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Desafíos estratégicos de las ciudades latinoamericanas frente al fenómeno de la metropolización

El rápido crecimiento demográfico y la acelerada urbanización de América Latina ha conllevado a la necesidad de repensar la manera en que se dan las interacciones municipales, así como las dinámicas socioeconómicas, ambientales y político-institucionales en los territorios.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la región latinoamericana es la más urbanizada del mundo. De 100 personas, 80 residen en el área urbana, motivadas por la búsqueda de empleo, generación de mayores ingresos, vivienda, educación, refugio de la violencia u otros.

El alto crecimiento de la urbanización ha implicado relacionamientos y conurbaciones por limitantes topográficas e hidrológicas entre municipios, que en muchos casos se han ido institucionalizado como áreas metropolitanas.

El fenómeno de la metropolización es visto como una oportunidad de desarrollo, pero también como una fuente de nuevos desafíos según Eduardo Rojas y otros, en su libro “Gobernar las metrópolis”.  Considerando las diferentes dimensiones del desarrollo territorial, se resumen algunos de los desafíos estratégicos de las ciudades latinoamericanas frente al fenómeno de la metropolización:

1. Desafíos vinculados al desarrollo sociocultural

En las ciudades latinoamericanas cada vez más se incrementan problemáticas de tipo social por necesidades insatisfechas en materia de educación, salud, seguridad y provisión de servicios básicos. Estos pueden verse traducidos en un alza a la incidencia de comportamientos antisociales, cometimiento de delitos y actividades criminales, la desintegración social, así como desigualdad en el acceso a beneficios del desarrollo urbano.

Un tema social al que se debe prestar especial importancia es lo referente a la migración, no solo desde el campo hacia la ciudad, sino también entre países, en busca de mejores oportunidades de vida o huyendo de la violencia social (por ejemplo, desplazamiento forzado por pandillas o “caravanas de migrantes” desde Centroamérica hacia Estados Unidos).

2. Desafíos vinculados al desarrollo económico

Un desafío importante es la reducción de desigualdades entre aquellos municipios que poseen más y menos recursos para financiar políticas de desarrollo. Resolver esta situación es crucial pues la desigualdad económica y estructural en la que se encuentran las ciudades latinoamericanas genera injusticias y desequilibrios en la calidad de vida urbana.

Asimismo, se deben atender problemáticas vinculadas con la productividad y regularización de actividades informales con una lógica metropolitana. En esta región, las actividades económicas informales son usualmente ejercidas por mujeres de diferentes edades que, por bajos niveles educativos, necesidad de cuidar a niños, niñas, personas adultas mayores o con discapacidades, no tienen acceso a empleos formales y se autoemplean o subemplean en condiciones precarias.

Relevante es disminuir la creciente dispersión de empleos en el área urbana de cara a vincular de mejor manera a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas con los mercados, plataformas logísticas de transporte, exportación y también considerar la disrupción digital como un hecho que no requiere que las empresas estén localizadas en las áreas centrales de las ciudades.

Otro desafío sustancial es la relación urbano- rural y la posibilidad de polos de desarrollo fuera de las áreas metropolitanas, para así equilibrar la alta concentración de actividad económica, social y político-institucional con una lógica de complementariedad con la ruralidad.

3. Desafíos vinculados al desarrollo ambiental

En clave de pensamiento y planificación estratégica, es importante considerar la importancia de la promoción de la sostenibilidad ambiental en las ciudades latinoamericanas. Esto, porque la urbanización ha generado una serie de presiones en los recursos naturales, como el suelo, agua y aire, que indiscriminadamente han sido sobre explotados, degradados o contaminados. Por ejemplo, la contaminación de ríos y quebradas, la contaminación del aire por alto tráfico, entre otros.

La exploración y puesta en marcha de acciones a nivel metropolitano que impulsen el uso de energías alternativas, nuevas tecnologías, que promuevan la producción de manera responsable, el cambio en los patrones de consumo, la gestión del riesgo, desarrollo de la capacidad de resiliencia y mitigación del cambio climático, serán claves para la sostenibilidad de las ciudades.

4. Desafíos vinculados al desarrollo político e institucional

Más allá de la institucionalización de las áreas metropolitanas, el principal desafío radica en el establecimiento de la gobernanza y gobernabilidad en ella, considerando la tensión entre los distintos niveles de gobierno y las implicancias en términos de poder que significa ceder autonomía. En las ciudades latinoamericanas, son el gobierno central y los gobiernos locales los responsables de permitir/consolidar la región y gobiernos metropolitanos.

Otro desafío importante es la captación y administración de recursos a nivel metropolitano para lograr atender necesidades sociales, promover el desarrollo económico, y todo ello de manera transparente, para no derrochar recursos y articular de manera más eficiente entre los diferentes actores presentes en los territorios.

Contar con esta armonización de marcos normativos y jurídicos de ordenamiento y desarrollo territorial entre los diferentes niveles de gobierno permitirá fluir de mejor manera los procesos que se impulsen de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.

De igual relevancia es el reto de propiciar el apropiamiento de la identidad metropolitana, motivar la participación de la ciudadanía e impulsar procesos de inteligencia colectiva y comunicación en las ciudades.

¿Por dónde empezar?

Si bien son muchos y variados los desafíos estratégicos que las ciudades latinoamericanas frente al fenómeno de la metropolización, es importante comenzar por ir abordando lo que es posible desde las competencias, responsabilidades y recursos con las que actualmente cuentan. En la actualidad, las nuevas tecnologías y conectividad a internet han abierto la posibilidad de aprender unas ciudades de otras, compartir metodologías, conocimientos y experiencias.

Aquellas ciudades que están en proceso de metropolización deben contar con información actualizada y precisa sobre las problemáticas socioculturales, económicas, ambientales y político-institucionales. Asimismo, deben conocer los actores y acciones que ya se están implementando en los territorios, cartografiar los problemas y planificar de manera participativa con la ciudadanía los escenarios posibles, así como las rutas críticas para lograr consensos, priorizaciones, gestionar los recursos, co crear soluciones y así ir avanzando en la solución de dichos problemas. Por esto, es fundamental considerar el pensamiento y planificación estratégica como herramientas claves para el diseño, implementación y evaluación de la estrategia urbana.

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La ciudad próxima, un modelo urbano y ecológico

La ciudad heredada del crecimiento desmesurado del pasado siglo es un lugar, de lugares, que debe cambiar su modelo para recuperar el carácter de “civitas” y dejar de ser un espacio inhóspito. No todo aquello construido, no todo aquello donde vivimos, puede considerarse ciudad, se han perdido algunos de los valores fundamentales y se ha dado paso, demasiado frecuentemente, a la especulación inmobiliaria en detrimento de las personas, creando periferias innecesarias.

© Edu Bayer

Hoy nos preocupa planear las grandes ciudades, entendiendo que hemos sobrepasado los límites y hablamos de las metrópolis como territorios sin solución. El problema no está en el gran tamaño sino en volver a reconocer la proximidad. La ciudad del futuro debe ser entendida como un conjunto de barrios y de relaciones, y no como una megaestructura. ¿Por qué no una metrópolis de barrios próximos?

La proximidad será fundamental para el reencuentro y el reuso de nuestro hábitat. La mayoría de los desplazamientos diarios que realizamos son injustos socialmente y son el reflejo de un modelo insano de ciudad. Nos deberíamos preguntar ¿Cómo debe ser la movilidad futura? Y la respuesta más innovadora es que no será necesario movernos, que viviremos en proximidad y que tendremos en nuestro entorno todo aquello que necesitamos para la vida cotidiana. Lo hemos visto en muchos casos, en muchas ciudades durante este tiempo de pandemia y teletrabajo.

En mi opinión, este es el camino que hemos de tomar, hemos de cambiar radicalmente el modelo urbano a través de una nueva pedagogía, más inclusiva y ecológica, que nos devuelva la ciudad como espacio útil para vivir. La ciudad próxima es, sin ninguna duda, un modelo urbano y ecológico para habitar.

Si pensamos la ciudad como una suma de barrios, que deben asimilarse a las células mínimas de funcionamiento urbano, lo primero que debemos es definir cómo son y qué hay en ellos. Serán espacios con características comunes arquitectónicas y urbanísticas, a la vez que unidades básicas de estructura y función de la ciudad y por lo tanto serán los elementos más pequeños que podemos considerar en el territorio.

Un barrio no es una delimitación administrativa, sino un espacio funcional al servicio de la convivencia de las personas. Las primeras consideraciones serán su dimensión y su número de habitantes. Un barrio tendrá una dimensión lógica de proximidad y por lo tanto será un lugar caminable. Poco importa si los desplazamientos son de 10, 15 o 20 minutos, lo que hay que asegurar es que sean para la vida cotidiana. Un barrio será, también, un lugar con densidad de población y de actividades. En este será aceptable aplicar la teoría económica de la “rosquilla” para trabajar con una mentalidad nueva para afrontar retos que en esencia reinventen la forma en que creamos valores y compartirlos desde un principio y así oscilar, sin complejos, entre la base social y el techo tecnológico.

La habitabilidad del lugar es el síntoma principal a tener en cuenta. Un lugar próximo lo es si vivimos en él. La vivienda es el primer objetivo a tener en cuenta. Hay que reutilizar el parque construido, actualizándolo, densificándolo si es necesario y mixtificando sus actividades y usos. Y esto lo debemos aplicar en los centros urbanos y en sus periferias. Cualquier lugar de la ciudad debe reencontrar su potencial y valor independientemente de su posición geográfica. Consideraríamos que los estándares mínimos de proximidad de darán en aquellos territorios donde cada ciudadano disponga de 3/5 equipamientos esenciales cercanos a su vivienda, un verde urbano, con árboles, conectado a la estructura de verdes de la ciudad y una estación de transporte público que le conecte al sistema general urbano.

Las dotaciones nos aseguraran la capacidad de la proximidad. Debemos definir estándares de equipamientos tanto en su vertiente más urbanística, de planificación, como en su vertiente social de servicio. Hay que definir qué equipamientos consideramos esenciales y cuáles han de tener indiscutiblemente carácter público, las edades de uso de cada servicio y la distribución territorial, así como el porcentaje de personas al que dan servicio cada uno de ellos. Hay muchos estándares, debemos ser capaces de tener herramientas para encontrar los apropiados para nuestra ciudad. Por lo general, a mayor distribución sobre el territorio y con una mejor escala intermedia lograremos unos efectos más positivos y regeneradores.

La movilidad interna a cada barrio deberá ser entendida como ecomovilidad si hablamos de un modelo de proximidad, es decir, preferencia absoluta de la gente y entender el volver a caminar como un valor esencial. Ello no nos debe hacer pensar en crear calles peatonales y llenarlas de terrazas de bares, sino en aplicar modelos que signifiquen adoptar escalas mayores a las de la manzana actual y promover los usos mixtos de la calle para que esta no sea exclusivamente un lugar de paso sino un espacio también para estar. Ello nos lleva a pensar en la creación de sistemas y subsistemas urbanos. A la vez que repensamos las redes de transporte público y colectivo para desplazamientos urbanos eficientes. Una ciudad empezaría a ser próxima cuando por lo menos el 50% de la población de cada barrio pueda desarrollar su vida cotidiana en él, sin largos desplazamientos urbanos o interurbanos.


© AL PHT Air Picture TAVISA

La naturaleza, será el tercer parámetro a tener en cuenta y no me refiero a los grandes parques que darán un ecoservicio urbano. Hablamos que aquellos espacios próximos, con árboles y con unas dimensiones modestas, e intermedias a escala urbana, que constituyen una nueva relación con las personas y que pueden reurbanizar espacios que hoy cumplen otras funciones.

Todo ello constituye un cambio de modelo urbano a corto y medio plazo. En el que hay que construir menos y reutilizar más. Debemos pensar en el derecho a vivir en la ciudad y entender este como uno fundamental que nos aproxime a una pedagogía que recupere valores y que enorgullezca a las personas. Hay que equipar la ciudad para que tenga valor y vocación de hábitat y hacerlo con sentido social. Debemos movernos con lógica solamente si es necesario y de manera colectiva y por lo tanto potenciar las redes de transporte público en detrimento del automóvil. Debemos recuperar la calle como el nuevo espacio urbano y convertirla en el paradigma de la ciudad más saludable y por ello hay que abrirla a la gente, quitarle vehículos privados y naturalizarla.

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ACI Medellín: El poder de las alianzas con el mundo para impulsar el desarrollo sostenible

La pospandemia a la que América Latina se enfrenta, representa uno de los desafíos más grandes de los últimos años para nuestro continente. Este contexto no solo nos lleva a replantear las estrategias de internacionalización, sino a ampliar la visión y las acciones comunes que debemos acoger para enfrentar las consecuencias que nos deja la pandemia.

Para las personas que no sepan, Medellín es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, con índices de desigualdad social aún enormes, y esto sin duda, representa un reto inmenso para la planeación urbana estratégica de la ciudad. La redensificación, la lucha por la igualdad social y territorial, así como pensar el territorio en clave de ciudad región, son imperativos para construir una ciudad y Área Metropolitana más equilibrada y socialmente más incluyente. Es claro que esa redensificación debe sortear grandes retos con cohesión social, el espacio deseable por metro cuadrado por persona, zonas verdes y más espacio público, tal como lo contempla la línea estratégica del Plan de Desarrollo 2020-2023 Medellín Futuro que no es otra cosa que hacer de Medellín una Ecociudad.

Para Medellín los escenarios adversos ya son conocidos, nos levantamos de un pasado complejo y doloroso con base en voluntad y trabajo conjunto entre la academia y el sector público y privado, y es gracias a ello que es reconocida en el mundo por ser una ciudad resiliente e innovadora. Hoy Medellín se proyecta como una urbe más sostenible, con una vocación económica que fortalece la educación y la innovación en sectores de la Cuarta Revolución Industrial.

Nuestro rol en la Medellín Futuro

En la ACI Medellín creemos en el poder de las alianzas con el mundo para lograr el desarrollo sostenible y construir un mejor lugar para la gente. Este enunciado es nuestra fuente de inspiración para sumarnos al desarrollo de la ciudad. Las herramientas para lograrlo son dos: cooperación internacional para comparar estrategias urbanas con otros territorios y evidenciar lo que nos funciona y lo que no, mediante intercambio de conocimiento; y la atracción e inversión extranjera para fortalecer el desarrollo económico y generar empleos y oportunidades para los/as medellinenses.

En esas dos vías nos movemos, con la particularidad de ser una agencia de cooperación e inversión con presupuesto 100% público y la única en cooperación a nivel de agencia en el país. Ambos conceptos en la entidad los ponemos a conversar para lograr espacios de conexión con las empresas instaladas en la región, por su interés de hacer inversión de impacto al desarrollo y cumplir con metas de la agenda 2030.

La rareza de la composición de nuestra agencia también es nuestra fortaleza. La cooperación internacional es más fuerte desde un punto descentralizado, esa modalidad ha permitido que los gobiernos locales ganen experiencia y ha dinamizado las estrategias de internacionalización.

En el caso de la ACI Medellín, tener autonomía para la gestión en la cooperación nos ha permitido dialogar directamente con otras ciudades y gobiernos, y por ello hemos obtenido grandes resultados a favor de numerosos proyectos de inclusión social, educación, movilidad y seguridad, entre otros. La cooperación descentralizada es vital para nuestras ciudades, ya que estamos más cercanos a la población y a sus problemáticas.

Actualmente la agencia goza de muy buena reputación porque adicional a construir relaciones de confianza con aliados internacionales, lo hacemos a nivel nacional y local. Somos un actor que convoca y que le deja a la ciudad importantes beneficios que se evidencian en el indicador de Retorno de la Inversión (ROI), que señala que por cada peso invertido en el funcionamiento de la ACI Medellín, se reportan a la ciudad 261 pesos en inversión y 7 en cooperación.

¿Hacia dónde va la cooperación internacional?

En la ACI Medellín llevamos esta estrategia hacia la cooperación triangular. Es paradójico, aunque la ciudad mantiene problemas de desigualdad, su crecimiento y carácter metropolitano con cerca de 4 millones de habitantes, así como la experiencia ganada en el tiempo, llevan a que la ciudad no sea priorizada por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) como receptora de cooperación financiera.

La evolución de Medellín ha sido notoria y por eso debemos adaptarnos al nuevo entorno de la cooperación, a los flujos y a las nuevas mecánicas de triangulación que nos permitan intercambiar buenas prácticas. Adicional a esto, desde el año pasado Colombia pertenece formalmente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y esto conlleva otras obligaciones y a que nos vean de otra forma.

En el esquema de cooperación triangular tenemos muchas experiencias para compartir con otras ciudades en temas como: movilidad sostenible, resiliencia, construcción de paz, cultura y educación. Medellín ha sido un laboratorio de experiencias vivas que aún tiene mucho para ofrecerle a otras ciudades.

Reflexiones y retos

Si la cooperación está disminuyendo para países de renta media, ¿significa que las agencias de cooperación están perdiendo protagonismo? ¿O les toca interpretar el contexto y hacer cosas distintas?

Creemos que lo segundo. Como lo explicaba en líneas anteriores sobre el enfoque de la cooperación, también tenemos retos por delante como hacer una efectiva evaluación del impacto que tiene la cooperación y la inversión extranjera directa en el territorio.

La desigualdad social en Colombia se mantiene, todavía pueden verse en Medellín asentamientos informales que nos llevan a pensar en innovar para hacer barrios más dignos. Las agencias de cooperación de Latinoamérica debemos estar integradas a la nueva agenda urbana e incidir en la planeación de un modelo urbano más sostenible y adecuado para las personas.

En materia de atracción de inversión, la reflexión que dejo es la promoción de proyectos que sean coherentes con el desarrollo territorial. Esto lo venimos haciendo con la búsqueda de empresas de base tecnológica que sumen a la estrategia de Valle del Software.

En un mundo tan cambiante, la labor de las agencias de cooperación será encontrar soluciones a problemas comunes como el cambio climático y ahora más reciente, la recuperación social después de la pandemia. La Covid-19 dejará huecos no solo en la economía sino en los tejidos sociales de nuestra población, el desempleo o las afectaciones a la salud mental deberán ser un norte para enfocar estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de nuestra gente.


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Ciudades CIDEU, COVID-19

“#Quédate en casa” Imposible para los más pobres

Las fisuras sociales se hacen más visibles en tiempos de crisis. Si bien en esta pandemia todos recomiendan #QUÉDATE EN CASA, para muchos la cuestión es ¿EN CUÁL CASA?, pues tener acceso a una vivienda adecuada y cumplir las recomendaciones sanitarias para prevenir la propagación de la COVID-19 es imposible para muchas familias en el mundo y especialmente en el sur global.

Esta es una invitación a repensarnos como sociedad aprovechando el estado de emergencia y diseñar propuestas para restructurar el apoyo estatal a la vivienda, con soluciones que sirvan a las personas de menores recursos.

En el marco del pensamiento estratégico, la vivienda debe ser considerada como una infraestructura de atención fundamental[1], no solo para sobrevivir a esta crisis sanitaria, sino para poder redireccionar el futuro de las ciudades hacia entornos más saludables y a sus comunidades hacia sistemas socioeconómicos perdurables.

En Colombia, el Censo 2018 muestra que el 36.6% del total de hogares está en déficit habitacional (5.2 millones), de los cuales 1.6 millones están en hacinamiento (5 o más personas por dormitorio); siendo éste solo uno de los aspectos de la grave crisis habitacional que vivimos y que es generalizada en América Latina.

Figura 1: “No hay que mirar muy lejos para darse cuenta de que la ciudad en la que vivimos está llena de infraviviendas”. Fuente: CITU experiencia local – CDMB. Estudio Asentamientos precarios del Área Metropolitana de Bucaramanga- Colombia.

Pensando estratégicamente sobre estas desigualdades, una alternativa es ampliar los tipos de vivienda que cuentan con subsidio estatal para incluir familias de escasos recursos, a las cuales el sistema financiero considera “no aptas para crédito” y por ende, el mercado formal no les ofrece productos.

Como los recursos económicos son escasos, debemos aprovechar esta crisis como oportunidad para restructurar la forma en que diseñamos y gestionamos hábitat de calidad para todos, cambiando la oferta de casas con áreas mínimas en entornos incipientes, que actualmente ofrece el mercado en proyectos subsidiados, por alternativas de calidad que lleguen a más familias. Pasar de solo pensar la unidad, a construir ciudad, aportando a la reducción de inquilinatos y frenando la oferta ilegal de suelo en barrios informales[2].

Es estratégico que los presupuestos públicos se redireccionen para ofrecer barrios que desde su construcción ofrezcan un urbanismo de calidad, entornos con calles completas, parques, equipamientos y mezcla de usos; que favorezca la integración social y espacial de las comunidades y de éstas con la ciudad. Que sus viviendas tengan buenos estándares de habitabilidad, con diseños que permitan flexibilidad de los espacios, entendiendo la vivienda no como mercancía o producto cerrado, sino como un proceso en continuo desarrollo, donde el sujeto que la habita y su calidad de vida sean el foco de atención, viviendas progresivas o incrementales.

Es imperativo promocionar la oferta formal de barrios con viviendas que interpretan la forma en que históricamente las familias han ido moldeando su entorno habitacional privado y aumentando el área construida para desarrollar sus actividades, es decir, comunidades de vivienda incremental.

La incrementalidad no es algo nuevo. En los años 60s-70s, con apoyo del Banco Mundial, se ejecutaron en Latinoamérica muchos programas de desarrollo progresivo o lotes-con-servicios (Vivienda-incremental 1.0), como el proyecto PREVI en Perú, o Guacamayas y Ciudad Bachué en Colombia).

Figura 2: Algunos asentamientos informales se consolidaron adecuadamente, pero otros conservan mala calidad de entorno y crecen sus casas hasta límites que ponen en riesgo a sus habitantes . Fuente: las citadas.

A inicios del siglo XXI estos procesos son reinterpretados por Alejandro Aravena en proyectos de relocalización de comunidades en Chile, proponiendo casas que crecían a partir de “la mitad de una buena casa” (Vivienda-incremental 2.0).

En 2020, y a raíz de las crecientes desigualdades sociales que esta pandemia acentúa, en el equipo de investigación de “Idónea Consultoría” proponemos la construcción de barrios de vivienda incremental de tercera generación (3.0), con uni/bi/multifamiliares en densidades medias, localizados no solo en suelos periféricos sino también en zonas pericentrales de renovación urbana, con urbanismo completo y de calidad, donde se ofrezcan unidades de vivienda en doble altura, con una estructura espacial polivalente que permitan flexibilidad o desarrollo progresivo y crecimiento al interior, donde fácilmente el propietario pueda hacer un entrepiso para duplicar el área construida inicial, pasando así de núcleos de vivienda mínima a buenas “casas de clase media”[3] que además incrementan su valor de cambio y el patrimonio familiar.

Para desarrollar estos proyectos es fundamental la activa participación del Estado y la asistencia técnica de grupos de arquitectos-urbanistas-academia, que instruyan a sus habitantes sobre técnicas constructivas, materialidad y respeto del espacio público, para lograr barrios con hábitat de calidad donde las viviendas no quedan limitadas por la escasez inicial de recursos, sino que evolucionan en el tiempo adaptándose a los modos populares de moldear el entorno, posibilidades económicas y composición de las familias que los habitan.

Figura 3: Un ejemplo de vivienda incremental 3.0. Fuente: Elaboración propia Idónea Consultoría.

El éxito de la financiación y gestión estatal de estos nuevos hábitats dependerá de la decidida aplicación de los instrumentos de planificación y gestión del suelo, para el caso colombiano contemplados en la Ley 388 de 1997, como el anuncio de proyecto, declaratoria de utilidad pública, participación en plusvalías, control de precios del suelo, declaratorias de desarrollo o construcción prioritaria, entre otros.

Esta pandemia de la Covid-19 puede ser una oportunidad estratégica para ofrecer nuevas alternativas de provisión de hábitat para los hogares de menores ingresos, como las comunidades de vivienda incremental, promoviendo la participación directa del Estado en su provisión a través de subsidios, diseños urbanísticos-arquitectónicos innovadores y materiales que aporten a la sostenibilidad global. Hábitats que, además, pueden ser replicados en muchos entornos Latinoamericanos.


[1] C. Ortiz y C. Boano. Stay at home housing as a pivotal infrastructure of care. https://blogs.ucl.ac.uk/dpublog/2020/04/06/stay-at-home-housing-as-a-pivotal-infrastructure-of-care/

[2] Más del 50% del crecimiento de las ciudades y municipios colombianos es de origen informal, según un estudio realizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en conjunto con el Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia, 2019.

[3] Parafraseando a Alejandro Aravena.

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¿Cómo puede ayudar la recuperación de plusvalías a la materialización de la planificación estratégica urbana?

En 1994, Donald Shoup, un reconocido investigador estadounidense, describió una anomalía fundamental en la relación entre las políticas de suelo urbano y la generación de infraestructura pública: “¿Por qué es tan difícil financiar una infraestructura pública que eleva el valor de la tierra servida mucho más que el costo de la propia infraestructura? (Shoup, 1994, p. 236). Casi tres décadas después, dicha anomalía continúa presente en las ciudades iberoamericanas y tiene una estrecha relación tanto con la recuperación de plusvalías urbanas como con la Planificación Estratégica Urbana, ya que muchos gobiernos locales, al implantar proyectos estratégicos de infraestructura urbana, invierten una gran cantidad de recursos públicos que, a pesar que pueden generar diversos impactos positivos en las áreas estratégicas sobre las que se pretende intervenir (CIDEU, 2018), en la mayoría de los casos también producen un aumento significativo en el valor en los suelos urbanos donde se implantan. Pero, vale preguntarse: ¿Cuál es la anomalía presente en esta situación?

Uno de los defectos o fallas que se presenta en los mercados de suelo urbano en las ciudades iberoamericanas es el enriquecimiento sin justa causa que se materializa en el momento en que el Estado, representado por los gobiernos locales, no recupera los incrementos en el valor de los terrenos urbanos que son generados por actuaciones propias de la función pública del urbanismo, tales como la construcción de obras públicas, la modificación de normas urbanísticas que permiten la incorporación de terrenos rurales al perímetro urbano, el aumento de la edificabilidad y el desarrollo de usos más rentables. De esta manera, las municipalidades desaprovechan el enorme potencial que representa articular adecuadamente las políticas urbanas, la recuperación de plusvalías y la gestión de la estrategia urbana.

A pesar que lo descrito anteriormente es una característica general del desarrollo urbano en América Latina (Jaramillo, 2008), algunas ciudades en Brasil y Colombia han podido superar estas anomalías utilizando instrumentos de recuperación de plusvalías para financiar nuevas intervenciones estratégicas. Uno de los casos más sobresalientes es el de la ciudad brasileña de Sao Paulo, en la que a través de una adecuada y continuada articulación entre políticas urbanas e implementación de mecanismos de captura de valor de suelo relacionados con la venta de derechos de construcción (como los Certificados de Potencial Adicional de Construcción –CEPAC– utilizados en las Operaciones Urbanas Consorciadas –OUC– y la Otorga Onerosa del Derecho de Construir –OODC– implementada en buena parte del área urbana), ha permitido recaudar más de 2.000 millones de dólares entre 2001 y 2017 (Pérez-Moreno, 2018, p. 270) y asegurar la financiación de más 8.000 viviendas de interés social como resultado de las OUC, de las cuales casi 2.000 estaban construidas en 2016 (Pérez-Moreno, 2016, p. 13).

Otras de las ciudades en las que se han utilizado instrumentos de recuperación de plusvalías urbanas para impulsar iniciativas estratégicas son Bogotá y Medellín, en Colombia. Estas dos ciudades tienen una larga tradición de utilización de la contribución de valorización. En Medellín, este instrumento se utilizó para financiar una buena parte de la infraestructura vial de la ciudad durante el siglo XX (Borrero, 2014) y continúa utilizándose para tal fin. Adicionalmente, desde el año 2003, en Bogotá se implementó el cobro de la participación en plusvalía, un mecanismo estipulado en la legislación colombiana que permite capturar hasta un 50% del incremento en el valor del suelo generado por las alteraciones en la normativa urbanística y por la construcción de obras públicas. Mediante este instrumento, hasta 2016, la ciudad había recuperado más de 12 millones de dólares (Pérez-Moreno, 2018, p. 216). Instrumentos como el reajuste de terrenos, utilizado en Colombia en el marco de los denominados Planes Parciales, también fueron implementados en Bogotá desde 2003, permitiendo convertir los incrementos en el valor del suelo resultantes del mismo proceso de urbanización en cargas urbanísticas, tales como la cesión gratuita de suelo y la construcción de vías, parques y equipamientos, así como la obligación de destinar el suelo y construir viviendas de interés social.

Estos son apenas dos casos que demuestran que la adecuada articulación entre políticas urbanas, recuperación de plusvalías y planificación estratégica urbana tiene un enorme potencial para transformar la calidad de vida de nuestras ciudades. Además, juega un papel fundamental en la materialización del proyecto de ciudad que se define colectivamente en el marco de los criterios de concurrencia y gobernanza que deben regir la planificación estratégica de la ciudad (CIDEU, 2018).

Referencias.

Borrero, O. (2014). La contribución de valorización o mejoras en la experiencia Colombiana: Revisitando prejuicios. En: Smolka, M.; Furtado, F. (Ed.) Instrumentos notables de políticas de suelo en América Latina. Ecuador: Lincoln Institute of Land Policy (pp. 23-29).  Recuperado de https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/instrumentos-notables-politicas-de-suelo-america-latina-full_0.pdf

Jaramillo, S. (2008). Reflexiones sobre la “informalidad” fundiaria como peculiaridad de los mercados del suelo en las ciudades de América Latina. Revista Territorios, (vol. 18), 11-53.

Pérez-Moreno, O. (2016). As Operações Urbanas Consorciadas em São Paulo e a materialização de justiça socioespacial por meio da construção de Habitação de Interesse Social entre 2001 e 2016.  IV Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – (ENANPARQ). Porto Alegre, Brasil. Recuperado de https://enanparq2016.files.wordpress.com/2016/09/s40-05-perez-o.pdf

Pérez-Moreno, O. (2018). A recuperação de mais-valias fundiárias urbanas e a materialização de justiça socioespacial em Bogotá e São Paulo: Um objetivo, dois casos e um resultado (Tesis Doctoral en Arquitectura y Urbanismo). Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro.

Shoup, D. (1994). Is underinvestment in public infrastructure an anomaly? En: Jones, G.; Ward, P. (Ed.) Methodology for land and housing market analysis, Cambridge, MA: Lincoln Institute of Land Policy. London: UCL Press.

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