Planear el futuro no es diferente a sentir esperanza, a ilusionarse con lo posible, a permear al del lado con ideas que toman fuerza desde la unidad y, que se convierten en una ruta y un camino. Cobra sentido, en este mundo cortoplacista, marcado por una pandemia, la crisis climática y los nuevos conceptos sobre gobernanza, encontrar un propósito integrador para hacer del futuro, un futuro viable.

Las posibilidades de lograrlo son infinitas. Desde 2021, comenzamos en Antioquia, el diálogo social más ambicioso, plural y diverso de la historia de este departamento, no fue tarea fácil convocar en medio de los confinamientos, pero sentimos con el pasar de los encuentros la ilusión de las comunidades, de los ahora más de 30 mil ciudadanos que participaron en más de 1.440 talleres, que han puesto sobre la mesa sus sueños y creen en la oportunidad de ser protagonistas de la transformación de sus territorios.

La Agenda Antioquia 2040 es un plan prospectivo que incluye los programas, proyectos e inversión para los próximos veinte años y un sistema de seguimiento y evaluación a mediano y largo plazo, además de la propuesta de un modelo de desarrollo territorial que tiene las regiones y sus capacidades como protagonistas.

Este gran diálogo nos ha reiterado la importancia de escuchar, del respeto, de implementar la no violencia como estrategia y de incorporar los datos a la realidad de cada territorio para la toma de decisiones estratégicas, pensadas por los ciudadanos y ciudadanas, los sectores sociales, productivos y económicos y el gobierno, en donde no existen los intereses particulares y la inspiración son los sueños de todas y todas. Pero, además, nos pone sobre la mesa la necesidad de reconocer las particularidades de cada municipio, la diversidad cultural, su potencial y los retos.

Lo más valioso es que éstos, aunque diferentes, terminan interconectados con los retos mundiales, esos desafíos que lograron que gobiernos locales y regionales reafirmaran su compromiso por la difusión y la implementación de agendas mundiales, que no pueden ser llevadas a cabo de manera aislada, para responder a esos desafíos se necesitan estrategias integradas y articuladas y sobre todo, localizadas.

Esto nos exige una gobernanza multinivel, en donde todos compartamos información y desde ese propósito integrador gestionemos de manera responsable y óptima las decisiones sobre el territorio. Implica no dejar a nadie por fuera del futuro, crear espacios para la co-creación y la validación, y compartir con la ciudadanía la planeación territorial, esa es la base de la Agenda Antioquia 2040, que conectada con otras agendas prospectivas está trazando el camino hecho con las manos y corazones de la sociedad antioqueña.  

El momento de las regiones, un nuevo modelo de desarrollo territorial.

La planificación del mundo ha pasado por muchas eras. Hoy estamos dejando de lado las grandes metrópolis y está llegando el momento de las regiones, la prioridad debe ser la protección de la vida urbana, rural y de los ecosistemas.

Poder realizar proyectos y programas de interés común, que generen impacto más amplio en los territorios y no solo en los municipios limítrofes, es una apuesta en la que deben estar comprometidos todos los gobiernos. Para ello, la asociatividad territorial es el mecanismo más idóneo para aprovechar potencialidades y superar “cuellos de botella” en la gestión del territorio, sin poner en riesgo la autonomía de cada municipio o departamento. Lo más importante es que partimos de la confianza, la gobernanza común, fomentamos la innovación, y pensamos proyectos desde la institucionalidad para que haya sostenibilidad en el tiempo.

Por eso, desde la Agenda Antioquia 2040, la ruta a largo plazo construida desde el diálogo social con todos los actores y fuerzas vivas del territorio, proponemos un modelo de desarrollo territorial, que desde tres ámbitos o áreas estratégicas permite ver Antioquia desde sus potencialidades andinas, pacífica y caribe. Justamente, el corazón de este sistema territorial o la médula, es una ciudad larga de cuatro corazones, que se configura con las subregiones Oriente, Valle de Aburrá, Occidente y Urabá.

Se plantea entonces un sistema de ciudades intermedias conectadas más allá de la tecnología y de las vías, sino articuladas con las instituciones y la oferta de las empresas privadas. Es decir, con una gobernanza que comprende las necesidades de la sociedad y que su planificación es sensible a ella; una gobernanza fortalecida desde lo regional, que deja atrás el modelo centralizado y escucha las voces de todos los territorios.

La tendencia de la planificación urbana y estratégica está enfocándose cada vez más a localizar las acciones en las pequeñas urbes para dar respuesta a las necesidades ciudadanas y dotar de capacidades el territorio.

Por ello, en el modelo de desarrollo territorial que proponemos desde la Agenda Antioquia 2040, que son los macroprocesos territoriales, lo que buscamos justamente es plantear esos polos o áreas estratégicas, que de manera global reconocen en el territorio unas oportunidades y que busca potenciarlas al máximo para que en el mediano y largo plazo logremos la equidad, que es sinónimo de desarrollo.

Se trata entonces de consolidar las regiones como ejes y esto se logra con el trabajo conjunto, no solo entre municipios, sino también entre las mismas regiones y también fortaleciéndose desde la asociatividad y el trabajo supradepartamental.

El mundo en el que vivimos exige continuamente de trabajo colaborativo, interdisciplinariedad, creatividad, innovación y comunicación asertiva, por ello, el diálogo es una oportunidad para planificar el territorio y utilizar la resiliencia del mismo para cerrar las brechas de inequidad. 

• Para conocer más sobre la Agenda Antioquia 2040 acceda a la nuestra página web: https://agendaantioquia.com/
• Para interactuar con los resultados del diálogo de la Agenda Antioquia 2040, los invitamos acceder al tablero de la participación territorial: https://bit.ly/3E74zTR

Debemos diferenciar el urbanismo del proyecto. Aunque a veces se ha dicho que unos buenos proyectos de arquitectura, localizados estratégicamente, hacen al fin un buen urbanismo. La “acupuntura urbana” que tanto se ha utilizado en Barcelona es una clara muestra de ello. Sin embargo, hoy estamos hablando de cuestiones diferentes. El mal llamado urbanismo táctico, hace que todo el mundo se entienda, pero en la realidad existe una gran diversidad de acciones y muchas no tienen nada de táctica, ni de urbanismo. Esta herramienta tiene indudables valores si sabemos por qué la aplicamos, dónde lo hacemos y, en especial, los motivos de la actuación. Al menos, deberíamos establecer 7 principios básicos para que un proyecto sea considerado táctico:

1. El carácter universal del uso y la facilidad de ejecución son sin duda unas cualidades indispensables que nos aproximan a lo que debería ser el proyecto táctico. Universal entendido como para todas las personas, para ser usado de forma colectiva y cotidiana sin restricciones y donde sólo el lugar definirá las limitaciones. La capacidad de ejecución será el complemento. Un proyecto táctico es una idea que ejecutamos y como tal, debe ser precisa y concisa para ser bien comprendida.

2. No existen proyectos tácticos si éstos no parten de la gente. Las administraciones pueden ejecutarlos y concretarlos, pero el impulso de las personas será definitivo. En especial para validar su necesidad de implantación y para verificar el uso correcto del lugar que la ciudadanía conoce con precisión. El arquitecto lo interpretará haciendo un proyecto, sin necesidad de adjetivos.

3. No queremos, no debemos, embellecer la ciudad con la táctica. No se trata de poner colores en el suelo, ni de realizar siempre intervenciones artísticas. En la modestia está su virtud y su capacidad para convertirse en una estrategia. Un proyecto táctico es el primer escalón para iniciar un cambio de modelo urbano en el espacio público. Si no buscamos esta finalidad, sólo será un pavimento absurdo coloreado.

4. La temporalidad y la adaptación al cambio serán su esencia. No se trata de realizar un proyecto estructural que nos indique cómo podemos repensar la ciudad, sino que es un paso previo a cómo rehacerla con un nuevo sentido y huyendo de viejos eslóganes. En realidad, un proyecto táctico nunca estará terminado ya que es un tránsito hacia una nueva situación.

5. La ciudad está llena de nuevas oportunidades y los proyectos tácticos son una de ellas para definir un nuevo modelo más naturalizado y especialmente con mayor biodiversidad. Aquí volvemos a la idea de no embellecer, sino de volver a formular el espacio público con nuevos valores y para unas nuevas situaciones quizás todavía poco concretas. Donde hoy encontramos un automóvil mañana puede haber un árbol.

6. Con demasiada frecuencia, se confunde el bajo coste con el proyecto táctico. Yo diría que esta cuestión es indiferente al proyecto que tendrá que costar lo necesario para conseguir su ejecución. Un proyecto no es bueno por su presupuesto, lo es por sus valores culturales y sociales, es decir, por su arquitectura.

7. Un proyecto táctico es un proyecto incluido en una estrategia de ciudad extensa, diversa y que puede ubicarse donde sea necesario del territorio. No puede ser una excepción en el centro de la ciudad o una fotografía bien tomada.

En resumen, los proyectos tácticos, hoy en día, son una herramienta necesaria para proponer un cambio rápido en el modelo urbano del espacio público de nuestras ciudades. Pero, para que sean realmente eficaces han de alejarse de falsos mitos y han de dejar de reproducir imágenes falsamente estéticas que encontramos en internet. Los proyectos han de significar nuevas situaciones que nos avancen hacia una ciudad más próxima, un lugar más cotidiano donde la gente pueda realizar sus actividades diarias con una mayor confortabilidad y equidad. La ciudad del mañana ha de ser un hábitat saludable donde los índices de proximidad definidos por el espacio público, la intensidad de los equipamientos y la cercanía al transporte público, serán los garantes de unos nuevos estándares urbanos más sostenibles.

La necesidad de transformar la ciudad en un momento de emergencia climática es un hecho presente que no podemos eludir y para ello debemos aplicar todos los instrumentos que tengamos a nuestro alcance. Un nuevo diseño del espacio público es básico ya que en este reside, en gran parte, la capacidad de la ciudad en generar ciudadanía. La inversión en el espacio público, por parte de las administraciones siempre es rentable si genera lugares urbanos y con capacidad para ser espacios próximos, cotidianos y adaptables. El proyecto táctico ha de responder a estas necesidades y provenir de la voluntad de las personas. Hoy debemos ser activistas y corresponsables de una transformación urbana que nos acerque a una ciudad con un nuevo modelo de vida ecológico.

Ecuador es uno de los pocos países que constitucionaliza el Derecho a la Ciudad, procurando con ello un Estado garantista de derechos que determine directrices para la política urbana, en las que se establecen la función social y ambiental de la ciudad, y el bien común sobre el beneficio individual.

Lefebvre (1978) define que el Derecho a la Ciudad “sólo puede formularse como derecho a la vida urbana, transformadora, renovadora”, transformación que no es posible si persisten las desigualdades, la inequidad y las violencias. Sin duda, la única forma de tener ciudades renovadas, será a partir de enfrentar a la desigualdad y erradicar las violencias, que se concentran en los sectores más empobrecidos y en grupos de atención prioritaria que suman vulnerabilidades, y que se expresan en el territorio.

Harvey considera que, más que un derecho a acceder a los recursos que tiene la urbe, supone el derecho a plasmar, cambiar o reinventar el modelo de ciudad con nuestros deseos (2013). Nos obliga a exigir, a los gobiernos nacional y local, el cumplimiento constitucional y un mayor compromiso desde lo local para la concreción, efectivización, y el posibilitar el ejercicio pleno de los derechos en las ciudades.

Las ciudades son el resultado de una planificación generada por hombres blancos, mestizos, desde “realidades de privilegio” y desde vivencias en la ciudad, acceso a infraestructura, servicios, movilidad y espacio público.

Estas lógicas, distantes a la mayoría de la población, dan como resultado una planificación que vulnera y suma violencias que inician desde el desconocer las necesidades, individuales y colectivas, de adultos mayores, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas en movilidad humana y grupos LGBTIQ+.

La ciudad no está pensada para incluir, ni se ha construido desde la prioridad social, ha prevalecido su producción material, política y de significados en la lógica de economía de comercio, y no a economía de cuidados. La ciudad responde al capital y deja de lado lo escencial, su construcción sobre la base de los derechos y, con ello, la lucha contra la mayor violencia que es la exclusión.

Varias ciudades latinoamericanas comparten esta condición de segregación socio-espacial que con la pandemia se ha evidenciado desgarradoramente, y se ha amplificado con desempleo, aumento de brechas y debilitamiento del Estado, evidenciado en la reducción o desaparición de servicios de protección.

La compresión del desafío de establecer nuevos significados en la producción social del hábitat, que prioricen el ejercicio pleno de derechos permitirá enfrentar las violencias.

Quito, es la primera ciudad en Ecuador que se compromete a ser libre de violencia de género (2019) y, en un segundo momento (2022), ir hacia una ciudad libre de racismo, discriminación y todas las formas conexas de intolerancia; por lo que entendemos que:

• Para erradicar todas las formas de violencia, discriminación, racismo y xenofobia hay que indagar y evaluar las fuentes estructurales de reproducción, para adoptar políticas públicas eficaces y mitigar las causas que las generan, y afectan ámbitos familiares, laborales, educativos, políticos y sociales.

• Una cultura sin violencia de género, racismo, discriminación o intolerancia solo será viable si se reducen las brechas económicas y de inclusión social, siendo necesario establecer políticas públicas y acciones en los ejes de educación, empleo, salud, participación sociopolítica, comunicación y cultura.

• Adoptar y ejecutar políticas públicas tendientes a desterrar todas las manifestaciones de violencia de género, discriminación, racismo y la intolerancia, exige compromiso y esfuerzos compartidos de actores públicos, de sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.

El debilitamiento de los servicios, ha impulsado a generar legislación para la erradicación de trabajo infantil, cuyas cifras develan que son mayoritariamente las niñas las que trabajan. Esta visibilización pretende ir hacia políticas públicas de ciudad que destierren prácticas naturalizadas.

Proteger a los adultos/as mayores, afectados por violencia patrimonial, desde la primera Junta del país de Protección especializada en mujeres y adultos mayores con el objeto de establecer medidas administrativas de inmediato cumplimiento.

La violencia que sufren los adultos y adultas mayores pertenecientes a pueblos y nacionalidades, ha permitido que las y los estibadores, tricicleros y cuidadores de carga tengan normas que reconocen, dignifican y regulan su trabajo, reconociendo la interculturalidad de migrantes internos que se autoidentifican indígenas, que han dejado sus tierras y que se han encontrado con falta de reconocimiento, discriminación y explotación desde trabajos exigidos y demandantes en esfuerzo físico cuyo reconocimiento económico es mínimo (3 centavos de dólar por quintal).

Las nuevas luchas, deben refundar significados, garantizar derechos desde el reconocimiento y compromisos claros a escala local:

• Recuperar la confianza en los gobiernos y sobre todo en la política, especialmente en la feminización de la política desde otra perspectiva que incluye la comprensión de la vida, de los cuidados, de la igualdad, de los hijos e hijas, de las diversidades, de la tercera edad.
• Construir confianza con la acción y las voces de los no visibles, desde la diversidad, lo popular, lo rural, con representación plurinacional y multiétnica; recuperar y acercar la construcción de políticas públicas, construir cercanía y valoración de la acción que asume las reparaciones y las acciones afirmativas como una prioridad.
• Prioridades desde los compromisos con: la erradicación de las violencias, en particular la estructural e institucional, y la violencia política. Compromisos con el ambiente, los ODS, bienes comunes, diversidad, lucha contra la discriminación, racismo, acceso a los derechos y movilidad humana.
• Centrarnos en cómo hacer posible el buen vivir en igualdad sin violencias.

Nos inspiran las voces de quienes no han sido escuchados; que nos exigen urgentes acciones, que nos reclaman sobre la demora en actuar. Queremos seguir sumando militantes para consolidar un futuro comprometido, estructurado y centrado en quienes debemos escuchar.

Comprender de dónde venimos, nuestras historias desde la diversidad y visibilizar a los invisibles, en donde la crisis de los cuidados en las mujeres indígenas y afrodescendientes se basa en la distribución sexual y social del trabajo, con un componente adicional, la biologización de la raza que pretende justificar la explotación indiscriminada.

La violencia se expresa también en los cuidados, que están concentrados en las mujeres y más aún en las mujeres afrodescendientes (60% de estos trabajos los hacen mujeres afroecuatorianas), nos enfrenta a una sociedad racializada e inequitativa en donde esta crisis de cuidados va más allá del envejecimiento de la población y el incremento de la natalidad; con el transcurrir del tiempo las mujeres esclavizadas fueron “domesticadas” al servicio de la casa.

Poner en el centro a los seres humanos, a trabajar por la igualdad de derechos, por un hábitat que facilite relaciones sociales y una lucha permanente e incansable por erradicar las violencias, el racismo y la discriminación, hace que la política pública se enfoque hacia la generación de nuevos urbanismos, hacia el fortalecimiento de organizaciones sociales, líderes y líderesas barriales en toda su diversidad y condición etárea para encaminarnos hacia ciudades de cuidados, ciudades cuidadoras que priorizan las necesidades de quienes han estado olvidados.

El camino de la construcción social del hábitat, del bien común sobre el individual, de la función social y ambiental de la ciudad para alcanzar el buen vivir, no será posible, si no atacamos las causas estructurales que nos impiden vivir en equidad, entendiendo que, para ello, el enemigo es la desigualdad y con ello la pobreza, el desempleo, el racismo y la xenofobia.