Ecuador es uno de los pocos países que constitucionaliza el Derecho a la Ciudad, procurando con ello un Estado garantista de derechos que determine directrices para la política urbana, en las que se establecen la función social y ambiental de la ciudad, y el bien común sobre el beneficio individual.

Lefebvre (1978) define que el Derecho a la Ciudad “sólo puede formularse como derecho a la vida urbana, transformadora, renovadora”, transformación que no es posible si persisten las desigualdades, la inequidad y las violencias. Sin duda, la única forma de tener ciudades renovadas, será a partir de enfrentar a la desigualdad y erradicar las violencias, que se concentran en los sectores más empobrecidos y en grupos de atención prioritaria que suman vulnerabilidades, y que se expresan en el territorio.

Harvey considera que, más que un derecho a acceder a los recursos que tiene la urbe, supone el derecho a plasmar, cambiar o reinventar el modelo de ciudad con nuestros deseos (2013). Nos obliga a exigir, a los gobiernos nacional y local, el cumplimiento constitucional y un mayor compromiso desde lo local para la concreción, efectivización, y el posibilitar el ejercicio pleno de los derechos en las ciudades.

Las ciudades son el resultado de una planificación generada por hombres blancos, mestizos, desde “realidades de privilegio” y desde vivencias en la ciudad, acceso a infraestructura, servicios, movilidad y espacio público.

Estas lógicas, distantes a la mayoría de la población, dan como resultado una planificación que vulnera y suma violencias que inician desde el desconocer las necesidades, individuales y colectivas, de adultos mayores, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas en movilidad humana y grupos LGBTIQ+.

La ciudad no está pensada para incluir, ni se ha construido desde la prioridad social, ha prevalecido su producción material, política y de significados en la lógica de economía de comercio, y no a economía de cuidados. La ciudad responde al capital y deja de lado lo escencial, su construcción sobre la base de los derechos y, con ello, la lucha contra la mayor violencia que es la exclusión.

Varias ciudades latinoamericanas comparten esta condición de segregación socio-espacial que con la pandemia se ha evidenciado desgarradoramente, y se ha amplificado con desempleo, aumento de brechas y debilitamiento del Estado, evidenciado en la reducción o desaparición de servicios de protección.

La compresión del desafío de establecer nuevos significados en la producción social del hábitat, que prioricen el ejercicio pleno de derechos permitirá enfrentar las violencias.

Quito, es la primera ciudad en Ecuador que se compromete a ser libre de violencia de género (2019) y, en un segundo momento (2022), ir hacia una ciudad libre de racismo, discriminación y todas las formas conexas de intolerancia; por lo que entendemos que:

• Para erradicar todas las formas de violencia, discriminación, racismo y xenofobia hay que indagar y evaluar las fuentes estructurales de reproducción, para adoptar políticas públicas eficaces y mitigar las causas que las generan, y afectan ámbitos familiares, laborales, educativos, políticos y sociales.

• Una cultura sin violencia de género, racismo, discriminación o intolerancia solo será viable si se reducen las brechas económicas y de inclusión social, siendo necesario establecer políticas públicas y acciones en los ejes de educación, empleo, salud, participación sociopolítica, comunicación y cultura.

• Adoptar y ejecutar políticas públicas tendientes a desterrar todas las manifestaciones de violencia de género, discriminación, racismo y la intolerancia, exige compromiso y esfuerzos compartidos de actores públicos, de sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.

El debilitamiento de los servicios, ha impulsado a generar legislación para la erradicación de trabajo infantil, cuyas cifras develan que son mayoritariamente las niñas las que trabajan. Esta visibilización pretende ir hacia políticas públicas de ciudad que destierren prácticas naturalizadas.

Proteger a los adultos/as mayores, afectados por violencia patrimonial, desde la primera Junta del país de Protección especializada en mujeres y adultos mayores con el objeto de establecer medidas administrativas de inmediato cumplimiento.

La violencia que sufren los adultos y adultas mayores pertenecientes a pueblos y nacionalidades, ha permitido que las y los estibadores, tricicleros y cuidadores de carga tengan normas que reconocen, dignifican y regulan su trabajo, reconociendo la interculturalidad de migrantes internos que se autoidentifican indígenas, que han dejado sus tierras y que se han encontrado con falta de reconocimiento, discriminación y explotación desde trabajos exigidos y demandantes en esfuerzo físico cuyo reconocimiento económico es mínimo (3 centavos de dólar por quintal).

Las nuevas luchas, deben refundar significados, garantizar derechos desde el reconocimiento y compromisos claros a escala local:

• Recuperar la confianza en los gobiernos y sobre todo en la política, especialmente en la feminización de la política desde otra perspectiva que incluye la comprensión de la vida, de los cuidados, de la igualdad, de los hijos e hijas, de las diversidades, de la tercera edad.
• Construir confianza con la acción y las voces de los no visibles, desde la diversidad, lo popular, lo rural, con representación plurinacional y multiétnica; recuperar y acercar la construcción de políticas públicas, construir cercanía y valoración de la acción que asume las reparaciones y las acciones afirmativas como una prioridad.
• Prioridades desde los compromisos con: la erradicación de las violencias, en particular la estructural e institucional, y la violencia política. Compromisos con el ambiente, los ODS, bienes comunes, diversidad, lucha contra la discriminación, racismo, acceso a los derechos y movilidad humana.
• Centrarnos en cómo hacer posible el buen vivir en igualdad sin violencias.

Nos inspiran las voces de quienes no han sido escuchados; que nos exigen urgentes acciones, que nos reclaman sobre la demora en actuar. Queremos seguir sumando militantes para consolidar un futuro comprometido, estructurado y centrado en quienes debemos escuchar.

Comprender de dónde venimos, nuestras historias desde la diversidad y visibilizar a los invisibles, en donde la crisis de los cuidados en las mujeres indígenas y afrodescendientes se basa en la distribución sexual y social del trabajo, con un componente adicional, la biologización de la raza que pretende justificar la explotación indiscriminada.

La violencia se expresa también en los cuidados, que están concentrados en las mujeres y más aún en las mujeres afrodescendientes (60% de estos trabajos los hacen mujeres afroecuatorianas), nos enfrenta a una sociedad racializada e inequitativa en donde esta crisis de cuidados va más allá del envejecimiento de la población y el incremento de la natalidad; con el transcurrir del tiempo las mujeres esclavizadas fueron “domesticadas” al servicio de la casa.

Poner en el centro a los seres humanos, a trabajar por la igualdad de derechos, por un hábitat que facilite relaciones sociales y una lucha permanente e incansable por erradicar las violencias, el racismo y la discriminación, hace que la política pública se enfoque hacia la generación de nuevos urbanismos, hacia el fortalecimiento de organizaciones sociales, líderes y líderesas barriales en toda su diversidad y condición etárea para encaminarnos hacia ciudades de cuidados, ciudades cuidadoras que priorizan las necesidades de quienes han estado olvidados.

El camino de la construcción social del hábitat, del bien común sobre el individual, de la función social y ambiental de la ciudad para alcanzar el buen vivir, no será posible, si no atacamos las causas estructurales que nos impiden vivir en equidad, entendiendo que, para ello, el enemigo es la desigualdad y con ello la pobreza, el desempleo, el racismo y la xenofobia.

Los sistemas regulatorios de las naciones y los gobiernos locales se sustentan, sin duda, en sus plexos jurídicos de base, y por ello, analizar cada situación resulta compleja por las características propias de los sistemas republicanos y democráticos de los países. Sin embargo, las constituciones modernas (América Latina, Caribe, UE) han logrado en muchos casos poner en la agenda pública los temas urbanos y metropolitanos, en un proceso de constante cambio, actualización y reformulación, para facilitar el desarrollo y la calidad de vida, y servir como hoja de ruta de las inversiones públicas y privadas. Ese proceso, a la vez, ha derivado en numerosos marcos legales y guías de políticas públicas complementarios, que han acompañado los planes de desarrollo y crecimiento de los estados y, claro está, de sus gobiernos locales.

El proceso de globalización y las tendencias mundiales dan cuenta de una creciente urbanización, en particular en América Latina, con porcentajes de población urbana superiores al 70%. Argentina es uno de los países más urbanizados del mundo y el segundo más urbanizado de América Latina, con una población urbana que alcanza el 92% del total[1].

El tema urbano se ubica en un lugar destacado en la agenda pública de los países, en particular de sus gobiernos locales (regiones, provincias, municipios) y es hoy el gran desafío que enfrenta la sociedad para adaptarse a los retos que impone siglo XXI, transitando la IV Revolución Industrial[2].

El crecimiento urbano (no siempre homogéneo) nos conduce sin atajos a establecer marcos regulatorios modernos que otorguen seguridad y estabilidad jurídica[3]. Contar con una guía sobre Política Nacional Urbana es un buen comienzo para definir, entre otros, los lineamientos de ordenamiento territorial[4] y desarrollo regional, y establecer un Plan Estratégico Territorial, como marco de referencia para la inversión pública y privada, que faciliten el desarrollo equitativo y sustentable de las comunidades.

La planificación estratégica de los gobiernos locales tiene como objetivo complementar y no suplantar la planificación urbana tradicional. La gestión territorial incluye la planificación y la regulación, que nos permite abordar y enfocarnos en el desarrollo humano como aspecto central (calidad de vida, hábitat, vivienda, empleo, educación y salud)[5].

Las nuevas formas de gestión pública sostenible, incluyen la promoción de las ciudades hacia el exterior, la promoción interna de la ciudad, la innovación política y administrativa, la innovación en las tecnologías de gestión pública y la actualización de las regulaciones. Una gestión renovada, flexible, orientadora, dinámica de anticipación y estratégica[6].

Muchas veces la ausencia de instrumentos jurídicos y de gestión integrales, ha sido un obstáculo para que los gobiernos de los distintos niveles, puedan lograr la coordinación y articulación, para gestionar y planificar las ciudades y su territorio.

La Política Nacional Urbana (PNU), es una herramienta que permite a los estados, orientar el proceso de urbanización y constituye un instrumento guía que establece una visión clara y coordinada de las direcciones que deben tomar las políticas públicas en torno al desarrollo territorial de las ciudades, posibilitando una mayor y mejor coordinación vertical y horizontal[7].

El Plan de Acción Regional (PAR)[8] para la implementación de la Nueva Agenda Urbana en América Latina y el Caribe (2016-2036), surgió con el objetivo de tener un marco estratégico de política y herramienta de gobernanza. Promueve y fomenta un nuevo paradigma urbano que reconoce a la ciudad como un bien público que garantiza los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales de todos; y a la vez es una base que impulsa un marco de desarrollo de las ciudades pequeñas y emergentes, medianas y grandes y las áreas metropolitanas. Es sin duda un impulso para la elaboración de un proceso técnico sostenido en la construcción de bases legales, capacidades instituciones, procedimientos administrativos e instrumentos financieros modernos[9].

La Agenda 2030 (en particular los ODS 11 y 17) y la NAU-Hábitat III, son una hoja de ruta que establecen lineamientos que guiarán el desarrollo sostenible de nuestras ciudades en los próximos años, y permitirán mejorar la toma de decisiones.

Un buen ejemplo de sustentabilidad y sostenibilidad jurídica es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya su constitución (1996) establece políticas de estado, el Plan Urbano Ambiental, el Código de Planeamiento Urbano y el Plan Estratégico; y el Modelo Territorial Buenos Aires 2010-2060, que es un instrumento de diagnóstico, análisis y planeamiento urbano (con su matriz de indicadores urbanos) que plasma una visión de futuro del modelo de ciudad sustentable[10].

Este plexo jurídico de base contemporáneo, establece un marco de primer orden para los procesos de planeamiento. Es tan innovador, que le da rango constitucional a la creación del COPE (Consejo de Planeamiento Estratégico) como instrumento de planificación participativa, que cuenta con iniciativa legislativa. Un proceso innovador, eficiente y sostenible, para constituir a la Ciudad de Buenos Aires, en una Ciudad del Futuro.

Otro gran desafío, que reconoce cada vez más actualidad, son los marcos normativos de las áreas metropolitanas en América Latina, que superando colisiones institucionales y regulatorias ya no sean un mero título administrativo, sino que constituyan áreas territoriales de administración, coordinación, regulación, control y gestión de recursos específicos. Se destacan en América Latina los casos de Brasil, Colombia y México[11], en los que sus marcos legales constitucionales, dar fuerza, sustento y seguridad jurídica a los procesos de gobernanza metropolitana, que luego derivan en regulaciones complementarias de los gobiernos locales. Otros países cuentan con marcos regulatorios de diferente jerarquía (Argentina, Chile, Uruguay)[12].

Pero es necesario incorporar a estos procesos regulatorios, a las ciudades intermedias (pequeñas y medianas), que sin duda son el motor de transformación en el siglo XXI, como actores de la descentralización administrativa, que vienen consolidando sus procesos de planificación estratégica, alineados con las agendas globales.

Involucrar a las legislaturas locales en el debate y aprobación de los procesos de planificación estratégica participativa y agendas globales, permite consolidar políticas de estado. Es un proceso difícil, lento, pero no imposible[13].

Ningún modelo seguramente ha completado todos los procesos de regulación, articulación, implementación y diseño de herramientas de gestión que consolide el Derecho a la ciudad, con una reingeniería jurídica sustentable, pero podemos definir y compartir algunos marcos teóricos y líneas base, a saber:

Política Nacional Urbana – Planificación Estratégica Territorial – Ley y/o Modelo de Ordenamiento Territorial – Plan Urbano Ambiental – Marcos regulatorios sobre Inversión y Financiamiento (PPP, Iniciativa Privada, Plusvalías Urbanas) benchmarking, regulación de uso del subsuelo urbano, gestión de activos de infraestructura, indicadores de sustentabilidad urbana, monitoreo y control, áreas metropolitanas, cooperación descentralizada (multilateral/triangular)[14], agendas de cooperación-, agendas globales (Hábitat III/Agenda 2030), entre otros.

Las “megaciudades” (más de 10 millones de habitantes) se destacan por su complejidad, dinamismo y estructuras sólidas, ya que muchas cuentan con marcos regulatorios modernos en los temas referidos. La asignatura pendiente es impulsar las ciudades intermedias (las ciudades del futuro) a mejorar su estructura de planificación urbana con sus propias tipologías[15], y actualizar sus regulaciones para gestionar los territorios para el desarrollo urbano próspero y sostenible. La gestión de activos de infraestructura ágil, flexible, segura y equitativa permitirá el desarrollo de estas ciudades.

Este sintético ensayo busca ser un disparador para el debate, frente a la creciente urbanización, y en particular mostrar algunos ejemplos, entre otros, de cómo diferentes marcos regulatorios de nuestro entorno, van acompañando los procesos de planificación y desarrollo.

Lo urbano nos moviliza hacia una visión estratégica común, participativa y sustentable en lo regulatorio que nos permita enfrentar los retos de un mundo en crecimiento y desarrollo.

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[1] Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (2018) Argentina Urbana: Plan Estratégico Territorial, 1° ed. Argentina.
[2] Schwab, K. (2016) La cuarta revolución industrial. Ed. Debate.
[3] Declaración Iberoamericana CIDEU 2020.
[4] Leyes de OT. Ej: Prov. Bs.As.
[5] Ob.cit 1
[6] ROCCATAGLIATA, J.A. (2008) La Argentina: Una visión actual y prospectiva desde la Dimensión Territorial. Editorial EMECÉ. Buenos Aires.
[7] MIOPyV (2018) Política Nacional Urbana Argentina. En el marco del Convenio de Colaboración ONU Hábitat
[8] CEPAL, Naciones Unidas (2018) Plan de acción regional para la implementación de la nueva agenda urbana en América Latina y el Caribe, 2016-2036. CEPAL.
[9] Ob.cit 6
[10] Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Constitución (http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=166), Planes locales (https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-planificacion-territorial-y-coordinacion-de-obra-publica/planes-locales/caba)
[11] Costa, M.A., Lui L., Rebello S.T., (Cood.) (2002) Gobernanza Metropolitana en América Latina: un panorama de las experiencias contemporáneas desde una perspectiva comparada. CEPAL, Ipea.
[12] Argentina. Proyecto legislativo N° 2826-D-2020. Creación de la Agencia para la Región Metropolitana Buenos Aires. ECOM, Rosario, Argentina, ente metropolitano. Ley provincial N° 13.532/19 que regula las áreas metropolitanas en la Provincia de Santa Fe.
[13] Lanús, PBs.As. Ordenanzas N° 13039/20 (Plan Estratégico Visión 2030), N° 12766/19 (Agenda 2030) y N° 13238/21 (NAU-Hábitat III). Mar del Plata, N° 24296/19 (Adhesión Agenda 2030). Berazategui, Nº 5753/19 (Plan Estratégico / Agenda 2030). Entre otros.
[14] Argentina: Art. 124 de la CN(1994)
[15] CGLU (2017) GOLD IV: Co-creando el futuro urbano. La agenda de las metrópolis, las ciudades y los territorios.

“¿A poco un reglamento puede ser machista?”, me preguntó un periodista recientemente. “Debemos implementar la perspectiva de género, pero no sabemos cómo”, es una de las frases más comunes que escucho cuando se discute el tema con los equipos de gobierno, incluso de sociedad civil, que ha incorporado ese lenguaje en su portafolio sin saber por dónde se inicia el cambio sustantivo. “Es decir que tenemos que pensar en autobuses rosas?”, me dijeron en un taller con expertos en transporte. Hacer política pública con perspectiva de género va más allá de solo asegurarse que los documentos tengan lenguaje incluyente o pensar en campañas de acoso.

Tener políticas y proyectos con perspectiva de género es poder identificar si la política ayuda a reducir las desigualdades entre hombres y mujeres, entre los sectores más vulnerados por un sistema social diseñado para perpetuar estereotipos, roles y violencias que permiten que un sector de la población se beneficie de las vulnerabilidades de otro sector.

Para entender cómo podemos ver una política pública con perspectiva de género, debemos reconocer que vivimos en un sistema sexo-genérico que asigna estereotipos y roles sociales a las personas de acuerdo al sexo con el que nacemos. A las mujeres “nos toca” privilegiar el cuidado de la familia por encima del desarrollo profesional o la independencia económica, nuestro trabajo se concibe como una obligación y, por lo tanto, no se remunera. Aprenderemos cómo cubrir nuestras necesidades en la ciudad a pesar de que la ciudad que no se diseña para facilitarnos esas tareas. A los hombres “les toca” proveer, ser productivos, llevar el sustento al hogar.

Muchos trabajos se diseñan para perpetuar esta división sexual del trabajo, estableciendo condiciones de acceso sólo para las personas que pueden dedicar su tiempo al trabajo porque hay alguien más que cuida de la familia. Los trabajos no son masculinizados, solamente están diseñados para que una mujer que tiene labores de cuidado no pueda cumplir con los requisitos de acceso o permanencia. Lo vemos también en la arquitectura: los reglamentos exigen mejores condiciones de habitabilidad para las salas que para las cocinas, los baños de hombres no cuentan con cambiadores para bebes, o que el baño de mujeres no siempre facilita nuestra higiene menstrual.

En transporte, por ejemplo, seguimos pensando que los viajes más importantes son de ida y vuelta a la escuela y al trabajo, agrupando los “otros” viajes en categorías que no importan. Estos “otros” son viajes de cuidado (Madariaga, 2013), hechos principalmente por mujeres: viajes de compras, trámites, salud, acompañamiento de terceras personas, asistencia, etc. Estos viajes de cuidado, realizados principalmente por mujeres, llegan a contar cerca del 40% de los viajes en una ciudad y la planeación actual simplemente los ignora. Al ser concatenados y no lineales -de ida y vuelta-, los ingenieros en transporte suelen decir: “son costosos de levantar y difíciles de analizar”. Esto provoca que los sistemas de transporte respondan a quienes hacen viajes “fáciles”, es decir, pendulares, olvidando los viajes en cadena que necesitan más conexión, mayor flexibilidad y una mejor infraestructura de acceso.

Otro ejemplo es el diseño de parques y espacios públicos. En un viaje reciente a La Paz, me llamó la atención la gran cantidad de canchas de fútbol que se adecuaban por todos los rincones. “Nuestro presidente apoya mucho al deporte, aunque nuestro equipo nacional no es bueno”, me dijo una funcionaria municipal. Le pregunté: ¿Qué juegan las mujeres?, ¿Dónde juegan ellas? Ahí se dio cuenta de que nunca había pensado que para ellas no había una inversión tan grande para su deporte de preferencia.

Así como zonificamos la ciudad, hacemos los parques, áreas deportivas monofuncionales, encerramos a la niñez en jaulas de juegos y reducimos al mínimo la vegetación para ahorrar en mantenimiento. Aun cuando la percepción de inseguridad es más alta para las mujeres, las banquetas las diseñamos al mínimo, la iluminación se dirige al vehículo y no a la banqueta, suelen no existir rampas, pasos peatonales continuos, múltiples obstáculos, se elimina la sombra porque la vegetación es costosa de mantener, y así hacemos que caminar sea difícil. Diseñamos desde la función de recreación o de traslado, y no de cuidado. Nos preocupamos porque existan los espacios, pero no cómo deben funcionar para las personas más vulnerables se sientan seguras en ese espacio.

Cuando tomamos decisiones por y para la ciudad, las hacemos con base en nuestra propia experiencia de vida en la ciudad. Pero cuando esas decisiones solo se han hecho por una parte de la población que conoce un rol, el otro se ignora y por lo tanto sus necesidades se olvidan. ¿Por qué pedimos más presencia de mujeres y grupos diversos en los espacios de toma de decisión? justamente para poder cubrir ese hueco de información que pone en la mesa una experiencia de vida diferente.

Por dónde empezamos: primero, reconociendo cómo estos roles y estereotipos de género están presentes en nuestra vida y nuestra profesión; segundo, exigiendo que todas nuestras mediciones, datos o indicadores tengan datos desagregados por sexo y edad, procurando incluir las condiciones que identifican grupos en situaciones de vulnerabilidad, tales como personas con discapacidad, condición social, etnia, entre otras, de otra forma no podremos identificar las diferencias; y tercero, preguntarnos si lo que estamos diseñando ayudará a cuidarnos o nos vulnera.

Desde el feminismo empujamos un cambio de paradigma de pasar de un estado proveedor a un estado cuidador. Lograr ciudades que cuiden y no solo que produzcan. La productividad en nuestro sistema capitalista siempre se sostendrá en una parte de la población que realiza trabajo no remunerado de cuidado.

¿Cómo sería una ciudad si la diseñáramos desde la perspectiva de las mujeres? Sería sin duda una ciudad cuidadora, una ciudad cercana que nos facilite los traslados, el acceso a servicios y trabajo cerca de las viviendas, de nuestra red de cuidados; porque caminamos, cargamos cosas, acompañamos personas, nos cansamos, nos cuidamos, vigilamos a otros o a nuestro entorno, construimos redes de apoyo, formamos comunidad. Es necesario que el estado invierta más en el cuidado y para eso se requiere que re-pensemos la ciudad y sus mecanismos desde la perspectiva de género, que erradique roles y nos enseñe que la labor de cuidado nos toca a todos y todas por igual.

Bibliografía:

• Sánchez de Madariaga, I. (2013). The Mobility of Care: A new Concept in Urban Transportation. In Sánchez de Madariaga, I., & Roberts, M. (Eds.), Fair Share Cities: The Impact of Gender Planning in Europe. London: Ashgate.

Hace exactamente dos años relanzamos este blog con un artículo, cuyo título era una declaración de intenciones – CIDEU se renueva -, que anunciaba nuevas alianzas, nuevos proyectos y nuevos espacios de colaboración para el beneficio de las ciudades de la red. La ruta de acción que nos propusimos para alcanzar los objetivos cambió completamente a principios de 2020, con la llegada de la pandemia. Sin embargo, el mismo contexto de crisis puso en evidencia la importancia del trabajo en red y, aprovechando el auge de la virtualidad, conseguimos adaptar nuestra propuesta de valor para dar respuesta a las nuevas necesidades, manteniendo el foco en la importancia de la planificación estratégica. Los aprendizajes del 2020 fueron el preámbulo para un año 2021 muy productivo, de mucho intercambio, formación y trabajo entre pares.

A mediados del pasado mes de noviembre celebramos de manera virtual el Encuentro de CIDEU “Hacia una recuperación económica verde e inclusiva”, en el que autoridades de las ciudades y entidades socias de la red reflexionaron y debatieron acerca de cómo la recuperación de la crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia tiene que ser coherente con los esfuerzos por combatir el cambio climático y con la consecución de los objetivos a largo plazo en materia de sostenibilidad, y reafirmaron su compromiso con el impulso de un modelo socioeconómico sostenible, más resiliente e inclusivo.

El encuentro se caracterizó por proponer una perspectiva política de la recuperación, a través de un diálogo entre Irací Hassler, alcaldesa de Santiago de Chile, Ulpiano Suarez, intendente de Mendoza y Natalia Chueca, Consejera de Servicios Públicos y Movilidad de Zaragoza; una perspectiva territorial, con la visión experta del ICLEI y la exposición de iniciativas que ya se están implementando en las ciudades de La Habana, Sao Paulo y Lima, y una perspectiva académica y social, mediante la presentación de experiencias que se están llevando a cabo de manera articulada entre estos sectores y el gobierno, facilitado por catedráticos de la Universidad de Zaragoza.

Además de propiciar el debate y la reflexión en torno a un tema imprescindible para el futuro de nuestras ciudades, el encuentro sirvió de marco a las reuniones institucionales de CIDEU. En la reunión de la Asamblea General, se recapituló sobre los logros alcanzados en el objetivo asumido por la red para 2021, de incrementar las capacidades técnicas de las ciudades y entidades socias para dar respuesta a los desafíos estratégicos de la nueva realidad urbana.

Se destacó que CIDEU ha contribuido a que las ciudades enriquezcan sus políticas, planes y proyectos por medio de la creación de 8 Microrredes de Estrategias Urbanas, nuevos espacios de cooperación en el que participan más de 30 ciudades de la red, que se encuentran periódicamente para compartir experiencias y desafíos e intercambiar ideas, en las temáticas de economía local, movilidad sostenible, derecho a la vivienda, transversalidad de género, modelos de proximidad y ecología urbana, entre otros.

También se ha logrado incrementar las capacidades en los gobiernos locales, con la formación de técnicos/as que han aprendido herramientas de gestión estratégica, en el Programa de Especialización en Pensamiento Estratégico Urbano y los cursos de especialización en gobernanza metropolitana, el modelo de ciudad próxima y la movilidad sostenible en contexto de crisis. En total, más de 300 personas accedieron a formación durante 2021, a través del Campus de Estrategias Urbanas.

Por otro lado, este año se acompañó a las ciudades de la red a presentarse a diversas convocatorias para acceder a recursos, como el Global Mayors challenge, que otorga un millón de dólares a 15 ciudades por sus ideas y soluciones innovadoras en el contexto de la pandemia COVID-19, dado como resultado que 5 de las que participaron en el proceso de acompañamiento se encuentran entre las 11 ciudades iberoamericanas preseleccionadas. Además, se apoyó la presentación de las ciudades a la convocatoria de la Unión Europea para Autoridades Locales.

El trabajo de la red se ha reforzado gracias a las alianzas estratégicas con diversas entidades con las que hemos emprendido acciones conjuntas, como la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), las redes de ciudades CGLU y Metrópolis, y organizaciones como la Red de Innovación Local (RIL), la red SIMUS de movilidad sostenible, Cisco Networking Academy, la Red Solidaria para la Transformación Social (REDS), entre muchos otros.

En este año la red se ha ampliado, con la incorporación de 6 nuevos socios: 5 gobiernos locales, que son la Alcaldía de Santiago de Cali, Colombia; el Municipio de Riobamba, Ecuador; los Ayuntamientos de Neiba y Santo Domingo Norte, República Dominicana; y el Ayuntamiento de Los Cabos, México; además de 1 entidad colaboradora, que es el Colegio de Arquitectos del Perú – Regional Ancash, Perú.

El 2022 será un año para seguir creciendo, abriendo las puertas a otras ciudades que quieran sumarse a esta gran comunidad, para fortalecer los espacios de cooperación entre ciudades, para consolidar las alianzas e impulsar programas que lleven más beneficios a los socios, y para avanzar en la reflexión/investigación sobre la gestión estratégica urbana en Iberoamérica, detectando y analizando tendencias, para producir metodologías y herramientas que sean útiles para las ciudades.

2022 también será el año para reencontrarnos presencialmente en el congreso anual y celebrar todos los logros alcanzados, bajo la mirada de la ciudad de Bogotá que nos espera con los brazos abiertos.