Debemos diferenciar el urbanismo del proyecto. Aunque a veces se ha dicho que unos buenos proyectos de arquitectura, localizados estratégicamente, hacen al fin un buen urbanismo. La “acupuntura urbana” que tanto se ha utilizado en Barcelona es una clara muestra de ello. Sin embargo, hoy estamos hablando de cuestiones diferentes. El mal llamado urbanismo táctico, hace que todo el mundo se entienda, pero en la realidad existe una gran diversidad de acciones y muchas no tienen nada de táctica, ni de urbanismo. Esta herramienta tiene indudables valores si sabemos por qué la aplicamos, dónde lo hacemos y, en especial, los motivos de la actuación. Al menos, deberíamos establecer 7 principios básicos para que un proyecto sea considerado táctico:

1. El carácter universal del uso y la facilidad de ejecución son sin duda unas cualidades indispensables que nos aproximan a lo que debería ser el proyecto táctico. Universal entendido como para todas las personas, para ser usado de forma colectiva y cotidiana sin restricciones y donde sólo el lugar definirá las limitaciones. La capacidad de ejecución será el complemento. Un proyecto táctico es una idea que ejecutamos y como tal, debe ser precisa y concisa para ser bien comprendida.

2. No existen proyectos tácticos si éstos no parten de la gente. Las administraciones pueden ejecutarlos y concretarlos, pero el impulso de las personas será definitivo. En especial para validar su necesidad de implantación y para verificar el uso correcto del lugar que la ciudadanía conoce con precisión. El arquitecto lo interpretará haciendo un proyecto, sin necesidad de adjetivos.

3. No queremos, no debemos, embellecer la ciudad con la táctica. No se trata de poner colores en el suelo, ni de realizar siempre intervenciones artísticas. En la modestia está su virtud y su capacidad para convertirse en una estrategia. Un proyecto táctico es el primer escalón para iniciar un cambio de modelo urbano en el espacio público. Si no buscamos esta finalidad, sólo será un pavimento absurdo coloreado.

4. La temporalidad y la adaptación al cambio serán su esencia. No se trata de realizar un proyecto estructural que nos indique cómo podemos repensar la ciudad, sino que es un paso previo a cómo rehacerla con un nuevo sentido y huyendo de viejos eslóganes. En realidad, un proyecto táctico nunca estará terminado ya que es un tránsito hacia una nueva situación.

5. La ciudad está llena de nuevas oportunidades y los proyectos tácticos son una de ellas para definir un nuevo modelo más naturalizado y especialmente con mayor biodiversidad. Aquí volvemos a la idea de no embellecer, sino de volver a formular el espacio público con nuevos valores y para unas nuevas situaciones quizás todavía poco concretas. Donde hoy encontramos un automóvil mañana puede haber un árbol.

6. Con demasiada frecuencia, se confunde el bajo coste con el proyecto táctico. Yo diría que esta cuestión es indiferente al proyecto que tendrá que costar lo necesario para conseguir su ejecución. Un proyecto no es bueno por su presupuesto, lo es por sus valores culturales y sociales, es decir, por su arquitectura.

7. Un proyecto táctico es un proyecto incluido en una estrategia de ciudad extensa, diversa y que puede ubicarse donde sea necesario del territorio. No puede ser una excepción en el centro de la ciudad o una fotografía bien tomada.

En resumen, los proyectos tácticos, hoy en día, son una herramienta necesaria para proponer un cambio rápido en el modelo urbano del espacio público de nuestras ciudades. Pero, para que sean realmente eficaces han de alejarse de falsos mitos y han de dejar de reproducir imágenes falsamente estéticas que encontramos en internet. Los proyectos han de significar nuevas situaciones que nos avancen hacia una ciudad más próxima, un lugar más cotidiano donde la gente pueda realizar sus actividades diarias con una mayor confortabilidad y equidad. La ciudad del mañana ha de ser un hábitat saludable donde los índices de proximidad definidos por el espacio público, la intensidad de los equipamientos y la cercanía al transporte público, serán los garantes de unos nuevos estándares urbanos más sostenibles.

La necesidad de transformar la ciudad en un momento de emergencia climática es un hecho presente que no podemos eludir y para ello debemos aplicar todos los instrumentos que tengamos a nuestro alcance. Un nuevo diseño del espacio público es básico ya que en este reside, en gran parte, la capacidad de la ciudad en generar ciudadanía. La inversión en el espacio público, por parte de las administraciones siempre es rentable si genera lugares urbanos y con capacidad para ser espacios próximos, cotidianos y adaptables. El proyecto táctico ha de responder a estas necesidades y provenir de la voluntad de las personas. Hoy debemos ser activistas y corresponsables de una transformación urbana que nos acerque a una ciudad con un nuevo modelo de vida ecológico.

Ecuador es uno de los pocos países que constitucionaliza el Derecho a la Ciudad, procurando con ello un Estado garantista de derechos que determine directrices para la política urbana, en las que se establecen la función social y ambiental de la ciudad, y el bien común sobre el beneficio individual.

Lefebvre (1978) define que el Derecho a la Ciudad “sólo puede formularse como derecho a la vida urbana, transformadora, renovadora”, transformación que no es posible si persisten las desigualdades, la inequidad y las violencias. Sin duda, la única forma de tener ciudades renovadas, será a partir de enfrentar a la desigualdad y erradicar las violencias, que se concentran en los sectores más empobrecidos y en grupos de atención prioritaria que suman vulnerabilidades, y que se expresan en el territorio.

Harvey considera que, más que un derecho a acceder a los recursos que tiene la urbe, supone el derecho a plasmar, cambiar o reinventar el modelo de ciudad con nuestros deseos (2013). Nos obliga a exigir, a los gobiernos nacional y local, el cumplimiento constitucional y un mayor compromiso desde lo local para la concreción, efectivización, y el posibilitar el ejercicio pleno de los derechos en las ciudades.

Las ciudades son el resultado de una planificación generada por hombres blancos, mestizos, desde “realidades de privilegio” y desde vivencias en la ciudad, acceso a infraestructura, servicios, movilidad y espacio público.

Estas lógicas, distantes a la mayoría de la población, dan como resultado una planificación que vulnera y suma violencias que inician desde el desconocer las necesidades, individuales y colectivas, de adultos mayores, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas en movilidad humana y grupos LGBTIQ+.

La ciudad no está pensada para incluir, ni se ha construido desde la prioridad social, ha prevalecido su producción material, política y de significados en la lógica de economía de comercio, y no a economía de cuidados. La ciudad responde al capital y deja de lado lo escencial, su construcción sobre la base de los derechos y, con ello, la lucha contra la mayor violencia que es la exclusión.

Varias ciudades latinoamericanas comparten esta condición de segregación socio-espacial que con la pandemia se ha evidenciado desgarradoramente, y se ha amplificado con desempleo, aumento de brechas y debilitamiento del Estado, evidenciado en la reducción o desaparición de servicios de protección.

La compresión del desafío de establecer nuevos significados en la producción social del hábitat, que prioricen el ejercicio pleno de derechos permitirá enfrentar las violencias.

Quito, es la primera ciudad en Ecuador que se compromete a ser libre de violencia de género (2019) y, en un segundo momento (2022), ir hacia una ciudad libre de racismo, discriminación y todas las formas conexas de intolerancia; por lo que entendemos que:

• Para erradicar todas las formas de violencia, discriminación, racismo y xenofobia hay que indagar y evaluar las fuentes estructurales de reproducción, para adoptar políticas públicas eficaces y mitigar las causas que las generan, y afectan ámbitos familiares, laborales, educativos, políticos y sociales.

• Una cultura sin violencia de género, racismo, discriminación o intolerancia solo será viable si se reducen las brechas económicas y de inclusión social, siendo necesario establecer políticas públicas y acciones en los ejes de educación, empleo, salud, participación sociopolítica, comunicación y cultura.

• Adoptar y ejecutar políticas públicas tendientes a desterrar todas las manifestaciones de violencia de género, discriminación, racismo y la intolerancia, exige compromiso y esfuerzos compartidos de actores públicos, de sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.

El debilitamiento de los servicios, ha impulsado a generar legislación para la erradicación de trabajo infantil, cuyas cifras develan que son mayoritariamente las niñas las que trabajan. Esta visibilización pretende ir hacia políticas públicas de ciudad que destierren prácticas naturalizadas.

Proteger a los adultos/as mayores, afectados por violencia patrimonial, desde la primera Junta del país de Protección especializada en mujeres y adultos mayores con el objeto de establecer medidas administrativas de inmediato cumplimiento.

La violencia que sufren los adultos y adultas mayores pertenecientes a pueblos y nacionalidades, ha permitido que las y los estibadores, tricicleros y cuidadores de carga tengan normas que reconocen, dignifican y regulan su trabajo, reconociendo la interculturalidad de migrantes internos que se autoidentifican indígenas, que han dejado sus tierras y que se han encontrado con falta de reconocimiento, discriminación y explotación desde trabajos exigidos y demandantes en esfuerzo físico cuyo reconocimiento económico es mínimo (3 centavos de dólar por quintal).

Las nuevas luchas, deben refundar significados, garantizar derechos desde el reconocimiento y compromisos claros a escala local:

• Recuperar la confianza en los gobiernos y sobre todo en la política, especialmente en la feminización de la política desde otra perspectiva que incluye la comprensión de la vida, de los cuidados, de la igualdad, de los hijos e hijas, de las diversidades, de la tercera edad.
• Construir confianza con la acción y las voces de los no visibles, desde la diversidad, lo popular, lo rural, con representación plurinacional y multiétnica; recuperar y acercar la construcción de políticas públicas, construir cercanía y valoración de la acción que asume las reparaciones y las acciones afirmativas como una prioridad.
• Prioridades desde los compromisos con: la erradicación de las violencias, en particular la estructural e institucional, y la violencia política. Compromisos con el ambiente, los ODS, bienes comunes, diversidad, lucha contra la discriminación, racismo, acceso a los derechos y movilidad humana.
• Centrarnos en cómo hacer posible el buen vivir en igualdad sin violencias.

Nos inspiran las voces de quienes no han sido escuchados; que nos exigen urgentes acciones, que nos reclaman sobre la demora en actuar. Queremos seguir sumando militantes para consolidar un futuro comprometido, estructurado y centrado en quienes debemos escuchar.

Comprender de dónde venimos, nuestras historias desde la diversidad y visibilizar a los invisibles, en donde la crisis de los cuidados en las mujeres indígenas y afrodescendientes se basa en la distribución sexual y social del trabajo, con un componente adicional, la biologización de la raza que pretende justificar la explotación indiscriminada.

La violencia se expresa también en los cuidados, que están concentrados en las mujeres y más aún en las mujeres afrodescendientes (60% de estos trabajos los hacen mujeres afroecuatorianas), nos enfrenta a una sociedad racializada e inequitativa en donde esta crisis de cuidados va más allá del envejecimiento de la población y el incremento de la natalidad; con el transcurrir del tiempo las mujeres esclavizadas fueron “domesticadas” al servicio de la casa.

Poner en el centro a los seres humanos, a trabajar por la igualdad de derechos, por un hábitat que facilite relaciones sociales y una lucha permanente e incansable por erradicar las violencias, el racismo y la discriminación, hace que la política pública se enfoque hacia la generación de nuevos urbanismos, hacia el fortalecimiento de organizaciones sociales, líderes y líderesas barriales en toda su diversidad y condición etárea para encaminarnos hacia ciudades de cuidados, ciudades cuidadoras que priorizan las necesidades de quienes han estado olvidados.

El camino de la construcción social del hábitat, del bien común sobre el individual, de la función social y ambiental de la ciudad para alcanzar el buen vivir, no será posible, si no atacamos las causas estructurales que nos impiden vivir en equidad, entendiendo que, para ello, el enemigo es la desigualdad y con ello la pobreza, el desempleo, el racismo y la xenofobia.

Los sistemas regulatorios de las naciones y los gobiernos locales se sustentan, sin duda, en sus plexos jurídicos de base, y por ello, analizar cada situación resulta compleja por las características propias de los sistemas republicanos y democráticos de los países. Sin embargo, las constituciones modernas (América Latina, Caribe, UE) han logrado en muchos casos poner en la agenda pública los temas urbanos y metropolitanos, en un proceso de constante cambio, actualización y reformulación, para facilitar el desarrollo y la calidad de vida, y servir como hoja de ruta de las inversiones públicas y privadas. Ese proceso, a la vez, ha derivado en numerosos marcos legales y guías de políticas públicas complementarios, que han acompañado los planes de desarrollo y crecimiento de los estados y, claro está, de sus gobiernos locales.

El proceso de globalización y las tendencias mundiales dan cuenta de una creciente urbanización, en particular en América Latina, con porcentajes de población urbana superiores al 70%. Argentina es uno de los países más urbanizados del mundo y el segundo más urbanizado de América Latina, con una población urbana que alcanza el 92% del total[1].

El tema urbano se ubica en un lugar destacado en la agenda pública de los países, en particular de sus gobiernos locales (regiones, provincias, municipios) y es hoy el gran desafío que enfrenta la sociedad para adaptarse a los retos que impone siglo XXI, transitando la IV Revolución Industrial[2].

El crecimiento urbano (no siempre homogéneo) nos conduce sin atajos a establecer marcos regulatorios modernos que otorguen seguridad y estabilidad jurídica[3]. Contar con una guía sobre Política Nacional Urbana es un buen comienzo para definir, entre otros, los lineamientos de ordenamiento territorial[4] y desarrollo regional, y establecer un Plan Estratégico Territorial, como marco de referencia para la inversión pública y privada, que faciliten el desarrollo equitativo y sustentable de las comunidades.

La planificación estratégica de los gobiernos locales tiene como objetivo complementar y no suplantar la planificación urbana tradicional. La gestión territorial incluye la planificación y la regulación, que nos permite abordar y enfocarnos en el desarrollo humano como aspecto central (calidad de vida, hábitat, vivienda, empleo, educación y salud)[5].

Las nuevas formas de gestión pública sostenible, incluyen la promoción de las ciudades hacia el exterior, la promoción interna de la ciudad, la innovación política y administrativa, la innovación en las tecnologías de gestión pública y la actualización de las regulaciones. Una gestión renovada, flexible, orientadora, dinámica de anticipación y estratégica[6].

Muchas veces la ausencia de instrumentos jurídicos y de gestión integrales, ha sido un obstáculo para que los gobiernos de los distintos niveles, puedan lograr la coordinación y articulación, para gestionar y planificar las ciudades y su territorio.

La Política Nacional Urbana (PNU), es una herramienta que permite a los estados, orientar el proceso de urbanización y constituye un instrumento guía que establece una visión clara y coordinada de las direcciones que deben tomar las políticas públicas en torno al desarrollo territorial de las ciudades, posibilitando una mayor y mejor coordinación vertical y horizontal[7].

El Plan de Acción Regional (PAR)[8] para la implementación de la Nueva Agenda Urbana en América Latina y el Caribe (2016-2036), surgió con el objetivo de tener un marco estratégico de política y herramienta de gobernanza. Promueve y fomenta un nuevo paradigma urbano que reconoce a la ciudad como un bien público que garantiza los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales de todos; y a la vez es una base que impulsa un marco de desarrollo de las ciudades pequeñas y emergentes, medianas y grandes y las áreas metropolitanas. Es sin duda un impulso para la elaboración de un proceso técnico sostenido en la construcción de bases legales, capacidades instituciones, procedimientos administrativos e instrumentos financieros modernos[9].

La Agenda 2030 (en particular los ODS 11 y 17) y la NAU-Hábitat III, son una hoja de ruta que establecen lineamientos que guiarán el desarrollo sostenible de nuestras ciudades en los próximos años, y permitirán mejorar la toma de decisiones.

Un buen ejemplo de sustentabilidad y sostenibilidad jurídica es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya su constitución (1996) establece políticas de estado, el Plan Urbano Ambiental, el Código de Planeamiento Urbano y el Plan Estratégico; y el Modelo Territorial Buenos Aires 2010-2060, que es un instrumento de diagnóstico, análisis y planeamiento urbano (con su matriz de indicadores urbanos) que plasma una visión de futuro del modelo de ciudad sustentable[10].

Este plexo jurídico de base contemporáneo, establece un marco de primer orden para los procesos de planeamiento. Es tan innovador, que le da rango constitucional a la creación del COPE (Consejo de Planeamiento Estratégico) como instrumento de planificación participativa, que cuenta con iniciativa legislativa. Un proceso innovador, eficiente y sostenible, para constituir a la Ciudad de Buenos Aires, en una Ciudad del Futuro.

Otro gran desafío, que reconoce cada vez más actualidad, son los marcos normativos de las áreas metropolitanas en América Latina, que superando colisiones institucionales y regulatorias ya no sean un mero título administrativo, sino que constituyan áreas territoriales de administración, coordinación, regulación, control y gestión de recursos específicos. Se destacan en América Latina los casos de Brasil, Colombia y México[11], en los que sus marcos legales constitucionales, dar fuerza, sustento y seguridad jurídica a los procesos de gobernanza metropolitana, que luego derivan en regulaciones complementarias de los gobiernos locales. Otros países cuentan con marcos regulatorios de diferente jerarquía (Argentina, Chile, Uruguay)[12].

Pero es necesario incorporar a estos procesos regulatorios, a las ciudades intermedias (pequeñas y medianas), que sin duda son el motor de transformación en el siglo XXI, como actores de la descentralización administrativa, que vienen consolidando sus procesos de planificación estratégica, alineados con las agendas globales.

Involucrar a las legislaturas locales en el debate y aprobación de los procesos de planificación estratégica participativa y agendas globales, permite consolidar políticas de estado. Es un proceso difícil, lento, pero no imposible[13].

Ningún modelo seguramente ha completado todos los procesos de regulación, articulación, implementación y diseño de herramientas de gestión que consolide el Derecho a la ciudad, con una reingeniería jurídica sustentable, pero podemos definir y compartir algunos marcos teóricos y líneas base, a saber:

Política Nacional Urbana – Planificación Estratégica Territorial – Ley y/o Modelo de Ordenamiento Territorial – Plan Urbano Ambiental – Marcos regulatorios sobre Inversión y Financiamiento (PPP, Iniciativa Privada, Plusvalías Urbanas) benchmarking, regulación de uso del subsuelo urbano, gestión de activos de infraestructura, indicadores de sustentabilidad urbana, monitoreo y control, áreas metropolitanas, cooperación descentralizada (multilateral/triangular)[14], agendas de cooperación-, agendas globales (Hábitat III/Agenda 2030), entre otros.

Las “megaciudades” (más de 10 millones de habitantes) se destacan por su complejidad, dinamismo y estructuras sólidas, ya que muchas cuentan con marcos regulatorios modernos en los temas referidos. La asignatura pendiente es impulsar las ciudades intermedias (las ciudades del futuro) a mejorar su estructura de planificación urbana con sus propias tipologías[15], y actualizar sus regulaciones para gestionar los territorios para el desarrollo urbano próspero y sostenible. La gestión de activos de infraestructura ágil, flexible, segura y equitativa permitirá el desarrollo de estas ciudades.

Este sintético ensayo busca ser un disparador para el debate, frente a la creciente urbanización, y en particular mostrar algunos ejemplos, entre otros, de cómo diferentes marcos regulatorios de nuestro entorno, van acompañando los procesos de planificación y desarrollo.

Lo urbano nos moviliza hacia una visión estratégica común, participativa y sustentable en lo regulatorio que nos permita enfrentar los retos de un mundo en crecimiento y desarrollo.

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[1] Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (2018) Argentina Urbana: Plan Estratégico Territorial, 1° ed. Argentina.
[2] Schwab, K. (2016) La cuarta revolución industrial. Ed. Debate.
[3] Declaración Iberoamericana CIDEU 2020.
[4] Leyes de OT. Ej: Prov. Bs.As.
[5] Ob.cit 1
[6] ROCCATAGLIATA, J.A. (2008) La Argentina: Una visión actual y prospectiva desde la Dimensión Territorial. Editorial EMECÉ. Buenos Aires.
[7] MIOPyV (2018) Política Nacional Urbana Argentina. En el marco del Convenio de Colaboración ONU Hábitat
[8] CEPAL, Naciones Unidas (2018) Plan de acción regional para la implementación de la nueva agenda urbana en América Latina y el Caribe, 2016-2036. CEPAL.
[9] Ob.cit 6
[10] Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Constitución (http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=166), Planes locales (https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-planificacion-territorial-y-coordinacion-de-obra-publica/planes-locales/caba)
[11] Costa, M.A., Lui L., Rebello S.T., (Cood.) (2002) Gobernanza Metropolitana en América Latina: un panorama de las experiencias contemporáneas desde una perspectiva comparada. CEPAL, Ipea.
[12] Argentina. Proyecto legislativo N° 2826-D-2020. Creación de la Agencia para la Región Metropolitana Buenos Aires. ECOM, Rosario, Argentina, ente metropolitano. Ley provincial N° 13.532/19 que regula las áreas metropolitanas en la Provincia de Santa Fe.
[13] Lanús, PBs.As. Ordenanzas N° 13039/20 (Plan Estratégico Visión 2030), N° 12766/19 (Agenda 2030) y N° 13238/21 (NAU-Hábitat III). Mar del Plata, N° 24296/19 (Adhesión Agenda 2030). Berazategui, Nº 5753/19 (Plan Estratégico / Agenda 2030). Entre otros.
[14] Argentina: Art. 124 de la CN(1994)
[15] CGLU (2017) GOLD IV: Co-creando el futuro urbano. La agenda de las metrópolis, las ciudades y los territorios.