Ciudades, COVID-19

La cooperación entre ciudades en tiempo de crisis

Retos y oportunidades de la cooperación descentralizada para mejorar la anticipación, la respuesta colectiva y la construcción de una gobernabilidad global


Los impactos que se derivan de la emergencia global del COVID-19 traen grandes lecciones para todos los países y ciudades, pero especialmente para aquellas economías y sistemas sanitarios que hasta la fecha eran considerados sólidos y estables y que, desde la lejanía, percibían las desigualdades y la pobreza estructural como algo ajeno a sus territorios. Los países más desarrollados necesitan una radical, rápida y efectiva adaptación a nuevo escenario global que requerirá de un gran esfuerzo colectivo. Un gran esfuerzo por adaptarse a los cambios de paradigma global y de desarrollo humano sostenible en el marco de una redefinición clara de las lógicas norte-sur, aunque comúnmente aceptadas como desfasadas, y también del resurgir de nuevas formas de cooperación sur-sur y sur-norte.

Un escenario en el que la cooperación descentralizada deberá también adaptarse y retomar, revisar y redefinir muchos de los principios sobre los cuales se construye, poniendo en valor la innovación local, los procesos productivos, los recursos del territorio, las comunidades, y nuevos tipos de relaciones en el espacio local. Enfocando esfuerzos en cómo transitar hacia la creación de espacios urbanos basados en sistemas, no sólo productivos sino también relacionales y comunitarios más sostenibles y más inclusivos, equilibrados, co-empoderados, cooperativos y capaces de conectar, compartir e intercambiar como respuesta colectiva a los cambios del paradigma global.

La cooperación entre ciudades puede brindar un espacio de articulación multi-actor que fortalezca este marco de gobernanza y elevar a un nivel político las energías, sinergias e iniciativas socio-comunitarias y que la emergencia de la crisis del COVID-19 nos recuerda que son una fortaleza del espacio local. Nuevas prioridades, lógicas y actuaciones colectivas surgen y seguirán surgiendo en respuesta a desigualdades acrecentadas por nuevas demandas sociales, económicas, políticas, sanitarias, etc. La importancia del derecho a la ciudad, el rol del espacio local y el resurgimiento de nuevas formas de municipalismo van a verse reimpulsadas por movimientos de base haciendo más comprensible la necesidad de preservar bienes comunes globales y los procesos, lógicas, circuitos y redes humanas que subyacen. Las solidaridades que están surgiendo y que seguirán surgiendo en los próximos tiempos nos muestran que el COVID-19 y la emergencia global que ha desatado no es el problema y que su solución debe hacerse de forma colectiva a pesar de la incertidumbre del contexto futuro.

Predecir y construir un futuro tras esta crisis global requiere además de una revisión profunda sobre el modelo de vida, el liderazgo colectivo para la solidaridad espontánea, las soluciones que desde las diferentes ciudades y comunidades se están poniendo de relieve, y sobretodo un enfoque renovado de esa Agenda 2030 que tanto liderazgo multilateral sumó y que ahora parecería necesitar, con más apremio que nunca, una revisión urgente de los pilares que la fundaron, de la arquitectura internacional sobre la cual se construyó y de nuevas relaciones más recíprocas y horizontales, primando el valor de determinados actores que quedaron ciertamente en un papel más reducido.

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¿Cómo puede ayudar la recuperación de plusvalías a la materialización de la planificación estratégica urbana?

En 1994, Donald Shoup, un reconocido investigador estadounidense, describió una anomalía fundamental en la relación entre las políticas de suelo urbano y la generación de infraestructura pública: “¿Por qué es tan difícil financiar una infraestructura pública que eleva el valor de la tierra servida mucho más que el costo de la propia infraestructura? (Shoup, 1994, p. 236). Casi tres décadas después, dicha anomalía continúa presente en las ciudades iberoamericanas y tiene una estrecha relación tanto con la recuperación de plusvalías urbanas como con la Planificación Estratégica Urbana, ya que muchos gobiernos locales, al implantar proyectos estratégicos de infraestructura urbana, invierten una gran cantidad de recursos públicos que, a pesar que pueden generar diversos impactos positivos en las áreas estratégicas sobre las que se pretende intervenir (CIDEU, 2018), en la mayoría de los casos también producen un aumento significativo en el valor en los suelos urbanos donde se implantan. Pero, vale preguntarse: ¿Cuál es la anomalía presente en esta situación?

Uno de los defectos o fallas que se presenta en los mercados de suelo urbano en las ciudades iberoamericanas es el enriquecimiento sin justa causa que se materializa en el momento en que el Estado, representado por los gobiernos locales, no recupera los incrementos en el valor de los terrenos urbanos que son generados por actuaciones propias de la función pública del urbanismo, tales como la construcción de obras públicas, la modificación de normas urbanísticas que permiten la incorporación de terrenos rurales al perímetro urbano, el aumento de la edificabilidad y el desarrollo de usos más rentables. De esta manera, las municipalidades desaprovechan el enorme potencial que representa articular adecuadamente las políticas urbanas, la recuperación de plusvalías y la gestión de la estrategia urbana.

A pesar que lo descrito anteriormente es una característica general del desarrollo urbano en América Latina (Jaramillo, 2008), algunas ciudades en Brasil y Colombia han podido superar estas anomalías utilizando instrumentos de recuperación de plusvalías para financiar nuevas intervenciones estratégicas. Uno de los casos más sobresalientes es el de la ciudad brasileña de Sao Paulo, en la que a través de una adecuada y continuada articulación entre políticas urbanas e implementación de mecanismos de captura de valor de suelo relacionados con la venta de derechos de construcción (como los Certificados de Potencial Adicional de Construcción –CEPAC– utilizados en las Operaciones Urbanas Consorciadas –OUC– y la Otorga Onerosa del Derecho de Construir –OODC– implementada en buena parte del área urbana), ha permitido recaudar más de 2.000 millones de dólares entre 2001 y 2017 (Pérez-Moreno, 2018, p. 270) y asegurar la financiación de más 8.000 viviendas de interés social como resultado de las OUC, de las cuales casi 2.000 estaban construidas en 2016 (Pérez-Moreno, 2016, p. 13).

Otras de las ciudades en las que se han utilizado instrumentos de recuperación de plusvalías urbanas para impulsar iniciativas estratégicas son Bogotá y Medellín, en Colombia. Estas dos ciudades tienen una larga tradición de utilización de la contribución de valorización. En Medellín, este instrumento se utilizó para financiar una buena parte de la infraestructura vial de la ciudad durante el siglo XX (Borrero, 2014) y continúa utilizándose para tal fin. Adicionalmente, desde el año 2003, en Bogotá se implementó el cobro de la participación en plusvalía, un mecanismo estipulado en la legislación colombiana que permite capturar hasta un 50% del incremento en el valor del suelo generado por las alteraciones en la normativa urbanística y por la construcción de obras públicas. Mediante este instrumento, hasta 2016, la ciudad había recuperado más de 12 millones de dólares (Pérez-Moreno, 2018, p. 216). Instrumentos como el reajuste de terrenos, utilizado en Colombia en el marco de los denominados Planes Parciales, también fueron implementados en Bogotá desde 2003, permitiendo convertir los incrementos en el valor del suelo resultantes del mismo proceso de urbanización en cargas urbanísticas, tales como la cesión gratuita de suelo y la construcción de vías, parques y equipamientos, así como la obligación de destinar el suelo y construir viviendas de interés social.

Estos son apenas dos casos que demuestran que la adecuada articulación entre políticas urbanas, recuperación de plusvalías y planificación estratégica urbana tiene un enorme potencial para transformar la calidad de vida de nuestras ciudades. Además, juega un papel fundamental en la materialización del proyecto de ciudad que se define colectivamente en el marco de los criterios de concurrencia y gobernanza que deben regir la planificación estratégica de la ciudad (CIDEU, 2018).

Referencias.

Borrero, O. (2014). La contribución de valorización o mejoras en la experiencia Colombiana: Revisitando prejuicios. En: Smolka, M.; Furtado, F. (Ed.) Instrumentos notables de políticas de suelo en América Latina. Ecuador: Lincoln Institute of Land Policy (pp. 23-29).  Recuperado de https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/instrumentos-notables-politicas-de-suelo-america-latina-full_0.pdf

Jaramillo, S. (2008). Reflexiones sobre la “informalidad” fundiaria como peculiaridad de los mercados del suelo en las ciudades de América Latina. Revista Territorios, (vol. 18), 11-53.

Pérez-Moreno, O. (2016). As Operações Urbanas Consorciadas em São Paulo e a materialização de justiça socioespacial por meio da construção de Habitação de Interesse Social entre 2001 e 2016.  IV Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – (ENANPARQ). Porto Alegre, Brasil. Recuperado de https://enanparq2016.files.wordpress.com/2016/09/s40-05-perez-o.pdf

Pérez-Moreno, O. (2018). A recuperação de mais-valias fundiárias urbanas e a materialização de justiça socioespacial em Bogotá e São Paulo: Um objetivo, dois casos e um resultado (Tesis Doctoral en Arquitectura y Urbanismo). Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro.

Shoup, D. (1994). Is underinvestment in public infrastructure an anomaly? En: Jones, G.; Ward, P. (Ed.) Methodology for land and housing market analysis, Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy. London: UCL Press.

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Ciudades, Urbanismo Inclusivo

La ciudad feminista

Una ciudad feminista es una ciudad donde caben todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Es una ciudad construida con la mirada de las mujeres, no solo para incorporar las necesidades de las mujeres en el diseño urbano, sino porque la mirada de las mujeres integra la mirada de la comunidad y de los cuidados. Observar la ciudad con ojos de mujer es fijarse en las calles por las que no puede pasar una silla de ruedas, un cochecito de bebé o una persona mayor, porque normalmente son mujeres quienes acompañan y cuidan a estas personas. Es darse cuenta de dónde falta un banco para poder estar atenta a los niños mientras juegan. En definitiva, construir la ciudad con mirada feminista es transformar la ciudad para poner la vida en el centro.

Durante demasiado tiempo, las ciudades se han construido alrededor de dos figuras: el coche privado y el hombre de clase media, profesional que aparentemente no depende de nadie más que de él mismo. Esto es una gran mentira, porque todas las personas somos vulnerables e interdependientes. Ese hombre profesional que recorre la ciudad en su coche no podría hacerlo sin el trabajo invisible de cuidados que realizan las mujeres, sobre todo las de clases populares. Una ciudad feminista pone en el centro a estas personas, y a todas las que lo necesitan, con servicios públicos amplios que atiendan las necesidades básicas de alimentación, salud, educación y vivienda, derechos cada vez más cuestionados por los gobiernos neoliberales de varios países de la esfera iberoamericana. Ante unos estados que a menudo renuncian a su responsabilidad de garantizar los derechos de la ciudadanía, las ciudades están asumiendo un rol central como espacios de cuidado y protección de derechos civiles y sociales, sobre todos de colectivos como el LGTBI o de aquellos vecinos y vecinas migrantes que no tienen reconocidos los derechos de ciudadanía del país en el que viven y trabajan.

La ciudad feminista también es una ciudad que protege el medio ambiente, porque es la base material sobre la que se desarrollan nuestras vidas. Las ciudades concentran a una proporción cada vez mayor de la población mundial y producen gran parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, que han provocado la actual emergencia climática. Además, consumen masivamente recursos energéticos, alimentarios y de otros tipos que provienen de las zonas rurales. La buena noticia es que las ciudades pueden pasar de ser parte del problema a ser parte de la solución, y algunas ya lo están haciendo. Promover el transporte público y reducir el privado, peatonalizar calles o incrementar los puestos de trabajo en el sector de los cuidados – bajo en emisiones contaminantes – son ejemplos de políticas feministas que mejoran la vida de las personas y además reducen la huella ecológica de las ciudades.

Organizaciones como CIDEU son centrales para promover los cambios que necesitan nuestras ciudades, porque promueven el intercambio de conocimientos sobre problemas comunes y buenas prácticas para resolverlos. El siglo XXI ya es el siglo de las ciudades, hagamos que sea el siglo de las ciudades feministas.

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