana. De acuerdo al Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes- Capítulo Ecuador, aproximadamente 38.300 personas, entre refugiados y migrantes, se encuentran asentados en la ciudad.[1]

Esta situación ha generado la necesidad de explorar opciones que permitan brindar un acceso igualitario a toda la población, independientemente de su procedencia o lugar de origen, a vivienda, educación, servicios básicos, transporte y seguridad, logrando una ciudad más inclusiva, sostenible y resiliente, como lo indica el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11.

Es en este marco que el 25 de abril de 2007 nace el proyecto municipal Casa del Migrante de la Alcaldía de Cuenca, cuyo funcionamiento está regulado mediante ordenanza cantonal desde el 6 de abril del 2010. Su misión se centra en la protección y defensa de los derechos de las personas en situación de movilidad humana y sus familias, mediante un trabajo articulado a nivel local, nacional e internacional con instancias involucradas en el tema. Desde sus inicios la Casa del Migrante ha buscado desarrollar, fortalecer y ejecutar procesos integrales que permitan generar, ampliar y/o consolidar políticas, planes, programas y proyectos que mejoren la situación de los migrantes y sus familias.

Es así que actualmente la Casa del Migrante cuenta con un abanico de servicios que incluye: servicios de asesoría legal, atención psicológica, ayuda humanitaria, servicios sociales, servicio de infocentro, capacitaciones, talleres, servicios de acompañamiento, asistencia para inserción en el sistema educativo, espacio intercultural de movilidad humana, entre otros. La efectiva labor de esta dependencia ha permitido llegar durante el año 2022 a un total de 507 beneficiarios directos y 1521 indirectos.[2] Estos datos representan cientos de historias de superación e inserción económica y social.

Sin lugar a dudas esta labor no hubiese sido posible sin la articulación y el apoyo de diferentes aliados que han sido claves para concertar acciones, que permiten alcanzar los resultados deseados impactando positivamente no solo en la vida de los migrantes sino en la realidad de la ciudad como tal. A través de convenios de cooperación interinstitucional, esta dependencia municipal colabora con diferentes Organizaciones No Gubernamentales (ONG) e instituciones y organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC). Además, se articula a nivel nacional con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana e incluso se han sumado a su labor comunidades extranjeras residentes en Cuenca como la estadounidense, actores de la sociedad civil y del sector privado, lo que ha permitido potencializar el trabajo.

Producto del trabajo articulado y los espacios de diálogo sobre interculturalidad e inclusión, se ha propiciado la elaboración de políticas públicas locales, cuyo objetivo es proteger de manera integral los derechos de los migrantes, como es el caso de la Ordenanza Municipal de Movilidad Humana. Además, la Casa del Migrante ha encabezado importantes campañas como “No me llames Extranjero”, “Cuenca Multicolor” y el evento: “Encuentro de las Culturas”, que hasta el momento lleva 19 ediciones, logrando con éxito un intercambio cultural que ha permitido a los cuencanos conocer y apreciar las tradiciones, arte y costumbres de con quienes compartimos la ciudad.

Conocer de cerca la realidad de los proyectos de la Casa del Migrante da cuenta de que el actual escenario global invita a los gobiernos locales a replantear sus prioridades y enfoques. Si bien las olas migratorias pueden generar incertidumbre en algunos sectores de la población, lo único cierto es que se trata de un fenómeno social que no va a detenerse, por lo que, considerando que este factor claramente incide en el crecimiento urbano de una ciudad, es necesario que los gobiernos locales incorporen dentro de su planificación este elemento con la finalidad de dar una respuesta oportuna a las necesidades de este sector de la población lo que permitirá transformar a las urbes en sociedades inclusivas, igualitarias y resilientes. Un trabajo articulado entre todos los actores podrá marcar la diferencia y propiciará un crecimiento urbano mucho más ordenado y seguro para todos y todas.

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[1] GTRM Ecuador. (2022). Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes. https://www.r4v.info/es/ecuador
[2] Fuente: Archivo de la Casa Municipal del Migrante (Luis Cordero y Honorato Vázquez, Cue – EC)
Web: La Casa del Migrante https://www.cuenca.gob.ec/content/centro-de-movilidad-humana-e-interculturalidad-casa-del-migrante

Una apuesta para el fortalecimiento institucional a través del análisis de información de seguridad ciudadana.

Durante los años 80 y 90 los medios de comunicación inundaban el país con titulares como Medellín: la ciudad más violenta del mundo. La guerra contra los carteles del narcotráfico y la configuración de otras violencias derivadas del conflicto armado nacional, marcaron tiempos donde el terror y el miedo eran cotidianos y los impactos de la violencia eran inimaginables, al punto de que para 1.991 se llegó al pico de 6.809 víctimas de homicidio en la ciudad, la mayoría de ellos jóvenes que vivían en medio de la zozobra propia de la violencia.

Después de tanto dolor y pérdida, Medellín se fortaleció y emprendió acciones gracias a la resiliencia de sus habitantes y al deseo de cambio de la sociedad civil, los cuales, en articulación con entidades del Estado y del sector privado, construyeron dinámicas para el restablecimiento de la confianza y la participación ciudadana en asuntos públicos. La articulación fue determinante para buscar estrategias que permitieran medir y hacer seguimiento a las problemáticas de seguridad y convivencia, lo cual era clave para tomar mejores decisiones.

En medio de este proceso era muy difícil conocer los impactos de la violencia, pues, ante el elevado número de víctimas y la pluralidad de las fuentes, no se sabía exactamente la magnitud del problema, inicialmente en términos de homicidios. Es así como en 1997, el Ministerio de Justicia propuso que se homologara un sistema de información y análisis, que se materializó en 1999 luego de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgara un crédito condonable a la Alcaldía de Medellín para la implementación de políticas públicas de prevención y promoción en materia de seguridad y convivencia. Así, entre 2004 y 2005, se creó el Observatorio de la Violencia, con el fin de recolectar datos relacionados con los delitos del Código Penal colombiano y se acordó con las instituciones de seguridad y justicia un mecanismo que mantuviera actualizada la información.

En principio, la recolección de datos para el análisis de información y los mecanismos de financiación se hicieron difíciles. Por ello, en 2008 la administración municipal decidió crear formalmente el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), en el marco del Plan de Desarrollo Municipal, para fortalecerlo con la asignación de presupuesto y capacidades de análisis. Esto ha permitido hacer seguimiento a los principales indicadores de seguridad y convivencia en el territorio, con el fin de respaldar con evidencia técnica la toma informada de decisiones. Tal como lo plantea la Política Pública de Seguridad y Convivencia de la ciudad de Medellín, “el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia es la principal herramienta para la planeación estatal en el proceso de identificación y de reconocimiento público de situaciones percibidas socialmente como problemáticas en relación con la seguridad y la convivencia que requieren la atención gubernamental”.

El SISC ha direccionado su esfuerzo en la investigación y aplicación del conocimiento usando datos y metodologías innovadoras, lo que le ha permitido ser reconocido como un observatorio público con ejercicios de buenas prácticas en el ciclo de la política pública. Esto ha sido posible gracias a la configuración de un equipo interdisciplinario e interdependiente que realiza análisis especializados de datos, por medio de la utilización de métodos cualitativos y cuantitativos novedosos.

Vale la pena destacar una de las más recientes iniciativas del SISC para el reconocimiento del sexo, la identidad de género y la orientación sexual en los indicadores de homicidios y delitos sexuales, registros sobre los que se tiene una incidencia directa desde el sistema. Así, el SISC cuenta con una clara diferenciación de las categorías de Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas (OSIGD) para integrar espacios de análisis y discusión sobre violencias basadas en género. ello le ha permitido asumir un rol técnico en espacios como el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, la Subcomisión de clasificación de feminicidios, el Comité coordinador municipal de violencias sexuales, la Mesa de seguimiento de casos priorizados del Centro de Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual y la Mesa de Casos Urgentes de la población LGBTI.

De esta forma la experiencia del SISC da cuenta de la importancia de comprender los fenómenos de seguridad y convivencia, con procesos técnicos y científicos, soportando con evidencia las decisiones e intervenciones, a través de potentes diagnósticos del contexto de la ciudad, con una apuesta por mejorar las políticas públicas de seguridad y convivencia ciudadana. Este tipo de observatorios abren la posibilidad para que las ciudades generen acciones focalizadas y diferenciadas, acompañadas de la posibilidad de validación y evaluación, propiciando así las correcciones necesarias y aportando un fuerte sustento para la toma informada de decisiones.

Si deseas saber más sobre el SISC, accede a este enlace: https://bit.ly/3v55sqr

Las palabras “estrategia” y “estratégico” es algo que nos evoca siempre al ámbito militar, quizá porque históricamente las mayores movilizaciones de recursos de la humanidad han sido, por desgracia, para la guerra, y tener una buena estrategia es algo que puede inclinar la balanza en el campo de batalla. Hace miles de años que los líderes militares lo saben.

No hace mucho tiempo que hemos empezado a aplicar la “planificación estratégica” a otros ámbitos más pacíficos como los negocios o la gestión urbana, ya en la segunda mitad del siglo XX. Y a pesar de que la planificación estratégica urbana tiene ya más de 30 años de existencia, sigue siendo una práctica poco extendida en la gestión local, al menos en España.

La planificación estratégica es una herramienta que puede tener muchos usos y se puede aplicar a muchos campos: el militar, el empresarial, el territorial, el urbano, el organizacional, etc. Y las palabras “estrategia” o “estratégico” las usamos de manera cotidiana y las oímos a menudo en los medios de comunicación o en declaraciones políticas, empresariales o institucionales. No obstante, eso no quiere decir que siempre usemos estas palabras correctamente, ya que las solemos emplear como sinónimos de grandeza o importancia. De hecho, la RAE, en mi opinión, no acierta mucho en la definición de los términos. De todas las que propone, me quedo con la acepción de “estratégico/a” como “De importancia decisiva para el desarrollo de algo”, aunque yo sustituiría “desarrollo” por “consecución”.

Hoy en día, a muchos de los planes sectoriales que la administración aprueba se les pone la calificación de “estratégico” sin haber sido elaborados con metodologías de planificación estratégica. Y cabe preguntarse: ¿qué es realmente estratégico? Y no es una pregunta baladí. Cuando en el Ayuntamiento de Pamplona quisimos lanzar un proceso de propuesta de proyectos “estratégicos” hicimos un esfuerzo por determinar claramente qué significa aplicado a nuestro caso: que contribuya a los objetivos acordados, que incorpore los valores horizontales, que integre las distintas políticas sectoriales, que suscite consenso social, que sea viable, que promueva la cooperación y que tenga un elevado potencial transformador. A esta conclusión llegamos, que no quiere decir que sea la correcta, pero seguro que al menos se aproxima.

Como he mencionado anteriormente, la estrategia se puede aplicar a muchos ámbitos, pero, para mí, hay dos tipos básicos de planificación estratégica: las que consiguen su propósito y las que no. En el ámbito empresarial, por ejemplo, es muy fácil comprobar si la estrategia ha tenido éxito o ha fracasado. Un ejemplo de fracaso sonoro es el de la empresa Kodak: dominadora del mercado fotográfico mundial durante décadas y creadora de la primera cámara digital (1975), Kodak ignoró los informes que decían que el futuro era la fotografía digital para centrarse en el revelado fotográfico. Cuando quiso reaccionar ya era tarde, y en 2012 la empresa quebró. Muy recomendable la lectura de este caso en este artículo de El Definido (Juan Reyes, 2016), del que me quedo con los tres aprendizajes: pensar “fuera de la caja”, no descuidar el “clima social” y tener capacidad de adaptación. ¿Podemos aplicarlo a las ciudades? 

En esta historia se produce un cambio tecnológico y social (de lo analógico a lo digital) que me hace reflexionar si la planificación estratégica urbana está adaptándose a los nuevos paradigmas sociales. En este sentido, me cuesta creer que los primeros planes estratégicos urbanos allá por los años 80 del siglo pasado recogieran preocupaciones muy actuales como la igualdad entre mujeres y hombres, la justicia social o la sostenibilidad ambiental. Es decir, desde la perspectiva de 2022 los primeros planes estratégicos urbanos no eran sostenibles porque no tenían como objetivo conseguir un desarrollo sostenible, ya que ni si quiera se usaba este concepto todavía.

Volviendo a la clasificación de los planes estratégicos que consiguen su objetivo y los que no, yo lo tengo claro: un plan estratégico urbano diseñado en 2022 debe ser sostenible si quiere ser de los primeros. Personalmente, siempre he mantenido que podemos hacer un plan estratégico urbano para alcanzar el objetivo que queramos. Pero si no tenemos en cuenta las tendencias e inercias sociales a nivel internacional, europeo y estatal, difícilmente vamos a tener éxito. Y esas tendencias a día de hoy se llaman: Agenda 2030, Pacto Verde Europeo, y Agenda Urbana Española, entre otras. En este marco deberían alinearse, en mi opinión, todos los planes estratégicos urbanos. ¿Alguien se imagina un plan estratégico urbano a día de hoy que persiga convertir una ciudad en la capital europea del carbón? Yo no.

La propia Agenda Urbana Española se autodefine como una herramienta estratégica, poniendo el foco en el proceso más que en el documento en sí. ¿Significa eso que todas las agendas urbanas aprobadas en España en el último año son planes estratégicos urbanos? Mucho me temo que no, por varias razones. La principal de ellas es que muchas agendas urbanas se han diseñado en meses por los apretados plazos de las ayudas recibidas. Y para que de verdad se asiente un proceso de gestión estratégica se necesitan años. Otro motivo que se puede aducir, es que la Agenda Urbana Española es muy amplia y cubre prácticamente todos los ámbitos de competencia municipal, haciendo que se diluyan los esfuerzos, cuando lo estratégico persigue precisamente concentrarlos.

Sin embargo, y aunque esto sea cierto, la Agenda Urbana Española constituye un marco y una oportunidad excelente para hacer verdaderos planes estratégicos urbanos sostenibles, ya que aterriza los Objetivos de Desarrollo Sostenible al contexto local español. Y así lo hemos hecho en Pamplona. Hemos tenido la suerte de que la Agenda Urbana Española se aprobara justo en el momento en que estábamos trabajando en un proceso de planificación estratégica urbana con el marco de la Agenda 2030 y los ODS. Y también hemos tenido el acierto como ciudad de pensar “fuera de la caja”, estar atentos al “clima social” y adaptarnos, como sugería el artículo sobre Kodak.

La Agenda Urbana Española no provee de herramientas ni metodologías estratégicas concretas, pero constituye un marco validado internacionalmente con el que alinear las estrategias locales perfectamente compatible con los procesos estratégicos urbanos.

Pamplona inició en 2016 un camino de largo recorrido con la creación de la Oficina Estratégica y comenzó un proceso de planificación estratégica en 2018, con el asesoramiento y apoyo de CIDEU, y con la Agenda 2030 y los ODS como marco de referencia. En este marco tenía situarse necesariamente la visión de la ciudad en 2030 sin necesidad de tener que cubrir o dar respuesta a todos los objetivos o metas de la Agenda 2030, ya que también se pueden trabajar desde las políticas sectoriales. En este camino nos encontramos por suerte con la Agenda Urbana Española que ofrecía un marco todavía más concreto y adaptado a la realidad municipal.

Nuestra experiencia nos dice que los procesos de planificación estratégica no están reñidos con la Agenda Urbana. Más bien al contrario, son complementarios. Así, creemos que la gestión estratégica local debe integrar la Agenda Urbana, y el desarrollo de Agendas Urbanas Locales debe usar metodologías y técnicas de planificación estratégica. Tarea en la cual el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) tiene mucho que aportar a las ciudades.

Luego de la pandemia y frente al consenso sobre la importancia de los ámbitos locales y de proximidad en las ciudades, surgen varios escenarios de oportunidad que trazan un camino para la planificación estratégica urbana ligado a los barrios y las economías populares.

La pandemia y la proximidad

En ciudades como Bogotá, los resultados epidemiológicos estuvieron correlacionados con la segregación socioespacial de los barrios. Entre más segregación, mayor la probabilidad de contagio y letalidad del SARS-Cov-2 (ver Alfonso, 2022). El llamado de las autoridades locales a permanecer en cuarentenas prolongadas y evitar desplazamientos, se dio en un contexto de desigualdad que alertó sobre la urgencia de gestionar lo local.

Como respuesta a la crisis social y económica, los gobiernos a lo largo del mundo ajustaron sus reglas fiscales y aumentaron el gasto público; una medida necesaria. Del enfoque de gasto depende el resultado contracíclico, que busca recuperar la senda de valor agregado, priorizar sectores intensivos en empleo y lograr una mayor redistribución

Sobre el gasto público para la reactivación

En ese contexto, Bogotá ha privilegiado la inversión en grandes obras de infraestructura como apuesta de reactivación. La construcción de troncales de sistemas de transporte público (BRT y componentes férreos) concentra las principales decisiones presupuestales y de endeudamiento.

Sin embargo, en un contexto volátil y de incertidumbre internacional, apostar a sectores que tienen alta dependencia de la importación de materiales, insumos y maquinaria, genera un encarecimiento general de precios y presupuestos de obra poniendo en riesgo su ejecución.

En Colombia, según la estructura de costos de la construcción de infraestructura pesada, los materiales y la maquinaria pueden representar más del 50% del gasto total de una obra (DANE, 2021). Estos rubros están expuestos a mayor volatilidad por incertidumbre del comercio internacional y la devaluación del peso colombiano.

Entonces ¿Cuál es el enfoque que mejor contribuye a recuperar la economía y generar mayores efectos distributivos y de inclusión?

La respuesta es el mejoramiento integral de barrios y las economías populares.

A través de obras menores que cualifican la infraestructura de movilidad y de espacio público, al tiempo que mejoran la calidad de las viviendas y el tejido económico local, se pueden detonar mayores efectos distributivos, no solo por la mayor ocupación de mano de obra y la menor demanda de materiales y maquinaria de alta complejidad, sino porque al cualificar los ámbitos barriales y de proximidad, se potencian las relaciones de intercambio social y económico y se logra mayor vitalidad local.

En mi investigación sobre este tema, he encontrado que la intervención de mejoramiento integral de barrios detona procesos económicos que pueden ser potenciados, siempre y cuando la acción urbanística incluya el tejido económico y opere en la consolidación, transformación o creación de lugares para el intercambio y la vida comunal.

Es decir, la intervención de mejoramiento integral debe promover el aumento de los activos disponibles para el soporte de actividades económicas. A través de una propuesta de diseño urbano que combine la intensidad de los flujos con la posibilidad de permanencias para el intercambio, se conforman tejidos complementarios de la estructura económica, que no tienen la masa crítica suficiente para considerarse una aglomeración, pero que garantizan proximidad en el acceso a bienes y servicios básicos.

La actuación urbanística que opera sobre el tejido económico barrial y local

Incorporar en las propuestas de diseño urbano el tejido económico y trascender de la mejora de soportes urbanísticos (calles, parques) a la cualificación de la estructura económica, promueve la vitalidad y aumenta las oportunidades para la generación de empleo, ingresos y nuevas rentas. Así no solo se garantiza la inclusión social a través de la mejora de soportes, servicios públicos y equipamientos sociales, sino que se transita hacia la inclusión productiva que es condición para la superación de la pobreza monetaria en los hogares de los barrios populares.

Un programa de transformación y mejoramiento barrial podría incluir dentro de sus metas la apertura de locales comerciales, a través de la adecuación de la vivienda bajo un concepto de vivienda productiva. También la construcción de paseos comerciales que articulen espacios públicos y corredores peatonales. La generación de hitos de encuentro y espacios para el consumo y el intercambio, como esquinas vitales o centros culturales.

Cualificar el tejido económico e intensificar el intercambio comercial, social y cultural a escala barrial, genera paulatinamente un motor de movilidad económica y cohesión social.

Dentro de las referencias ineludibles está Jorge Jáuregui y su estudio Atelier, quien ha insistido en la relevancia de los centros de generación de empleo y renta en ciudades como Guadalajara o Río de Janeiro, dentro de los programas urbanos que desarrolla.

Finalmente, superar la ortodoxia de la aglomeración económica y reconocer en las economías barriales y locales un tejido económico incipiente pero esencial, permite identificar ámbitos de intervención en el marco de los programas de mejoramiento integral, que tienen un alto potencial para convertirse en el epicentro de la reactivación económica y la redistribución de las oportunidades en las ciudades luego del retroceso generado por la pandemia.