Redes de ciudades

Las ciudades latinoamericanas y el papel de las asociaciones municipales

Latinoamérica vive momentos de una complejidad sin precedente: profundización de la pobreza, desbordamiento de la inseguridad urbana, crecientes expresiones de ingobernabilidad, déficits cada vez mayores de infraestructuras sociales, centralismo que agobia a ciudades y regiones, más allá de las crisis sanitarias y climáticas. Todo un entorno que abre espacios a la agudización de las desigualdades sociales.

Frente a ello, todos los órdenes de gobierno, y especialmente los gobiernos locales, tenemos el deber de construir un orden del desarrollo sobre bases más sólidas y perdurables. Desafío nada fácil si conocemos la larga historia de centralismo y frágil vida institucional de los actores públicos en casi toda la región.

Ese historial nos ha dificultado establecer una arquitectura política, constitucional, competencial, hacendaria y de gobernanza que resuelva las muchas y complejas problemáticas de ciudades que -a la vez- acogen cada vez más poblaciones demandantes de satisfactores, siendo la región más urbanizada del mundo.

Frente a ello, tenemos también buenas razones para un optimismo razonado: esta generación hemos definido una Nueva Agenda Urbana, unos Objetivos del Desarrollo Sostenible y una Agenda 2030. Tenemos ahí una visión y una hoja de ruta.

Esos instrumentos son un pacto de amplio consenso, que señala metas, propósitos tangibles, visión estratégica, oportunidad de medir resultados, un plan de localización de ODS y la oportunidad de contribuir a mejorar la armonía del desarrollo que el planeta esta rápidamente perdiendo.

En nuestra región latinoamericana es imperativo construir una alianza múltiple y de gran alcance para contener el deterioro político, social, económico y ambiental que está afectando a la mayoría de los 33 países, y en algunos casos de forma dramática y casi irreversible.

Ante la ausencia de políticas de estado y de un acuerdo hemisférico que oriente el desarrollo con mayor certidumbre, debemos preguntarnos cuál es el papel de los líderes y de las instituciones locales, y es ahí donde las asociaciones de gobiernos locales debemos asumir una clara responsabilidad.

Con el liderazgo de CGLU a nivel mundial y con la responsabilidad de FLACMA como entidad coordinadora de los gobiernos locales de Latinoamérica y el Caribe, y como Sección Latinoamericana de la propia CGLU, hoy tenemos un plan y una ruta.

Por ello es que FLACMA postula varias líneas de actuación para los gobiernos locales: 1) unidad regional basada en la colaboración; 2) proyecto de desarrollo con bases firmes y gobernanza; 3) agendas sectoriales que generen progreso y bienestar; 4) colaboración horizontal, cooperación internacional y financiamiento; y 5) asociacionismo, alianzas y coordinación entre órdenes de gobierno.

Para ello, promovemos la estructuración de un amplio movimiento de gobiernos locales que agrupe a las 16,400 ciudades y los 200 gobiernos regionales con una agenda común; y para ello es que hemos promovido el trabajo concertado entre las más de 65 asociaciones nacionales de gobiernos locales, las 30 redes de ciudades regionales y las más de 200 plataformas que trabajan en diferentes ámbitos del desarrollo local.

Todos juntos estamos promoviendo vínculos de relacionamiento con organismos multilaterales (ONU, OEA, CEPAL, SEGIB, Parlatino, CELAC, SICA, etc.), el agrupamiento de nuestro movimiento dentro del organismo mundial de ciudades (CGLU), la vinculación de las redes regionales (UCCI, UIM, CIDEU, ICLEI, GcoM, etc.), y la gestión de agendas políticas con gobiernos nacionales y congresos.

Impulsar la descentralización y sentar las bases de un desarrollo sostenible con énfasis local no es, desde luego, una tarea fácil; por ello también trabajamos junto a líderes de la sociedad civil, instituciones académicas, entidades privadas, organismos internacionales y agencias de cooperación, buscando concertar esfuerzos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente en cada ciudad, cantón, distrito, municipio, comunidad local o barrio.

Nadie hará por nosotros lo que a nosotros nos corresponde atender. Somos los latinoamericanos y nuestras organizaciones públicas, sociales o privadas las que debemos ser protagonistas de un mejor futuro.

Por ello FLACMA ha emprendido en Latinoamérica hace varios lustros actuaciones institucionales orientadas a acelerar la localización de los ODS, de la Nueva Agenda Urbana y de la Agenda 2023.

En alianza con entidades internacionales, académicas y de la sociedad civil, trabajamos concertadamente en los ámbitos de actuación de cada uno de ellos y en sucesivos procesos donde tienen sus propias fortalezas.

Después de 41 años de su fundación, FLACMA vive un momento de crecimiento y fortaleza, y tiene muy clara su misión principal de impulsar una agenda de desarrollo local orientada a mejorar la calidad de vida de los más de 650 millones de personas que habitamos las ciudades de la Región.

Por eso, impulsamos un plan amplio de iniciativas, proyectos, programas o eventos institucionales, en los que movilizamos nuestra estructura política, asociativa e institucional. Solo mencionaré tres de nuestros 49 proyectos institucionales: el Plan de Vinculación Internacional que busca fondos y asistencia técnica para iniciativas locales; la Estrategia de Aprendizaje entre Asociaciones y Ciudades y la creación del Instituto latinoamericano de Formación Municipal; o el Premio Latinoamericano al Buen Gobierno Municipal, que reconoce anualmente proyectos emblemáticos y replicables de las ciudades.

Para lograr la puesta en práctica de nuestro plan de acción tenemos un cuerpo directivo integrado en nuestro Buró Ejecutivo, hemos creado 15 redes de alcaldes, 5 consejos con aliados, 3 oficinas internacionales en las principales regiones del mundo, y 14 comisiones de trabajo institucionales temáticas.

Tenemos también una estructura territorial con representaciones en cada uno de los 33 países, 3 confederaciones subregionales (Centroamérica y el Caribe, Zona Andina, y Sudamérica), y una sede permanente en Ciudad de México.

Muchas de nuestras actuaciones en las últimas décadas han sido desarrolladas en estrecha colaboración con el CIDEU, organismo con el que nos une una larga e intensa historia de iniciativas realizadas en forma conjunta.

Tenemos una visión y un compromiso común, que es la modernización de las gestiones urbanas, y que seguramente tendrá larga vida.

Estándar
Ciudades CIDEU, Congreso CIDEU

Ciudades y entidades de CIDEU se comprometen en la acción frente al cambio climático

Del 5 al 7 de julio la ciudad de Mendoza acogió el XXV Congreso CIDEU, que contó con la participación de 120 representantes de 40 ciudades iberoamericanas, quienes reflexionaron e intercambiaron experiencias y aprendizajes en torno a los desafíos que conlleva la planificación y la acción climática en las ciudades. En la Asamblea General, las ciudades y entidades de la red suscribieron la Declaración de Mendoza 2023: La Planificación y Acción Climática en las Ciudades.

La Asamblea General de ciudades y entidades miembros del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano CIDEU, reunida el 7 de julio de 2023 en Mendoza, Argentina, en reconocimiento al liderazgo de esta ciudad en la acción para enfrentar la emergencia climática y con motivo del XXV Congreso de CIDEU para compartir experiencias, conocimiento y pensar conjuntamente sobre los desafíos que plantean la “planificación y acción climática”, promueve la siguiente declaración:

En los últimos 30 años CIDEU, la red de ciudades Iberoamericanas, se ha caracterizado por promover la planificación de las ciudades e impulsar acciones estratégicas para su transformación positiva, a partir del desarrollo de capacidades innovadoras, acción colaborativa y trabajo en red, propiciando diversas respuestas ante los desafíos urbanos locales y globales, relacionados con el espacio público, la vivienda, las políticas del cuidado, y en esta ocasión, sobre los desafíos que plantea el cambio climático.

Con esta declaración entendemos que:

Las actividades humanas han propiciado cambios muy significativos en la evolución y desarrollo del planeta, sus ecosistemas y todos los seres que lo habitan. No obstante, en los últimos 200 años estas acciones se han convertido en una amenaza para nuestra supervivencia como especie. La evidencia muestra que, en la producción de energía a partir de combustibles fósiles en la industria, el transporte y la edificación, se origina el 79% de las emisiones globales de gases efecto invernadero – GEI.

Estas actividades humanas y sus impactos alteran gradualmente la distribución de los patrones del clima, una crisis creciente y en algunos casos irreversible denominada Cambio Climático, que va más allá del calentamiento global, el agotamiento de la capa de ozono, la desertificación y la polución, con impactos en la economía, en la salud, la seguridad y producción de alimentos, entre otras. Esta crisis climática evidencia además las condiciones imperantes de desigualdad, inequidad y segregación espacial y social, que afectan más severamente a las comunidades pobres y vulnerables, e incluso a aquellas zonas que no son las causantes de los problemas.

Infortunadamente, la mayoría de países no ha cumplido los límites de seguridad climática del Acuerdo de París 2015 y los impactos adversos en los seres y en el planeta son alarmantes, al punto que en 2022, en su Sexto Informe de Evaluación, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático – IPCC, advierte que el “Cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta, y la ‘ventana de oportunidad’ que la humanidad tiene para asegurarse un futuro habitable y sostenible para todos se cierra rápidamente”.

Esto es un claro llamado a la acción decidida e inmediata; y es desde las ciudades donde se ganará o se perderá este desafío. Los cambios climáticos más peligrosos pueden ser evitados si cambiamos nuestro sistema de consumo a partir del uso racional y eficiente de los recursos naturales con el uso de energías limpias y renovables, y haciendo ajustes en algunos de los sistemas humanos de producción hacia la circularidad y una ocupación del territorio más controlada, planificada y consciente; si aseguramos comunidades participativas, cohesionadas y saludables, es decir, si establecemos una adecuada gobernanza urbana y ambiental, a partir de un modelo de desarrollo más resiliente y sostenible.

Reconocemos la importancia de la acción local para abordar los desafíos globales y estamos convencidos de que se requiere la implementación de estrategias y soluciones innovadoras, así como el cumplimiento de las metas y propuestas de las diversas agendas globales.

Las ciudades y entidades miembros de CIDEU nos comprometemos a:

  1. Acelerar el cumplimiento de los compromisos y metas locales para combatir el cambio climático, según los objetivos planteados en el Acuerdo de París y las conclusiones de la reciente Conferencia de las Partes COP27.
  2. Agilizar en nuestros territorios urbanos y rurales la puesta en marcha de planes, programas y proyectos, así como sus marcos regulatorios, encaminados a controlar y reducir las emisiones de gases efecto invernadero y demás aspectos que originan la crisis climática; actuando con conciencia de futuro (equidad intergeneracional), justicia social (equidad intra-generacional) y responsabilidad global (equidad territorial).
  3. Implementar una gobernanza climática participativa, multisectorial, cocreada con los diversos grupos de actores, en la cual, tanto el sector público como el privado y el comunitario, se comprometan y actúen en la implementación de estrategias inclusivas, justas y equitativas para avanzar en la mitigación de riesgos, la adaptación, la resiliencia y el desarrollo sostenible.
  4. Promover el uso eficiente de energías limpias, renovables, la electrificación de los sistemas urbanos, la promoción de infraestructuras verdes, sistemas de drenaje sostenible, manejo respetuoso del ciclo del agua, agricultura urbana, así como la circularidad y producción cercana que reducen la huella de carbono y su impacto ambiental.
  5. Transformar los modelos de movilidad pasando de la primacía del vehículo privado a sistemas públicos de transporte eficientes y no contaminantes, apoyando transformaciones tecnológicas para el uso de energías limpias y promoviendo los modos no motorizados de desplazamiento como la bicicletas y el caminar, como complemento a políticas de promoción de zonas de bajas emisiones y acciones que favorezcan la consolidación de ciudades de proximidad, densas y compactas que impacten positivamente en la salud de la población y del planeta.
  6. Trabajar para que nuestras ciudades sean resilientes, estén preparadas para responder proactivamente ante los impactos del cambio climático y eviten procesos que agraven la crisis ambiental. Ciudades con comunidades fuertes y con alto compromiso cívico, social y ambiental; que sean a su vez más justas, equitativas y cuidadoras, teniendo a las personas en el centro de la política pública, favoreciendo el derecho a la ciudad, a la vivienda asequible y a entornos de calidad para las generaciones presente y futuras.
  7. Asunción de la responsabilidad de lo urbano respecto a lo rural, en tanto que forman parte de un mismo sistema y, teniendo en cuenta que el metabolismo de las ciudades depende de contar con unos entornos rurales cuidados que ofrezcan de manera conveniente agua, alimentos o energía. Igualmente, las ciudades no serán sostenibles si no se piensa en su impacto sobre el entorno rural.
  8. Introducir normas e incentivos tributarios y tarifarios para la Acción Climática, aumentar los espacios públicos verdes y el arbolado, así como las construcciones “verdes, con líneas de crédito para su construcción o adaptación. Buscar que las edificaciones tanto públicas como privadas sean eficientes y produzcan el mínimo impacto en el ambiente, tanto en los procesos de la fabricación de sus materiales, como en el trascurso de su construcción, uso y reciclaje.
  9. Plantear los cambios culturales necesarios para que esta situación amenazante mejore y no se repita. Trabajaremos para estar preparadas para actuar sobre las amenazas que nos plantea el Cambio Climático como la contaminación, olas de calor, lluvias torrenciales, aumento del nivel de las aguas y demás; porque sabemos que la sostenibilidad global se genera a partir de lo local. Nuestra acción en los territorios y las comunidades, concurrente con las acciones del Gobierno Central, será fundamental para el control del cambio climático, la viabilidad de los ecosistemas y la sostenibilidad de nuestros sistemas económicos y sociales. En este sentido, se fomentarán programas educativos que integren y promuevan el compromiso ambiental desde edades primarias, formulando planes educativos transversales del tema cambio climático en los programas académicos con las materias básicas. 
  10. Crear un banco de proyectos, acciones y experiencias de las ciudades miembro para potenciar el intercambio y la colaboración mediante recorridos exitosos y poder generar una guía que aporte a la planificación climática de nuestras ciudades.

ACCIÓN CLIMÁTICA: nuestra responsabilidad compartida para crear ciudades resilientes.

Estándar
Ciudades CIDEU

El desafío de superar la visión localista

Tengo la fuerte convicción de que los retos y las políticas se tienen que abordar desde la mirada metropolitana.

Estamos en un mundo metropolizado y por lo tanto tenemos que superar la visión localista. Para esto les propongo que pensemos tres aspectos fundamentales, ¿Para qué queremos tener gobernanza y planificación a escala metropolitana?, ¿cómo lo hacemos? y ¿con quiénes, y cómo deberíamos construir esta perspectiva metropolitana entre todos/as?

¿Para qué queremos tener la gobernanza y la planificación?
El “para qué” nos lleva a pensar en los retos actuales que hay en las ciudades y sus áreas metropolitanas. Nos referimos a temas que son globales como el cambio climático, la cohesión social o la gestión de la movilidad, porque en definitiva, la base de las áreas metropolitanas, son las personas. 

Aunque sea parte de contextos diferentes, a grados distintos hay un consenso bastante grande sobre para qué la gobernanza ya que los retos globales, la agenda urbana y los ODS son comunes a todas las aglomeraciones urbanas. 

Mencionamos algunos ejemplos. Uno de los criterios para medir y delimitar las áreas metropolitanas es la movilidad de sus habitantes. Así, un reto evidente son las políticas de movilidad, que requieren de una buena gobernanza metropolitana. En Barcelona, hay un sistema de transporte público eficiente, formado por múltiples consorcios, operadores y empresas. A pesar de tener un buen sistema de gobernanza existen retos ligados a la movilidad, como que hay demasiados traslados en vehículos privados motorizados, las emisiones etc. El cambio climático es otro ejemplo que abarca desde aspectos físicos como la subida del nivel del mar, la escasez de agua y recursos y sus impactos en la población (problemas respiratorios, etc).

La cohesión social es otro tema clave a nivel metropolitano: cómo tener áreas metropolitanas que no sean segregadas, cómo facilitar la convivencia de comunidades, cómo proteger a los sectores más vulnerables especialmente a las infancias. 

¿Cómo lo hacemos? ¿con qué fórmula hacemos la gobernanza?
Si partimos de la premisa que hay que atacar ciertos temas desde una perspectiva metropolitana, hay que descubrir con qué fórmula lo hacemos, ya que entran ciertos factores políticos, partidistas, históricos y estructurales que complican esta necesaria cooperación. 

Dentro del “cómo” tenemos dos extremos. En un extremo están los modelos más institucionalizados, es decir gobiernos metropolitanos aprobados por una ley del parlamento competente, que tengan competencias exclusivas y vinculantes sobre los temas más relevantes. Por ejemplo, que pueda hacer un plan de movilidad urbana y pueda ejecutarlo, que tenga competencias en urbanismo y pueda ordenar el territorio para que sea más sostenible y cohesionado, que tenga financiación, capacidad de tener autonomía fiscal, y que tenga elección directa de sus representantes que lo convierte en un verdadero ámbito de poder. Esto es muy complicado de conseguir y no existe en el mundo un ejemplo de gobierno metropolitano que cumpla todas estas características, ya que sería un gobierno que haría competencia y no sería efectivo.

Hay casos de gobiernos/entes metropolitanos como tal, principalmente en Europa que se han creado en los últimos 20 años (por ejemplo en Barcelona, Lyon, Hannover, Londres) pero cuando son analizados en detalle vemos que no cumplen todos los criterios: sus poderes son limitados, no tienen competencias exclusivas sino que son compartidas con los ayuntamientos, hacen recomendaciones pero no pueden imponer, y/o dependen de las transferencias que les haga el estado o la región. Este sería el modelo ideal, pero lo que en realidad tenemos son autoridades metropolitanas que son capaces de tener la visión global y común que puedan poner cierto orden. Sus responsabilidades se han centrado tradicionalmente en el territorio, en lo hard, en infraestructura, en movilidad, planes urbanísticos, residuos y agua, en detrimento de los temas sociales, aunque esta tendencia está cambiando.

El otro extremo está en buscar fórmulas más flexibles, que no son tan habituales, que vienen desde abajo, que nacen de manera voluntaria de los ayuntamientos o actores de la sociedad civil para crear consensos. El Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) es el claro ejemplo, que intenta construir la mirada metropolitana sin tener una institución. La contra de este modelo, es que surgen proyectos muy interesantes, se identifican los temas y las personas u organizaciones que lo pueden hacer, pero para que suceda hay que buscar la financiación y mantener el pulso metropolitano. 

El modelo más frecuente es “el medio”, es decir, organizaciones que tienen una mirada metropolitana pero se ocupan de solo un tema. Por ejemplo, agencias metropolitanas de transporte, gestión del agua, o de residuos tienen mirada metropolitana pero en un tema, trabajan de manera aislada y no tiene la visión integral. Otra forma son las mancomunidades o consorcios para la prestación de un servicio: el reto es cómo coordinar el conjunto de empresas y consorcios para tener una visión común.

¿Quién participa en esta gobernanza metropolitana? ¿Cómo construir esta perspectiva metropolitana entre todos/as?
Al final se trata de creer en esta mirada. Para superar la visión localista es necesario crear conciencia interpelar a todo el mundo para que vean necesario intervenir, cooperar y pensar a escala metropolitana, y esto no es tarea fácil ni para la ciudadanía ni para la clase política donde está arraigada la visión municipalista de “sus electores”. Se trata de hacer pedagogía multinivel: la gente no es consciente de que buenas estructuras pueden ayudar a facilitar sus vidas y a tener mejores oportunidades. A lo mejor, cuando la ciudadanía lo demande va a haber reacción política.

Estándar
Ciudades CIDEU, Vivienda

Densificar habitacionalmente el centro para combatir la segregación social: El caso de la Comuna de Santiago

Para combatir el déficit habitacional récord de la comuna de Santiago, el mayor de una comuna de Chile, la actual administración municipal (2021-2024) está promoviendo una inédita política local de vivienda. En paralelo, el gobierno nacional del presidente Gabriel Boric lanzó un Plan de Emergencia Habitacional en julio de 2022. Dicho plan contempla metas comunales que son más ambiciosas en las comunas centrales y mejor ubicadas de las ciudades chilenas, con el fin de producir integración social.

En el caso de la comuna de Santiago, centro de la metrópolis, con más de ocho millones de habitantes y unas 40 comunas conurbadas, la meta es la más alta de la ciudad, con 5.408 viviendas nuevas a construir en los cuatro años del período presidencial (2022-2026). Sin embargo, esto implica que la llegada de nuevas viviendas a la comuna colapsará aún más sus ya saturados equipamientos públicos y áreas verdes. Por ello, la administración municipal negocia que la gestión de suelo para cumplir con el Plan de Emergencia Habitacional contemple también superficies para aumentar las dotaciones, principalmente de jardines infantiles, salas cuna, equipamientos de salud, plazas y parques.

Para comprender estos desafíos, a continuación, se presenta la desigualdad y segregación récord de las ciudades chilenas, y particularmente de Santiago, para luego revisar cómo la comuna de Santiago es relativamente integrada socialmente en su contexto de segregación metropolitana. A continuación, se analiza la situación demográfica y de déficit habitacional de la comuna para luego considerar su patrimonio construido, así como la presencia de habitantes extranjeros. Por último, se abordan los alcances de la nueva Política de Vivienda que la administración municipal actual impulsa para comprender cómo se están abordando integralmente los déficits habitacionales en la comuna.

Chile y la metrópolis de Santiago: récord en desigualdad y segregación

En 2018, Chile apareció en el puesto n°7 de los países más desiguales del mundo según datos del Banco Mundial. En las últimas décadas, siempre ha estado entre los primeros 10 países del ranking. Y como casi el 90% de la población nacional vive en áreas urbanas, las ciudades chilenas son particularmente segregadas socialmente. De hecho, en 2013, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) le hizo notar a Chile que ocho de sus ciudades se encuentran entre las más desiguales de la entidad. En ese ranking, la metrópolis de Santiago de Chile figura como la más segregada (OCDE Urban Policy Reviews, Chile 2013). Así, combatir la desigualdad y su consecuencia espacial, la segregación, resultan los principales desafíos para las ciudades chilenas y se encuentran entre las prioridades de las políticas públicas del país.

Sin embargo, la comuna de Santiago de Chile, en el centro de la metrópolis, es uno de los territorios de la ciudad con mayor diversidad social, según la encuesta CASEN 2017. Se considera que Santiago es un “lugar de encuentro en la diversidad y la desigualdad”. Es una comuna relativamente integrada y diversa, en el centro de una metrópolis extremadamente segregada.

Por otra parte, en menos de 20 años, la población de la comuna de Santiago creció en un 150%, pasando de unos 200 mil habitantes en 2002 a más de 527 mil habitantes en 2022 45 , sólo antecedida por Puente Alto y Maipú, comunas de la periferia del Gran Santiago. Esto significa una verdadera revolución para muchos sectores comunales, que actualmente tienen dificultades para dar abasto a sus aumentados residentes. Por ejemplo, las áreas verdes por habitante disminuyeron en 60%, pasando de 10,5 a 4,0 m2 habitante en 20 años, entre 2002 y 2022. Además, los equipamientos comunales de salud y educación están saturados en la mayoría de los barrios de la comuna.

Santiago es la tercera comuna más poblada del país con el mayor déficit habitacional cuantitativo de Chile (con una necesidad de unas 14.405 viviendas según Censo 2017) y una gran escasez de equipamientos y áreas verdes.

En mayo de 2022, producto del déficit habitacional creciente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) promulga la Ley de Integración Social y Urbana, que, entre otros aspectos, incluye un Plan de Emergencia Habitacional. Dicho plan establece construir un mínimo de 260.000 viviendas de interés público en el país en este periodo de gobierno (2022-2026), 20.000 de ellas en modalidad de arriendo protegido. Para alcanzar la meta nacional, el plan establece metas de construcción de viviendas nuevas por comuna. A la comuna de Santiago, como se expuso en la introducción, se le establece la meta comunal más alta del Gran Santiago: 5.408 viviendas.

En este marco, cabe destacar que Santiago es la comuna con mayor presencia de patrimonio construido protegido. Más del 49% del suelo comunal tiene algún tipo de protección patrimonial, sea por la Ley de Monumentos Nacionales o por el artículo N°60 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que corresponden a 93 monumentos históricos, 20 zonas típicas, 19 zonas de conservación históricas y 1.341 inmuebles de conservación histórica.

Por otra parte, Santiago es la comuna con mayor presencia de extranjeros. El fenómeno de la migración internacional tiene mayor impacto tanto en términos absolutos como relativos. De hecho, en la comuna se estima en 220.283 los extranjeros residentes a diciembre de 2020 (INE, Extranjería, diciembre 2021), prácticamente el 40% de la población comunal.

Política Municipal de Vivienda

Actualmente, la municipalidad de Santiago tramita la primera Política Municipal de Vivienda. Entre sus aspectos principales, esta política incluye la creación de una Corporación de Vivienda, de derecho privado sin fines de lucro, que permita una relación más fluida entre instituciones públicas y privadas, y más facilidad para patrocinar proyectos de vivienda de interés público.

En paralelo, la municipalidad negocia con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Bienes Nacionales y la SUBDERE la adquisición de suelo no sólo para cumplir con la meta de construcción de 5.408 del Plan de Emergencia Habitacional, sino que también para la construcción de áreas verdes y equipamientos asociados. Así, el proyecto de Patios de Copiapó de 84 viviendas nuevas contempla 340 m2 de locales para equipamientos municipales que fueron posibles de ser construidos con aportes SUBDERE. También el proyecto en torno a Av. Centenario, en el Sur Oriente de la comuna, contempla la consolidación de una vialidad parque que aportará áreas verdes y desahogo al sector, así como superficie para la construcción de un equipamiento educacional. De igual modo, las gestiones de suelo y los proyectos nuevos contemplan tanto superficies para equipamientos como para áreas verdes.

También, la Política Municipal de Vivienda hace un fuerte hincapié en lanzar el arriendo protegido municipal en el entendido que es una de las herramientas para combatir la especulación y subida de los precios. Este arriendo protegido contempla precios justos de no más de un cuarto de los ingresos del hogar y se focaliza en grupos vulnerables, como madres solteras, familias con situaciones de violencia intrafamiliar, adultos mayores, migrantes vulnerables, etc.

Todo lo anterior sigue considerando los mejoramientos necesarios en el stock histórico de viviendas de la comuna, que requiere que se ejecutan obras en cubiertas, muros corta fuego, reposición de la electricidad, alcantarillados, reparaciones de fachadas, tratamientos antitermitas, etc. Estos inmuebles se organizan en comunidades de cités, condominios de vivienda económicas o sociales, y conjuntos de viviendas antiguas.

Muchas veces en ellos viven los habitantes más vulnerables de la comuna, por lo que recuperar estos patrimonios vernáculos persigue también un objetivo social.

Con estas herramientas, la municipalidad de Santiago está haciendo frente a los desafíos habitacionales en el centro de la metrópolis. La política municipal de Vivienda será prontamente aprobada por el Concejo Municipal con el propósito de que sea implementada y profundizada por esta y las futuras administraciones municipales, y así poder abordar a las necesidades habitacionales de la comuna, que exceden a las viviendas.

Estándar
Ciudades, Sostenibilidad

Programa de Reservas Municipales, un camino a la gobernanza ambiental

La República Argentina se encuentra dentro de los 10 países más grandes del mundo, con una superficie cercana a los 4.000.000 km2, con una muy baja densidad de población, que alcanza los 10 habitantes por km2,y un 92% de sus habitantes residiendo en zonas urbanas[¹]. La zona urbana más importante es el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra el 38% de la población. La aceleración de su crecimiento se produjo sin una planificación que tomara en cuenta las desigualdades sociales y los problemas medioambientales.

Por este motivo son cruciales las agendas internacionales (Nueva Agenda Urbana, ODS 2030) ya que nos orientan para el diseño e implementación de políticas públicas para el cuidado y buen uso del medioambiente.

Reserva Costanera Sur

Argentina ha sido pionera en la conservación de grandes áreas protegidas (Olaf Kaltmeier, 2022), a partir de la década de 1930, llegando en la actualidad a representar más del 16% de su superficie. Sin embargo, las políticas de conservación han tenido un desarrollo desigual cuando observamos la importancia que ha tenido esa dimensión en las jurisdicciones provinciales y municipales; déficit que se incrementa en las zonas urbanas.

Frente a este desafío, el gobierno federal ha puesto en marcha un programa de Reservas Municipales en el ámbito de la Administración de Parques Nacionales. Con esta decisión, se pretende poner a disposición de los municipios de la Argentina la experiencia, la capacidad técnica y los recursos de los que dispone la extensa trayectoria de la Administración de Parques Nacionales.

En la documentación, elaborada por la Administración de Parques Nacionales, se encuentran las principales acciones:

  • En la documentación, elaborada por la Administración de Parques Nacionales, se encuentran las principales acciones:
  • Prestar colaboración en la redacción de normativa de creación, en el desarrollo de reglamentos internos y en la conformación de un cuerpo de agentes de conservación.
  • Colaborar en la construcción de planes de gestión de las Reservas Municipales, planes de uso público o de manejo del fuego, entre otras herramientas
  • Ayudar en la implementación de talleres y jornadas de trabajo con la comunidad, actividades de voluntariado o acción comunitaria con organizaciones sociales, universidades y otros actores sociales.
  • Asesorar en el desarrollo de viveros de especies nativas y acciones de restauración.
  • Colaborar en la implementación de un programa de educación ambiental y de promoción de la salud comunitaria.
  • Aportar experiencia en la promoción del uso público sostenible y el incentivo al turismo de proximidad y de naturaleza, por ejemplo, compartiendo conocimientos para el desarrollo de cooperativas de trabajo que alienten el Empleo Verde Local

El Programa de Colaboración Interinstitucional para el Fomento de Reservas Municipales pretende aportar a una estrategia urbana que tenga en cuenta el triple enfoque: económico, social y medioambiental. Por tal motivo podemos sostener que esta iniciativa busca hacer frente a los retos y desafíos del mundo actual a través de la gobernanza ambiental y la participación ciudadana.

El programa fomenta la participación ciudadana, convocando a los diferentes actores sociales a involucrarse, tanto en el diseño como en la gestión de las Reservas Municipales. Desde establecimientos de educación formal hasta clubes de observadores de aves ya están participando. El Programa alienta la concurrencia de diferentes actores a través de talleres para que, a partir de la exposición y el debate sobre las diferentes problemáticas ambientales y sociales, se encuentren caminos en que se logre alinear la acción de los diferentes actores.

Por todo lo expuesto, el programa permite a los municipios diseñar su estrategia desde la lógica de la concurrencia y la gobernanza, acerca al gobierno federal a los gobiernos locales desde una noción de planificación alejada de una versión tradicional, y permitiendo a los municipios potenciar su capacidad de acción.

Además, el doble vínculo entre el gobierno federal -a través de la Administración de Parques Nacionales- y los diferentes municipios (por superficie, cantidad de habitantes y retos ambientales, sociales y económicos), nos permite enriquecer la experiencia y capacidad desde “una perspectiva innovadora y alejándose del enfoque de la conservación basado en grandes dimensiones territoriales”.

Las reservas naturales municipales insertas en una matriz urbana incrementan las posibilidades de sostener áreas naturales “con valor para la biodiversidad, configurando un mosaico estratégico para la conectividad biológica, bregando por un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras, una mejor calidad de vida y un proceso de desarrollo local sostenible”.

El equipo de la Coordinación de Relaciones Institucionales de la Administración de Parques Nacionales, a cargo del programa, tiene la misión de mantener contactos con los municipios de la Argentina. Los primeros en sumarse, en un encuentro realizado el 10 de marzo de 2023, fueron los municipios de Mercedes, Virasoro, Paso de los Libres, Esquina, Bonpland y San Roque, todos de la provincia de Corrientes. Recientemente se adhirió al Programa el municipio de Avellaneda en la provincia de Buenos Aires, uno de los más representativos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Estos municipios comienzan a recibir colaboración para la elaboración de planes de gestión, uso público y/o manejo del fuego, se brinda asistencia para la realización de talleres, jornadas de acción comunitaria y/o voluntariado. Cabe destacar que en los encuentros participan organizaciones de la sociedad civil y universidades. La implementación del Programa es muy reciente, los desafíos que se propone enfrentar son de larga data. Hasta el momento el programa ha tenido una muy buena recepción y ya se encuentran programados una serie de encuentros a lo largo del país.


[¹] Según datos publicados en “Plan Estratégico Territorial – Argentina Urbana” 2018.

Más información sobre el programa: https://bit.ly/3L85Vj0

Estándar